El Senado terminó de votar este miércoles la futura Ley de Presupuesto –que debe volver a Diputados con modificaciones–. El artículo 4 fue el más discutido del proyecto y de hecho se optó por dejar para el final su tratamiento, en busca de mayor tiempo para la negociación.

Sin embargo, en la tarde, los senadores del oficialismo aprobaron el artículo tal como fue votado en Diputados. La redacción establece la fórmula de ajuste salarial en el sector público, y desde hace semanas las conversaciones entre el gobierno y los legisladores de la coalición, por un lado, y la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), por otro, están estancadas en un asunto: el sindicato pretendía que quede establecido un cronograma de cómo se recuperará en cada año el salario real perdido en 2021, que sería como piso 5%.

Dos semanas atrás, el senador blanco Jorge Gandini –que asumió la negociación del artículo 4– dijo que restaba el aval del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y que el gobierno debía “hacer un esfuerzo” para firmar un acuerdo salarial que garantizara “tranquilidad por estos cincos años”. Sin embargo, no hubo avances, y para COFE la negociación por los aspectos salariales finalizó.

La pérdida salarial surge porque la redacción establece un cambio en la metodología de ajuste a partir de 2022, cuando los funcionarios comenzarán a tener aumentos en función de la inflación proyectada por el gobierno –hasta ahora se daba un aumento en enero por la mitad del rango meta y al año siguiente se pagaba la compensación por la diferencia–. Esto lleva a que en 2021 sólo reciban la compensación de la inflación pasada e inevitablemente pierdan poder de compra.

El secretario general de COFE, José Lorenzo López, dijo a la diaria que el martes tuvieron un encuentro con el MEF y el subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, donde “pusieron arriba de la mesa una propuesta absolutamente insuficiente, porque consagra una rebaja salarial, y no estamos dispuestos a firmar eso”. Si la inflación entra en las proyecciones del gobierno, al cierre del quinquenio los funcionarios perderían 5% –según López, será más–, y la propuesta contemplaba recuperaciones de 0,5% en 2024 y 2025.

“Queda claro que el gobierno pretende equilibrar las cuentas públicas bajando el salario a los trabajadores del Estado, lo que implica también una rebaja de las jubilaciones. Había dos compromisos claros en la campaña: no aumentar impuestos al gran capital –y lo cumplen a rajatabla– y que no haya pérdida salarial de los trabajadores, lo que no están cumpliendo”, sostuvo López.

Además, señaló que “el gobierno se perdió la oportunidad de firmar un convenio donde los trabajadores cedíamos muchas cosas”, y de obtener “paz sindical por los temas salariales hasta el final del período”. Agregó que las autoridades “no valoraron” que COFE aceptaba “una pérdida muy grande que recién se recuperaba al final del período”.

Más allá de que se continuará negociando los aspectos no salariales del convenio con el gobierno, el sindicato ahora entiende que lo salarial quedará postergado hasta la próxima Rendición de Cuentas, que se discutirá a mitad de 2021. “Se va a generar una conflictividad muy grande [en esa fecha], porque estará el sector público movilizado más toda la actividad privada”, que tras el acuerdo puente de 2020 deberá negociar salarios el año próximo, analizó el secretario general de COFE.

A su vez, López aclaró que, en virtud del aumento de casos de coronavirus, el sindicato limitará por el momento las movilizaciones, porque “pueden terminar generando un efecto no deseado”.

La discusión sobre educación

Uno de los momentos de discusión más fuerte entre oficialismo y oposición fue cuando se votaron las asignaciones para la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). “Se vota un presupuesto de recorte para la educación”, dijo al justificar su voto contrario el frenteamplista José Carlos Mahía.

A su turno, Graciela Bianchi (Partido Nacional, PN) cuestionó a los senadores del FA y sus argumentos esbozados previamente, porque consideró que ofenden “la inteligencia medianita nomás que tenemos, porque la verdad que los resultados de la educación no los discute nadie”.

Es que tanto Mahía como la senadora opositora Amanda Della Ventura repasaron distintos avances durante los gobiernos frenteamplistas y cuestionaron el actual presupuesto para la educación por entender que incluye recortes.

