Enormes reacciones, que terminaron generando una difusa marcha atrás del gobierno, generó el decreto publicado el martes de noche firmado por el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, y el ministro de Economía, Paulo Guedes, mediante el cual se preveía que se analizaran “alianzas con la iniciativa privada para la construcción, la modernización y la gestión de unidades básicas de salud”, las UBS, puerta de entrada del Sistema Único de Salud (SUS), servicio de sanidad público en el que se atiende aproximadamente 75% de la población del país.

Tanto especialistas de la salud como otros actores políticos y sociales criticaron la iniciativa ni bien fue divulgada, lo que motivó a la vez una comunicación del gobierno intentando calmar los ánimos. Horas más tarde, el propio Bolsonaro anunció que el decreto había sido revocado.

Pero antes de que el mandatario comunicara su decisión, la Secretaría General de la Presidencia de la República publicó un comunicado en el que se expresa: “La medida no representa una decisión tomada, porque los estudios técnicos pueden ofrecer varias opciones para el tratamiento de la cuestión, que serán analizadas en el futuro por el gobierno federal”.

De acuerdo al texto, consignado por Folha de São Paulo, se recomienda a los periodistas que para obtener más información sobre el decreto se dirijan al Ministerio de Economía y no al de Salud, en un claro intento de asociar esta iniciativa con Guedes y lo más lejos posible de Bolsonaro.

Según el decreto firmado por las autoridades el martes, se prevé que se hagan estudios “de alianzas con actores privados para la construcción, la modernización y la operación de las UBS”, aunque sin dar mayores detalles sobre cuántas de las 44.000 unidades existentes en el país podrían ser incluidas dentro de este plan de acción.

En el comunicado aclaratorio publicado este miércoles, desde el gobierno se argumenta que el objetivo primordial del decreto era “únicamente permitir que se realicen estudios multidisciplinarios (económico-financieros, gerenciales, políticos, jurídicos y sociales) para aportar al gobierno datos e informaciones sobre la actual situación de las UBS, eventuales opciones existentes para mejorarlas, la posibilidad de realizar asociaciones con agentes privados y, en último lugar, ver la viabilidad (o la inviabilidad) de la aplicación concreta de estas alternativas”.

Uno de los más duros críticos de esta iniciativa –que fue presentada, además, en medio de la pandemia de coronavirus, que afectó particularmente a Brasil– fue el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

En su cuenta de Twitter, el ex mandatario, que esta semana cumplió 75 años, dijo: “El SUS es un patrimonio que está al servicio del pueblo brasileño y no puede ser privatizado. Fue durante la pandemia de coronavirus que los brasileños pudieron ver de cerca la importancia de un sistema público gratuito y universal para la supervivencia y protección de nuestros ciudadanos”.

Lula agregó que el intento de Bolsonaro de privatizar la salud pública “es otro decreto nefasto de un gobierno que cada día parece más comprometido con la muerte. Es urgente defender el SUS y es urgente defender la vida”.

El decreto firmado por Bolsonaro y Guedes también fue criticado por Arthur Chioro, quien fue ministro de Salud durante la presidencia de Dilma Rousseff. En una entrevista con la revista Fórum, el ex jerarca dijo que la propuesta del gobierno está mal de raíz, porque pretende privatizar “lo que no le pertenece”, ya que, entre otras cosas, las UBS son manejadas por los municipios.

“Los que son dueños de los terrenos, propietarios de los inmuebles y quienes contratan a los funcionarios son las alcaldías”, informó Chioro, quien agregó que la propuesta le parece “horrorosa”.

“La tesis en sí es errónea, y quiero remarcar en este caso las experiencias que hubo en Chile y en Colombia. En el caso de estos países, se privatizaron no sólo las inversiones en ampliación, sino que se entregó al sector privado la gestión de estos centros, y los resultados fueron desastrosos”.

La propuesta del gobierno también fue criticada por el presidente del Consejo Nacional de Secretarios de Salud, Carlos Eduardo de Oliveira, quien dijo que el decreto promueve un cambio radical respecto del modelo actual.

En declaraciones al diario carioca O Globo, De Oliveira dijo: “Es una locura que haya un decreto del Ministerio de Economía para hablar sobre atención primaria de salud. Es muy extraño este modelo, porque parece ser una propuesta de participación público-privada (PPP), pero no queda claro. Las PPP sólo tienen sentido cuando se trata de grandes obras y no en aquellas que son chicas, como es el caso de una UBS”.

“El sentido de las PPP es que una empresa pueda construir porque el Estado no tenga recursos para eso. Es obvio que esto pase cuando hablamos de grandes hospitales, pero en el caso de las UBS no tiene ningún sentido, porque las obras son pequeñas, necesitan pocos recursos y además no generan ganancias. Por eso digo que este decreto es muy raro y todavía no cuenta con la participación del Ministerio de Salud, lo que lo hace parecer todavía más extraño”, concluyó De Oliveira.