La crisis política que atraviesa Perú desde hace meses parece avanzar de forma acelerada hacia su final, después de que el Congreso decidiera suspender al presidente del país, Martín Vizcarra, quien a su vez había ordenado la disolución del legislativo.

La sesión de ayer se preveía caldeada por todos los antecedentes: en julio Vizcarra presentó un proyecto de ley para adelantar de 2021 a 2020 las elecciones generales, argumentando que el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso (dominado por la oposición) ha puesto en jaque cualquier posibilidad de hacer política en Perú. Una comisión del Congreso decidió la semana pasada archivar ese proyecto, desoyendo al mandatario, y el pleno se disponía a votar ayer la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional, que también había generado polémica. Como respuesta, el Ejecutivo presentó una moción de censura para evitar que se realizara esa elección y el domingo por la noche Vizcarra advirtió que si esa iniciativa era rechazada o no era votada, recurriría a su atribución constitucional de disolver el Congreso.

En los hechos, la sesión de ayer comenzó sin que se incluyera en la agenda esa moción del Ejecutivo y los congresistas empezaron a votar la elección de magistrados. Inmediatamente el presidente lanzó un mensaje televisado: “He decidido disolver constitucionalmente el Congreso y llamar a elecciones de congresistas de la República”, anunció. Esta medida, agregó, “busca dar un fin a esta etapa de entrampamiento político que ha impedido que Perú crezca al ritmo de sus posibilidades”. Por último, dijo que espera que “esta medida excepcional permita que la ciudadanía finalmente se exprese y defina en las urnas y mediante su participación el futuro de nuestro país”. La iniciativa de Vizcarra contaba con el rechazo del Congreso pero tenía el respaldo de la mayoría de la población, según las encuestas de opinión, y cientos de personas se congregaron enfrente al legislativo para manifestar su repudio.

Puertas adentro, mientras Vizcarra todavía hablaba, el Congreso cambió su agenda y sometió a votación la moción del Ejecutivo, que fue aprobada, deteniendo en los hechos la elección de los magistrados. Pero ante el anuncio de la disolución el principal partido de la oposición, el fujimorista Fuerza Popular, incluyó otro punto: una moción de vacancia por “incapacidad moral”, que básicamente implica que el Congreso destituya al presidente, algo que también puede hacer constitucionalmente, como sucedió en el año 2000 con Alberto Fujimori por el mismo causal. También incorporó una moción de suspensión, una figura prevista en la Constitución que permite retirarlo del cargo, en este caso durante 12 meses.

Ambas mociones avanzaron en el Congreso, que aprobó la suspensión y habilitó el trámite de la de vacancia. Esta última, que implica la destitución definitiva del mandatario, implica que se fije una fije una nueva sesión en la que Vizcarra contará con 60 minutos para presentar su defensa. Esa sesión todavía no fue fijada. En cuanto a la suspensión, su aprobación implicó que inmediatamente el Congreso juramentara como presidenta a la hasta ahora vice de Vizcarra, la congresista Mercedes Aráoz, quien criticó durament a Vizcarra, de quien está distanciada desde hace varios meses. Además, el Congreso envió comunicados a organismos regionales como la Organización de Estados Americanos para denunciar lo que considera que es un golpe de Estado.

En paralelo a la sesión parlamentaria, la Presidencia informó de un cambio en el gabinete con la sorpresiva salida del hasta ahora primer ministro Salvador del Solar y el ingreso de Vicente Zeballos. Más tarde, medios peruanos informaron que también dejaron el gabinete los ministros de Relaciones Exteriores, Néstor Popolizio, y de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, pero esta información no fue confirmada por la Presidencia.

Cuando el legislativo terminó su sesión se produjo un cruce de publicaciones de documentos oficiales. El diario oficial de Perú informó sobre la disolución del Congreso y la convocatoria de elecciones parlamentarias anticipadas para el 26 de enero, dentro del plazo de cuatro meses que dispone la Constitución para su celebración. Por su parte, el Congreso emitió la resolución en la que se informa sobre la suspensión de Vizcarra, pero los congresistas que se dirigieron a la residencia oficial para hacer la entrega formal del documento no pudieron ingresar.

Anoche prácticamente todos los congresistas dejaron el recinto, aunque algunos manejaban la posibilidad de quedarse hasta hoy como señal de protesta. Si los congresistas se niegan a dejarlo o intentan regresar, Vizcarra podría ordenar que tanto la Policía como las Fuerzas Armadas impidan el ingreso o, eventualmene, los desalojen.

A última hora de ayer Vizcarra recibió a los responsables de las fuerzas de seguridad en su despacho y poco después la Presidencia utilizó su cuenta de Twitter para difundir comunicados en los que la Policía y las Fuerzas Armadas manifestaban su respaldo al mandatario.

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