El ex presidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) Ricardo Gil Iribarne considera que el actual directorio del organismo “no ha tenido una actitud proactiva” a la hora de pronunciarse respecto de eventuales situaciones reñidas con las normas vigentes que rigen la función pública.

En el sitio web de la Jutep aparece un solo pronunciamiento del directorio actual, fechado el 10 de agosto de este año y titulado “Respuesta a trascendidos de prensa”, donde el organismo hace una enumeración de algunos temas que están a estudio, otros que se archivaron (como la denuncia que hizo la Vertiente Artiguista contra Gerardo Sotelo, el director del Servicio de Comunicación Audiovisual) y algunos casos en los que el organismo nunca se pronunció por no haber existido denuncia.

En cambio, sólo entre enero y febrero, el viejo directorio había dado difusión a cuatro temas que implicaban cuestionamientos a intendentes frenteamplistas y blancos, y la aprobación de normas para asignación y liquidación de viáticos.

Gil Iribarne —que fue presidente del organismo cuando este emitió informes críticos del ex vicepresidente Raúl Sendic, el ex senador frenteamplista Leonardo de León y los intendentes nacionalistas Agustín Bascou y Pablo Caram— se sumó a las críticas que hizo la semana pasada el diputado frenteamplista Daniel Caggiani respecto de que el organismo estaba incumpliendo la ley que cambió el régimen de modificación de declaraciones juradas, aprobada en setiembre del año pasado.

La semana pasada, la Comisión de Lavado de Activos decidió citar a las autoridades de la Jutep, según Caggiani, debido al “incumplimiento de la publicación de las declaraciones juradas de los diputados, senadores, ministros y otras autoridades”. La norma establece que la Jutep deberá abrir en cada año civil “hasta un 5% de las declaraciones juradas de carácter reservado, con las garantías que disponga la reglamentación y mediante un procedimiento aleatorio y en función de un análisis de riesgo”.

Gil Iribarne sostuvo que el directorio anterior había resuelto que sería el nuevo gobierno el que debiera reglamentar la normativa, por lo que el nuevo directorio de la Jutep debería explicar los motivos por los que esta todavía no se reglamentó. Si bien dijo que para algunas de sus disposiciones es imprescindible el decreto reglamentario, en otras -como las publicaciones de los bienes de estos cargos- “no se precisa una reglamentación para aplicarse”. En efecto, aseguró que la nueva normativa, que establece omitir por razones de seguridad los datos identificatorios de los bienes, derechos y obligaciones incluidos en las declaraciones juradas, ya se utilizó en agosto para difundir las últimas declaraciones juradas del presidente, Luis Lacalle Pou, y la vicepresidenta, Beatriz Argimón, “sin que haya un decreto reglamentario”.

“Por la misma razón se podría haber aplicado la misma reglamentación a todos estos cargos. Desconozco los motivos por los que no se publicaron esas declaraciones juradas. Son un montón de cargos jerárquicos que hasta ahora no se han publicado, si bien la ley existe”, argumentó en declaraciones a la diaria.

A su vez, Gil Iribarne dijo que además de la falta de una actitud proactiva, ha habido una serie de decisiones en las que el organismo no ha dado detalles de por qué se ha expedido de la forma en que lo hizo. Entre ellos identificó el archivo de la denuncia contra Argimón, aprobado por unanimidad en el directorio, por haber pedido un pase en comisión para que su hermana, Estela Argimón, se desempeñara como su secretaria.

En aquel momento no se publicó la resolución en el sitio web de la Junta de Transparencia, pero trascendió que la decisión se basó en el artículo 32 de la Ley 15.851 –que establece normas para asegurar el funcionamiento de los servicios estatales–, y que a juicio de la Jutep no contravenía el artículo 36 de la Ley 19.823, que prohíbe expresamente la actuación en una misma oficina “del funcionario que se halle vinculado con su jerarca por lazos de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad o por ser su cónyuge o concubina”. El mencionado artículo 32 autoriza el traslado de funcionarios de organismos públicos para desempeñar, mediante pases en comisión, “tareas de asistencia directa” a jerarcas como el presidente, los ministros y legisladores, “a solicitud expresa de estos y previa autorización del jerarca del organismo donde el funcionario presta servicios”.

Gil Iribarne recordó que el único argumento que vio sobre este tema data de agosto, cuando la actual presidenta del organismo, Susana Signorino, dijo en una entrevista a Búsqueda que a su juicio la vicepresidenta no había violado este último artículo. “Hay un detalle —que ese lo interpreto yo, modestamente—: ‘Queda prohibida la actuación dentro de la misma repartición u oficina que se haya relacionado con su jerarca, por lazo de parentesco dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad por ser su cónyuge o concubina’. La escribana Argimón, modestamente, considero que no sería la jerarca de la asesora. No sé, yo lo interpreto por ese lado”, fue lo que dijo Signorino en aquel entonces.

El ex presidente del organismo dice que tiene grandes dudas sobre esta interpretación, ya que el pase en comisión “establece una subordinación directa”. “Se resolvió el archivo y no se publicaron los fundamentos. No se puede saber cuál fue el motivo del archivo”, remató.

En una entrevista publicada por el sitio de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, Sala de Redacción, Gil Iribarne sostuvo que, a su entender, “la Jutep no es prioridad para este gobierno” y que para que el organismo funcione “se requiere otra actitud del sistema político”. “Hoy lo que se ha demostrado es que no hay voluntad política”, expresó.