Uno de los procesos que inició ANCAP en la anterior administración de Marta Jara, que asumió con un déficit de 800 millones de dólares y revirtió los números, fue la reestructura de los negocios anexos de la empresa estatal, que incluyen participaciones y firmas subsidiarias de diversos rubros. La distribuidora de combustibles DUCSA es en todos los balances la que tira del carro y aporta ganancias, mientras que el neto el grupo ANCAP –compuesto hoy por 11 empresas– tuvo pérdidas en 2016 y 2017, y pasó a un saldo positivo de 21 y 28 millones de dólares en los dos años siguientes.

El directorio liderado por Jara tomó la decisión de vender a YPF la participación que tenía la filial PetroUruguay en el yacimiento petrolero Aguada de la Arena –ubicado en la provincia argentina de Neuquén–, cerró la firma Caba, que producía alcohol y perfumes, e inició el cierre operativo de la petroquímica argentina Carboclor.

El actual vicepresidente de ANCAP, Diego Durand, dijo a la diaria que hacer un cambio más profundo “en la gobernanza de las subsidiarias” fue parte del acuerdo multipartidario que hizo la coalición antes de asumir. Sostuvo que en los objetivos del nuevo directorio está “unificar las políticas de ANCAP hacia sus controladas y potenciar las sinergias que, hasta ahora y por la oposición de intereses entre las empresas, no se han observado y suponen superposición de gastos, contratos y servicios”.

Esta política de las nuevas autoridades incluyó disposiciones y cambios normativos dentro de la ley de urgente consideración (LUC) y otros aún bajo análisis dentro del proyecto de Presupuesto que discute el Parlamento. Según la Federación ANCAP (FANCAP), hay “herramientas que pueden posibilitar la privatización” de negocios “rentables” como la distribución, o afectar “un proyecto social como el de Alur (Alcoholes del Uruguay)”, que impulsa la zona de Bella Unión, comentó a la diaria el dirigente Gerardo Rodríguez.

Tras realizar una reestructura en las gerencias de las principales subsidiarias, ahora el nuevo directorio evalúa la venta de los activos de ANCAP en Argentina, que pertenecen a Carboclor, firma propiedad de ANCAP –15% de las acciones cotizan en la Bolsa de Buenos Aires–. El puerto que posee en la ciudad de Campana, sobre el río Paraná, es la explicación de la oferta de 45 millones de dólares hecha por un grupo árabe en agosto. Durand informó a la diaria que se espera “cerrar el tema por sí o por no este mismo mes”, tras abrir un proceso competitivo internacional en busca de una mejor oferta que culmina el 15 de octubre.

Walter Sosa, director de ANCAP y representante del Frente Amplio en el directorio, dijo a la diaria que la oferta del grupo árabe llegó a través del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) y a su entender “faltó información” al respecto. Cuando se trató la oferta en el directorio y se propuso abrir un llamado, Sosa no lo votó. “No estoy en contra de la venta ni de la apertura de una licitación, sòlo que no tuve la información necesaria para decidir cuál era el camino más correcto”, aclaró.

Cambios y unificación en la dirección de subsidiarias

En la LUC se incluyeron disposiciones que apuntaron a intensificar los controles de las empresas públicas sobre sus subsidiarias que funcionan en el derecho privado. Se limitó la posibilidad de endeudamiento sin aprobación del gobierno, se establecieron reglas para la selección de los directores de las firmas y se planteó que puedan abrir una parte de su capital accionaria para cotizar en la bolsa, en el entendido de que mejora los reportes de información y los controles externos.

Rodríguez señaló que “preocupa” al sindicato la posibilidad de “privatizar parte de los negocios de ANCAP y entregar, por ejemplo, un área superavitaria y sin riesgos como la distribución al capital privado”. El dirigente de FANCAP dijo que eso se suma a un artículo del proyecto de presupuesto del gobierno que “habilita a ANCAP a enajenar a privados toda su infraestructura logística e instalaciones”.

Además, tanto el sindicato como el Frente Amplio han rechazado un artículo incorporado al proyecto de Presupuesto en el trámite legislativo a pedido del gobierno, que rompe el monopolio para la venta de combustible en los puertos. Según supo la diaria, este cambio venía siendo trabajado por el anterior directorio, que evaluaba que la producción y venta de fueloil para barcos era un negocio de escaso margen.

Lo aprobado en la LUC incluyó una disposición que prohibió que una misma persona ocupe la presidencia y la gerencia general de una persona pública de derecho privado. Esto derivó en que a mediados de agosto renunciaran los directores de las subsidiarias DUCSA, Alur y Cementos del Plata (CDP) –que comercializa y distribuye la producción de pórtland, negocio deficitario desde hace años–, informó el programa Así nos va, de Radio Carve.

Sosa aclaró que la salida de DUCSA de la ingeniera química Victoria Hernández “no tuvo que ver con la reestructura”, sino que recibió una mejor oferta laboral. En los últimos dos años la distribuidora de combustibles de ANCAP ganó 661 y 791 millones de pesos.

Las autoridades del ente petrolero detallaron que meses atrás se inició un proceso para unificar la dirección de DUCSA, Alur y CDP. Se eligió mediante un proceso de selección externo a un ejecutivo argentino que será presidente de las tres compañías, y para completar el directorio conjunto se nombrará a otros dos funcionarios de ANCAP. Durand dijo que se procura “tratar a estas empresas como parte de un grupo económico, aprovechando la potencialidad conjunta para ser más eficiente en los servicios transversales y en los gastos”.

Rodríguez cuestionó que las decisiones sobre las subsidiarias pasen a ser tomadas “por una persona que viene de las entrañas de una multinacional”, y aseguró que habrá reducción de personal al unificarse áreas de gestión, como la contabilidad.

Mientras procesa estos cambios, ANCAP encara otro desafío, que es la implementación de las modificaciones que trajo la LUC en materia de fijación de tarifas, que pone como referencia para los precios el cálculo de paridad de importación que lleva a cabo la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (URSEA). Esto busca que ANCAP sea más eficiente al obligarla a vender a precios teóricos de mercado, a pesar de estar en monopolio, y la petrolera estatal cuestionó algunos de los criterios del cálculo hecho por la URSEA en un anteproyecto.

Este proceso también preocupa a FANCAP, que hará un paro con movilización el jueves. Rodríguez señaló que hay idea dentro del gobierno de reducir el porcentaje obligatorio de biocombustibles que debe mezclarse con las naftas y el gasoil para abaratar los costos de producción, lo que podría derivar “en una pérdida enorme de puestos de trabajo” vinculados a Alur, y que el nuevo esquema elimina un subsidio al flete de unos 50 millones de dólares que derivará en una suba de los precios o en un valor diferencial según el lugar del país.