La senadora del FA dijo que entre 2006 y 2019 creció de 52% a 64,4% el número de estudiantes que culminaron la educación media básica. También destacó la mejora del salario docente y sostuvo que las autoridades admitieron en la comisión del Senado que “el promedio de estudiantes por aula va a aumentar” en este período. Agregó que mientras que la ANEP solicitó 9.158 millones de pesos, el presupuesto votado le asigna 17% de ese monto.

Mahía sostuvo que prima una visión “economicista” en lo relativo a educación en la coalición gobernante y que el presupuesto actual “no refleja las prioridades” para “el desarrollo del país”. Como cierre de su mensaje, señaló: “Rechazamos de plano las visiones catastróficas sobre el estado de situación, sí mirar con sentido autocrítico aquellas cosas donde no obtuvimos los resultados buscados y saber reconocer y valorar las fortalezas que tiene Uruguay en esta materia”.

Bianchi dijo que “sí es cierto que se mejoró la infraestructura” educativa, pero que el FA “bloqueó” una reforma del sistema. “A los que la iban a hacer los echaron”, manifestó en referencia a las salidas en el gobierno pasado de Fernando Filgueira y Juan Pedro Mir. Agregó que “la pandemia dejó traslucir el despilfarro de plata que hubo”. “No vamos a recortar, vamos a gastar bien”, afirmó. En esa línea, sostuvo que “no es más plata lo que se necesita, sino gestionar bien”, y aseguró que el presupuesto asignado para la ANEP “va a alcanzar”.

El senador blanco Sergio Botana defendió lo destinado a la ANEP y dijo que si se compara el presupuesto de 2015 con el actual, haciendo los ajustes por la inflación de estos años, el que se está votando “es mejor”. Pero agregó que “las políticas públicas no se pueden medir por cuánto se gasta, sino por la eficiencia en el gasto”, y en el último período “caímos hasta niveles educativos vergonzantes para la historia de Uruguay, se abandonó a los muchachos en las aulas”.

Otros senadores de la coalición multicolor hicieron una evaluación similar de los resultados en los últimos años. “Nos siguen insistiendo con un relato que no es real. Los resultados, aun con dudosos indicadores, porque todos sabemos cómo se fue facilitando la aprobación para bajar los números, son que uno de cada cinco [estudiantes] repite en Secundaria, o que la inasistencia en educación inicial llegó a 31,2% en 2019”, dijo el colorado Tabaré Viera.

Por su parte, el líder de Cabildo Abierto, el senador Guido Manini Ríos, expresó que “los resultados sólo se pueden catalogar de desastrosos” y que deben hacerse “cambios” en las políticas educativas. “Somos partidarios de cambios más profundos, pero es un principio esto. Ir en una dirección distinta es lo único que puede darnos esperanza de cambiar esta realidad”, declaró.

La oposición

Al concluir la votación, la bancada de senadores del FA emitió un comunicado en el que remarca su oposición a un presupuesto “que les da la espalda a las necesidades de las grandes mayorías de nuestro pueblo”. Se señala que “recorta importantes asignaciones de recursos públicos destinados a la educación, la salud, la vivienda, la seguridad y diversas políticas sociales” y “genera beneficios para una pequeña minoría social, esos ‘malla oro’ en los que el gobierno nacional deposita la suerte de las grandes mayorías”.

Se cuestionan las proyecciones del presupuesto hacia 2024, se sostiene que tiene “graves inconsistencias”, pero, “lo que es aún peor”, se agrega, es que “consolida importantes niveles de pérdida de salario de trabajadores y trabajadoras públicos y privados y por tanto también de ingreso de los pasivos.

También se cuestiona la promesa de campaña de ahorro de 900 millones de dólares sin afectar políticas sociales ni reducir salarios. “Este presupuesto es la más nítida confirmación de que esa propuesta era falsa y absolutamente irrealizable. Cabría preguntarse: ¿por qué no ahorran en gastos superfluos?, ¿por qué ajustan salud, educación, vivienda y políticas sociales? La respuesta es clara: llegaron al gobierno sobre una premisa falsa y deberían reconocerlo ante la ciudadanía”, se sostiene.