El ministro de Desarrollo Social, Pablo Bartol, se reunió este jueves con el presidente Luis Lacalle Pou. A la salida, defendió a la titular de la Secretaría Nacional de Cuidados y del Programa Nacional de Personas con Discapacidad, Gabriela Bazzano, y aseguró que “no hay ningún elemento para separarla del cargo”. “También estamos abiertos a que se siga cualquier investigación para dar la mayor transparencia posible en todo lo que la gente necesite como información”, señaló.

El motivo de la reunión fue justamente hablar de la situación de Bazzano, que fue investigada por la Justicia de Crimen Organizado por entregar hijos de personas con discapacidad intelectual a otras familias sin contralor estatal y que recientemente volvió a ser denunciada penalmente a raíz del testimonio de una madre que denunció apropiación de su hijo y que la Defensoría del Vecino presentó a la Justicia.

Según contó Bartol, hablaron “largamente” del tema. “El presidente tiene una relación de años con ella, cuando era senador hizo una ponencia por escrito en la cámara. También hizo un pedido de información a la Suprema Corte para ver cómo habían sido varias etapas del proceso que se estaba llevando a cabo”, dijo Bartol.

A su juicio, es necesario ir “buscando una solución de largo plazo” para que las madres con discapacidad intelectual mantengan la tenencia de sus hijos. “El tema de las mamás con discapacidad intelectual que puedan seguir criando a sus hijos es todo un desafío para la sociedad uruguaya, históricamente se consideraba que no tenían la capacidad de criar, el INAU les retiraba el niño”, señaló.

Según Bartol, es necesario “avanzar hacia nuevos modelos”, en los que las “mamás sigan teniendo la patria potestad y sigan teniendo contacto con sus hijos, que los puedan amamantar, que sean ellas las primeras responsables de la educación y del cariño de sus hijos”.

En cuanto a la investigación de la Justicia, Bartol dijo que los testimonios de la nota de la diaria son una parte de las 700 páginas del expediente y que, tras analizar toda esa información, el fiscal evaluó que no hubo ningún ilícito. “En eso es en lo que confiamos nosotros”, acotó.