El Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio (FA) determinará este lunes qué artículos de la ley de urgente consideración (LUC) pretende derogar mediante el recurso de referéndum que impulsaron el PIT-CNT y la Intersocial, y de esa forma terminará de afinar los detalles de la propuesta que presentará a las organizaciones sociales, que a su vez definirán su estrategia en un plenario del 7 de noviembre. 

El viernes, la Mesa Política del FA resolvió avanzar por el “camino largo” para recolectar las firmas, lo cual implica reunir 25% del total de habilitados de adhesiones para votar durante el año siguiente la promulgación de la ley; esto es, antes del 9 de julio de 2021. Además, se decidió “en principio” anular aquellas disposiciones de la ley que el FA no votó en el Parlamento. El presidente del FA, Javier Miranda, aclaró que “esto está en el marco del diálogo con las organizaciones sociales, en particular con la Intersocial”.

No obstante, hay sectores que coinciden en que este punto no debería ponerse en cuestión, porque el intento de derogar artículos que la fuerza política haya aprobado en el Parlamento sería “entrar en contradicción”. Tal es el caso del Movimiento de Participación Popular (MPP), según dijo a la diaria el senador Charles Carrera. “Nosotros votamos en contra de la ley y luego, de los diferentes capítulos de la ley nosotros acompañamos una serie de artículos. Es decir que nosotros no podemos ir en contra de aquellos artículos que votamos”, manifestó el legislador.

Por otra parte, Carrera señaló que la aprobación de algunos artículos por parte del FA se hizo en diálogo con organismos de la sociedad civil. “Se convocó a más de 120 organizaciones sociales, que nos plantearon inquietudes, y a partir de allí tratamos de llevar adelante una política de reducción de daños. Los artículos que votamos son aquellos que pudimos modificar, casi siempre a pedido de organizaciones sociales”, explicó. En ese sentido, consideró que derogar toda la ley no sería negociable, porque sería “muy raro trasladarle a la gente que todo [el contenido de la ley] es malo”. 

Para el MPP, los contenidos más perjudiciales de la norma se resumen en “unos 15 o 20 artículos” vinculados a “la gobernanza de la educación, la reglamentación del derecho de huelga, la criminalización de las protestas sociales, la legítima defensa presunta, que para nosotros es el gatillo fácil, y el Sistema de Inteligencia del Estado”.

En la misma línea que el MPP, Asamblea Uruguay (AU) considera que se debería “descartar” la posibilidad de impugnar artículos que el FA apoyó en el Parlamento, sostuvo el vicepresidente del FA, José Carlos Mahía. “Sería difícil hacer una campaña por un referéndum sobre algún artículo que la fuerza política haya votado”, porque esto “sería hacer entrar en contradicción al FA en lo que hizo en el Parlamento”, dijo Mahía a la diaria. Según indicó, esta es la postura de AU “y de buena parte de los sectores” que integran la coalición de izquierda.

En cuanto a los artículos que se deberían impugnar, Mahía señaló que la idea es que “se circunscriban a los capítulos en los que el FA marcó una clara posición contraria”, y mencionó como ejemplo a aquellos “vinculados al capítulo de seguridad, los derechos de movilización de los trabajadores, los vinculados a la inclusión financiera y a la educación”.

Para el Partido Comunista del Uruguay (PCU), el FA debería mantener una postura más “abierta” a la hora de negociar, según manifestó a la diaria el secretario general del PCU, Juan Castillo. En su opinión, “es justo y lógico que cada organización” –como el movimiento sindical, las cooperativas o los gremios de estudiantes y “siendo uno más de ellos la fuerza política”– presente sus propias iniciativas, pero luego deben tener “la capacidad de flexibilizar las posiciones”, en el entendido de que “ninguna cosa nos tiene que desviar del objetivo, que es tratar de sacar de entremedio una de las leyes más negativas y reaccionarias que ha aprobado la coalición de gobierno”.

“Si de verdad lo que hay que privilegiar es el concepto de unidad y, sobre todas las cosas, trabajar para unir el movimiento popular junto con la fuerza política de izquierda, lo mejor es ir con prestos a escuchar, no ir cerrados”, reflexionó Castillo, y destacó que para su sector la elección de los artículos “no es una cuestión de principios”. “El principio es unir a todos los sectores de la oposición al gobierno contra esta ley en la que contrabandearon un programa de gobierno”, afirmó.

Castillo sostuvo que si bien su sector aún no definió los contenidos que postulará para derogar, adelantó que “hay algunos artículos” que considera “más preocupantes que otros” y que coinciden con los señalados por sus correligionarios, como “los temas vinculados a la seguridad, a la educación, la inclusión financiera y los que recortan derechos, particularmente la reglamentación del derecho de huelga”. 

El 7 de noviembre las organizaciones que componen la Intersocial celebrarán un plenario en el que se decidirán si pretenden derogar toda la ley o algunos de los artículos, una cuestión que hasta el momento no tiene consenso en la interna. Mientras que en el PIT-CNT la “sensación” es que “mayoritariamente los sindicatos quieren ir por algunos artículos y no por toda la LUC”, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay entiende que lo más conveniente es derogar toda la ley, y la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua considera que “hay mucho más que uno o dos artículos de esta ley que tienen que ser cuestionados”.