Delegados de las organizaciones que promueven el referéndum contra la ley de urgente consideración (LUC) se presentarán este viernes a las 11.00 en la Corte Electoral para informar formalmente sobre su intención de interponer el recurso para derogar artículos de la Ley 19.889, y comenzarán el proceso de recolección de firmas. Ante el aumento de casos de covid-19 y el endurecimiento de las medidas que restringen la movilidad, las organizaciones apuntarán a una táctica “capilar”, es decir que, al menos en una primera instancia, las papeletas se distribuirán entre los integrantes de los colectivos, que a su vez las repartirán en sus círculos familiares y laborales, y así sucesivamente.
“Vamos a tener que usar metodologías diferentes a las que usábamos habitualmente. No va a haber Carnaval, no va a haber Vuelta Ciclista y lo deseable sería que la gente circulara menos, pero eso no implica dejar de luchar”, sostuvo en diálogo con la diaria el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y agregó que “se trata de cambiar la táctica”, que tiene que ser “más capilar”. “Tiene que estar más vinculada a los hogares de los compañeros y que cada uno sea el responsable de recoger las firmas de sus familiares que quieran adherir a la propuesta. El resultado va a depender de cuánta capilaridad alcancemos”, consideró el dirigente.
Para Pereira, de la capacidad del campo popular de “articular” ese “enorme trabajo organizativo” depende obtener la cantidad de firmas necesarias: unas 700.000 antes de julio de 2021. Si bien confía en que esto es posible, reconoce que el recrudecimiento de la pandemia es una “dificultad adicional”. “Pero ante la dificultad adicional hay dos caminos: la renuncia, que no es considerada, o pensar otra táctica que nos permita un resultado similar”, apuntó, y aseguró que “hay una decisión tomada de salir a dar la pelea a pesar de las dificultades que se han generado, porque obviamente una ley de este tipo nunca debió haberse tratado en pandemia”.
Las organizaciones deberán “pensar en cosas mucho más chicas, que no son actos de masas, sino cada militante en su casa y con sus compañeros de trabajo, y sus compañeros de trabajo a su vez en su casa”, explicó Pereira. Por otra parte, señaló que se está analizando de qué forma llevar adelante la recolección de firmas, sin descuidar las medidas sanitarias. En ese sentido, indicó que en un eventual “puerta a puerta” deberían participar “una o dos personas tomando todos los recaudos” y que también se está estudiando cómo utilizar las almohadillas de tinta, para tomar las huellas digitales, sin que eso implique un riesgo de contagio.
“El esfuerzo hay que hacerlo al máximo. Si se hace bien es posible llegar. Yo soy optimista porque sé que nuestra gente está muy comprometida, la del movimiento sindical y de otros sectores de la sociedad, y que las cooperativas de vivienda van a ser un apoyo sustancial; los estudiantes, el feminismo, el Frente Amplio. Por muchos lados va a permear la posibilidad de que las papeletas lleguen a los hogares de nuestra gente y a partir de ahí seguir abriendo los círculos”, reflexionó Pereira.
El ministro de la Corte Electoral Pablo Klappenbach explicó a la diaria que la instancia de este viernes es “un trámite burocrático”, simplemente un “anuncio” por parte de las organizaciones sobre su intención de interponer el recurso. Mañana las organizaciones deberán nombrar a los “representantes de los promotores” del referéndum –es decir, delegados–, indicar qué artículos de la ley se pretenden derogar y adjuntar el ejemplar del Diario Oficial en el que se publicó la ley, para que la Corte “conozca formalmente la ley que se quiere recurrir y determinar si es recurrible o no”.
A veces las organizaciones piden a la Corte el padrón de habilitados para establecer con exactitud cuántas firmas deben recolectar, explicó Klappenbach. Luego comienza la recolección, y antes del año de la publicación de la norma (9 de julio de 2021) deberán presentar las papeletas. En el caso de referéndum contra las leyes, las adhesiones deben tener firma y huella digital, a diferencia de los plebiscitos, que sólo requieren firma. La Corte Electoral dispondrá de 150 días hábiles a partir del vencimiento del año de la promulgación de la ley para calificar la procedencia del recurso y dictaminar si se alcanzó el porcentaje de firmas requerido. De ser así, la Corte convocará a referéndum, que se deberá realizar dentro de los 120 días siguientes.