Hay más de 60 pedidos de procesamiento por delitos de lesa humanidad a la espera de que se expidan jueces

A 35 de la reconquista de la democracia, y a 25 años de la primera Marcha del Silencio, los avances en materia judicial en cuanto al juzgamiento de los responsables de delitos de lesa humanidad cometidos durante el período del terrorismo de Estado han sido escasos. Algunos acontecimientos que ocurrieron durante todos estos años dieron aliento a las organizaciones que luchan por memoria, verdad y justicia a redoblar esfuerzos porque parecía que la impunidad comenzaba a ceder terreno.

Vale mencionar la iniciativa del presidente Jorge Batlle de formar una Comisión para la Paz y el inicio de las excavaciones en busca de restos de desaparecidos en predios militares, por parte del presidente Tabaré Vázquez, que permitieron hallar los primeros restos de desaparecidos.

Uno de los grandes impulsos en su momento fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el caso Gelman vs. Uruguay, emitida el 24 de febrero de 2011, que declara al Estado uruguayo como responsable “por la desaparición forzada” de María Claudia García de Gelman, y dispone que este “debe conducir y llevar a término eficazmente la investigación de los hechos del presente caso, a fin de esclarecerlos, determinar las correspondientes responsabilidades penales y administrativas y aplicar las consecuentes sanciones que la ley prevea”, entre otras. También planteó que Uruguay había incumplido la obligación de adecuar su derecho interno a la Convención Americana sobre Derechos Humanos por “la interpretación y aplicación” de la ley de caducidad.

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Ese mismo año, en octubre, se aprobaba la ley que restablecía “el pleno ejercicio de la pretensión punitiva del Estado” para los delitos cometidos durante el terrorismo de Estado, hasta el 1º de marzo de 1985, y los declaraba como de lesa humanidad.

• Así contábamos la derogación de la Ley de Caducidad: El FA acordó el proyecto para evitar la prescripción. La votación en el Senado. La aprobación final en Diputados y las percepciones de jueces y fiscales.

Con el segundo gobierno de Vázquez llegó el Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia, y finalmente este año 13 criminales de lesa humanidad uruguayos fueron condenados por la Corte de Apelaciones de Asís, en Roma, a cadena perpetua, en el marco del extenso megajuicio por el Plan Cóndor. El único condenado radicado y detenido en Italia es el prófugo de la Justicia uruguaya Jorge Tróccoli.

Entre medio de todos estos empujones hubo muchas marchas atrás, como la fallida reforma constitucional plebiscitada en 2009 para anular la ley de caducidad, o los dictámenes de distintas integraciones de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que afectaron las investigaciones de delitos de lesa humanidad. El 13 de febrero de 2013, la SCJ trasladó a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil. Mota había sido una jueza emblemática para las causas de lesa humanidad y había condenado, entre otros, al ex dictador Juan María Bordaberry a 30 años de prisión. También en 2013, la SCJ declaró inconstitucional la ley aprobada en octubre de 2011, básicamente los artículos que declaraban imprescriptibles los delitos de lesa humanidad.

Mientras, en el terreno particular de cada proceso, en cada tribunal, los abogados defensores de los indagados, coordinados o no, pero usando al fin la misma y efectiva estrategia, presentaban recursos aduciendo la prescripción de los delitos, entre otras chicanas jurídicas, para dilatar todo lo posible los tiempos de la Justicia. Sumado a esto, mucha de la poca información aportada por las Fuerzas Armadas no fue fidedigna, y tampoco el Estado en general dedicó los recursos suficientes para el procesamiento y decodificación de archivos militares y policiales para aportar a las causas.

Fiscalía especializada

Uno de los mayores aportes al esclarecimiento y la búsqueda de justicia de los últimos tiempos resultó ser la creación de la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad, que se instaló el 22 de febrero de 2018, a cargo del fiscal Ricardo Perciballe. Según un informe de la Fiscalía, en los primeros siete meses de actuación ya se relevaron 220 causas y se intervino en la mitad, se dictaron seis solicitudes de procesamiento en Montevideo, involucrando a 22 personas, mientras que en el interior se dictaron dos con ocho personas involucradas. También se libraron seis solicitudes en referencia a tres personas. A pesar de que la creación de esta Fiscalía supo tener opositores entre los propios defensores de los derechos humanos, basta con ver los cuadros que se presentan a continuación para comprobar que hubo un aumento de los pedidos de procesamiento atribuible a Perciballe, y que se logró retomar distintas causas que estaban archivadas o con las actuaciones detenidas. Uno de los casos emblemáticos por el que esta fiscalía viene presentando recursos es la investigación del homicidio del médico Vladimir Roslik

Los militantes de derechos humanos han encontrado siempre nuevas estrategias y herramientas creativas para luchar por la justicia, desde la primera brecha abierta en 2002, en lo que parecía hasta ese momento una ley de impunidad impenetrable. Aun contra todos los pronósticos, los activistas de derechos humanos en Uruguay han sido extremadamente persistentes a lo largo de cuatro décadas; incluso a pesar de los acontecimientos desfavorables ocurridos en el transcurso de 2013, hoy siguen luchando para lograr justicia por los crímenes de la dictadura. Como dijera Mario Benedetti en el poema “Ni colorín ni colorado”, dedicado a los hermanos Anatole y Victoria Julien, “el cuento no se ha acabado” (Francesca Lessa, ¿Justicia o impunidad? Cuentas pendientes en el Uruguay posdictadura).

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