La jueza María Servini de Cubría dictaminó el martes la intervención del Partido Justicialista (PJ) representante del peronismo argentino. Si bien se trata de un partido histórico, al que pertenecieron presidentes tan diversos como Carlos Menem y Cristina Fernández, actualmente su institucionalidad está muy debilitada por las fracturas internas que sufre el peronismo. Este fraccionamiento ha llevado a que el PJ no cumpla con determinadas condiciones establecidas en sus propios estatutos, en particular con las elecciones periódicas. El mandato de la actual dirección del PJ, agrupada en el Consejo Nacional, terminó en 2012 y desde entonces se han hecho acuerdos para renovar autoridades, pero no se convocó a elecciones.

La no realización de elecciones ha llevado a que se presentaran varios recursos ante la Justicia pidiendo la intervención del PJ, la mayoría de ellos desde su oposición política. El recurso aceptado por Servini de Cubría fue presentado por dos sindicalistas que tienen vínculos con la Confederación General del Trabajo (CGT) Azul y Blanca y con el Frente Renovador, el partido que fundó Sergio Massa después de abandonar el PJ durante el segundo gobierno de Fernández. Uno de ellos es Carlos Acuña, jefe del gremio de trabajadores de estaciones de servicio y edil bonaerense por el Frente Renovador; el otro es el líder del sindicato de obreros de maestranza, Óscar Rojas. La CGT Azul y Blanca es el espacio conducido por Luis Barrionuevo, dirigente sindical gastronómico que ha tenido mejores y peores relaciones tanto con el gobierno de Fernández como con el actual, de Mauricio Macri, y que es recordado por haber dicho en la década de 1990: “Hay que dejar de robar por dos años”. El caso de Barrionuevo también muestra los vínculos entre el Frente Renovador y la Azul y Blanca: él es el esposo de una de las principales figuras del Frente Renovador, la diputada Graciela Camaño.

En un fallo con más argumentos políticos que jurídicos, Servini de Cubría designó justamente a Barrionuevo interventor del PJ. La jueza declaró “el estado de acefalia” del PJ, con lo que no reconoció al actual director del Consejo Nacional del PJ, José Luis Gioja. Considera que el PJ vive una “división interna” que se profundizó por las derrotas electorales y que generó una “crisis en la conducción partidaria” que es “difícil de superar”. Entre otras cosas, mencionó que en las últimas elecciones, las legislativas de octubre, “reconocidos dirigentes partidarios apoyaron candidaturas de partidos o frentes de los que el PJ no formó parte o directamente se han postulado por esas agrupaciones [...] que compitieron contra el partido”, en una clara referencia a Cristina Fernández, quien para participar en esa instancia fundó la alianza Unidad Ciudadana.

Así no

La salida de Fernández del PJ y la poca visibilidad de sus otras figuras han hecho que Gioja termine apareciendo casi en solitario para defender al partido de la intervención y acusar directamente a Macri por esta. El titular del Consejo Nacional se lo tomó en serio: el martes hizo tres conferencias en la sede del PJ y se comprometió a no abandonar el lugar para evitar la intervención. Ante esta situación, Barrionuevo dijo: “El compañero Gioja se ha encerrado en una oficina. No queremos violentar nada, así que vamos a pedir el desalojo. Ellos están encaprichados”. Finalmente, Gioja se retiró del local en la madrugada y Barrionuevo adoptó su primera medida: cambiar la cerradura del lugar para evitar su regreso.

Antes de eso, Gioja dijo que la decisión judicial busca “proscribir una vez más al peronismo y dejar al gobierno sin el principal partido de oposición” y ayer aseguró, en una conferencia improvisada en las puertas de la sede del PJ acompañado por varios dirigentes de segunda línea, que “la intervención es un disparate”.

El PJ presentó ayer la apelación de la decisión judicial, que Servini de Cubría tendrá tres días para analizar. La apoderada del PJ, Patricia García Blanco, dijo al presentar el recurso que “este es un fallo político” porque “no hay razón administrativa para intervenir el PJ”.

Otros dirigentes políticos manifestaron su rechazo a esta decisión, por la que también responsabilizaron a Macri. El líder del Movimiento Evita, Fernando Chino Navarro, tuiteó: “Sectores de la Justicia demuestran su identificación con el poder político y económico de turno. Mauricio Macri [...] resolvió secuestrar al PJ y colocarlo bajo la custodia de Luis Barrionuevo”. Por su parte, la diputada de Unidad Ciudadana Fernanda Vallejos escribió en Twitter que el gobierno “metió la cola” al intervenir “el principal partido de la oposición”, y agregó: “Siempre se puede ser un poco más antidemocrático”.