La presidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Bernadette Minvielle, cuestionó en el Parlamento una disposición del proyecto de ley presupuestal que analiza el Senado, que limita los incrementos salariales para todos los funcionarios del Estado que reciban una remuneración nominal superior a un ministro de gobierno.

Minvielle planteó que los ministros de la SCJ reciben un sueldo “levemente por encima” de los secretarios de Estado, y los demás funcionarios del Poder Judicial tienen enganchada su remuneración a ellos, por lo que esta disposición “congela todas las retribuciones de los magistrados”.

La presidenta de la SCJ consideró que la propuesta incluida en el Presupuesto “es inconveniente” por varios motivos. Aclaró a los legisladores de la Comisión de Presupuesto y Hacienda este martes que no hay una queja por los salarios que perciben ni se pide “un solo peso [más] en este momento”, sino que pretenden “ser excluidos” de la disposición.

“Es una ficción esto de equipararnos a los ministros de Estado y pretender congelar nuestros salarios, con las consecuencias que eso tiene”, subrayó la máxima autoridad del Poder Judicial. Recordó que “ya ha pasado períodos de conflicto” la Justicia “por el hecho de sacarnos [presupuesto]; ahora nos incluyen y me temo que pueden reiterarse esos conflictos, que son muy desgastantes y desfavorecedores para el Estado”. Añadió que el pedido es “que dejen tranquilos los salarios del Poder Judicial y que no los toquen más porque, ya sea que nos excluyan o que nos pongan dentro, siempre nos desfavorecen”.

Además del enganche salarial y de que se congela el resto de las retribuciones, la presidenta de la SCJ expresó otra crítica: “Este congelamiento supone desconocer que el Poder Judicial, si bien está en el artículo 220, es un poder del Estado que integra, junto con el Legislativo y el Ejecutivo, el Estado de derecho. No puede ser tratado como un inciso más o como una unidad ejecutora, y parecería que ese es el signo que se nos está dando”.

También diferenció las responsabilidades y trayectorias de los ministros del Poder Judicial y del gobierno: “No debemos olvidar que son personas designadas por el presidente de la República y cesadas también por él. Quizás habrá una carrera política por detrás, pero no se requiere una formación especial para llegar a ser ministro de Estado; lo que prima es lo político”.

A las palabras de Minvielle le siguió una intervención de la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi, que respaldó lo planteado por la presidenta de la SCJ. “No tengo ninguna duda de que no pueden ser equiparados a un inciso ni a una unidad ejecutora”, dijo, y recordó que en los últimos períodos el Frente Amplio (FA) no le incrementó el presupuesto al Poder Judicial. “Esto siempre lo interpreté como una señal que realmente no es buena. Cuando es mi gobierno el que puede cometer un error en ese sentido, yo voy a dejar sentada mi opinión al respecto”, sostuvo.

Más dinero para juzgados especializados en violencia de género

Durante el paso del Presupuesto por la Cámara de Diputados, el oficialismo acordó, tras gestiones de la vicepresidenta, Beatriz Argimón, reasignar recursos para una implementación “gradual” de la ley integral de lucha contra la violencia de género, aprobada en 2017. Se informó que con el dinero otorgado se podrían abrir tres juzgados especializados en la materia en el interior del país.

Minvielle dijo que semanas atrás se reunió con Mónica Bottero, directora de Inmujeres, y Fernando Blanco, coordinador de Finanzas Públicas del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que le transmitieron la decisión tomada en Diputados de otorgar esos recursos. Sin embargo, sostuvo: “Necesitamos que eso quede negro sobre blanco, que sea incorporado a una norma, porque si no hay un mensaje complementario… De alguna forma, tiene que quedar expresado para que podamos ir a reclamar al MEF esa partida extra, con la que estaríamos cubriendo gastos de funcionamiento”.

Consultada sobre la ubicación de los nuevos juzgados especializados en violencia de género, dijo que “va a ser al norte del río Negro, porque consideramos que la población de esa parte del país siempre ha sido menos favorecida; pensamos establecer uno en Rivera y tal vez otro en Cerro Largo, pero tenemos que analizar los números”.

Pero aparte de esto, el director general de los Servicios Administrativos, Luis Pesce, expresó que en el mensaje de la SCJ se incluyó un pedido de dinero no incorporado al presupuesto “para la remodelación y acondicionamiento” de las sedes donde funcionarán los nuevos juzgados. El Poder Judicial solicita “por única vez una inversión de 200.000 millones de pesos” para “remodelar y adaptar 6.500 metros cuadrados” de un edificio que ya fue adquirido con fondos propios.