En 2019 la movilización se hizo bajo lluvia con la consigna “¡Que nos digan dónde están! Contra la impunidad de ayer y hoy”. Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos manifestó su rechazo a los senadores que votaron en contra del pase a retiro de los cuatro generales que integraron el Tribunal de Honor del Ejército para José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira. De la misma forma, condenaron “la poca transparencia” de Presidencia en el tratamiento de las actas de ese tribunal, en una actuación que involucró también al entonces comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos.
“Falta voluntad política para una investigación seria. Si no hay una orden desde las más altas autoridades –o sea, que el presidente ordene a los servicios de inteligencia que busquen y den toda la información que tienen–, vamos a seguir como estamos”, decía en la marcha de 2018 Ignacio Errandonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, que busca a su hermano Juan Pablo desde hace más de 40 años. Ese mismo día Felipe Michelini, entonces coordinador del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia (GTVJ), decía a Radio Uruguay que el Poder Judicial, y en particular la Suprema Corte de Justicia, “lo que ha hecho, en definitiva, es legalizar la tortura al negarles a las víctimas la investigación judicial correspondiente”.
“No pedimos justicia a la Corte porque la vemos en conjunto. La justicia del Poder Judicial es un pantano, es meterte en una ciénaga. [...] Nosotros seguimos exigiendo verdad, y el Estado la tiene”, decía en 2017 Elena Zaffaroni, esposa de Luis Eduardo González, que desapareció con tan sólo 22 años después de una documentada tortura. Los avances del GTVJ chocaban con el sistema judicial y los testimonios de los involucrados, que hacen que no saben nada: la mentada omertá, pilar fundacional de la impunidad, una política de Estado a prueba de buenas intenciones.
Ese año en la pancarta se leía la consigna “Ellos en nosotros. Contra la impunidad de ayer y hoy. ¡Verdad y justicia!”. En el trascurso de la movilización, alguien puso sobre esa pancarta una foto de Luisa Cuesta acompañada de la frase “En tu nombre”, que permaneció en ese sitio hasta el final. El énfasis de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos estuvo también en reclamar el esclarecimiento del robo de materiales de archivo del Grupo de Investigaciones en Arqueología Forense y las amenazas que recibieron sus integrantes.
Fue la primera marcha sin Luisa, quien estaba en el hospital evolucionando favorablemente tras el accidente vascular que tuvo ese 6 de mayo. El entonces ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro, dio la nota al criticar a las organizaciones de derechos humanos que han denunciado que su cartera no entregaba documentación sobre integrantes de las Fuerzas Armadas que pudieron estar implicados en delitos de lesa humanidad durante la última dictadura. Sostuvo que las organizaciones “mienten descaradamente”. “Todos los que hablan mal de las Fuerzas Armadas y los militares […] son enfermitos y enfermitas”, remató.
La 19ª Marcha del Silencio también fue bajo lluvia, en este caso con la consigna “¿Dónde están? ¿Por qué el silencio?”. El entonces presidente José Mujica participó brevemente, acompañado por su esposa, la senadora Lucía Topolansky. Fue el segundo mandatario en ejercicio que concurrió a esta movilización. El 20 de mayo de 2005 ya lo había hecho, y por única vez en su mandato, Tabaré Vázquez.
La sensación entre los miles de manifestantes era la de que hubo un retroceso: en los 12 meses anteriores todo lo relacionado a la búsqueda de la verdad y los procesos judiciales a los responsables de crímenes de lesa humanidad no había tenido avances alentadores. Tres meses antes la Suprema Corte de Justicia había trasladado a la jueza Mariana Mota a un juzgado civil, después que se convirtiera en una magistrada emblemática para las causas de lesa humanidad. La misma corte había declarado inconstitucional una ley aprobada en 2011 que declaraba imprescriptibles los delitos de lesa humanidad. La movilización terminó con un caceroleo organizado por Plenaria, Memoria y Justicia que causó molestias en los tradicionales organizadores de la marcha.
La 17ª Marcha del Silencio tuvo sus particularidades. Por ejemplo, los desafíos que enfrentaban las organizaciones con la conformación de la Institución Nacional de Derechos Humanos (INDDHH) y el reconocimiento por parte del Estado, en una ceremonia que se llevaría a cabo ese 4 de junio, de su “responsabilidad institucional” ante las víctimas del terrorismo de Estado en el período 1968-1985.
La marcha de este año también llegó después de un duro golpe: un día antes la Cámara de Senadores rechazó el proyecto interpretativo que dejaría sin efecto la Ley de Caducidad. Distintas figuras del Ejecutivo y el Legislativo evaluaban los pasos a seguir, pero la ley seguía vigene y todavía resonaban las palabras del diputado Luis Puig: “que nadie piense que la lucha por los derechos humanos termina esta noche, la lucha es permanente”.
La multitud repletó las diez cuadras en la primera Marcha del Silencio después del fracaso del plebiscito por la nulidad de la Ley de Caducidad, celebrado junto a las elecciones del año anterior. Y la primera después de que el entonces presidente José Mujica (que acompañó la caminata durante dos cuadras) hablara de reconciliación. De unidad nacional. De convivencia. Pero sin consultar a las víctimas, se quejaban. Decían que esa multitud era dolor y que las respuestas para ese sentimiento habrá que construirlas entre todos. Y decían que todavía quedan marchas. Hasta que haya verdad. Hasta haya justicia. Algo que quizás muchísimas personas que ayer marchaban no lleguen a ver. Por el tiempo, por los años de lucha.
- 2010: La marcha multitudinaria
La 14ª Marcha del Silencio fue ausencia de palabras y presencia de muchos, con la consigna “En el 2009 elegimos verdad, justicia, memoria y nunca más”. Era año electoral, y había deseo de que la Ley de Caducidad fuera derogada por el Parlamento, sin necesidad de plebiscito, aunque todavía se tenía la esperanza de que, si eso sucedía, el resultado sería el rechazo a la impunidad.
La marcha de ese año se hizo en plena etapa indagatoria del primero de los vuelos de la muerte de 1978. El ex militante del Partido por la Victoria del Pueblo y víctima de ese vuelo, Sergio López Burgos, la veía como una convocatoria “de suma importancia” porque mostraba “la voluntad de seguir avanzando”. Sin embargo, al día siguiente el entonces canciller, Gonzalo Fernández, asistiría al Parlamento para explicar por qué se produjo la demora burocrática que facilitó la liberación, en Italia, de Néstor Tróccoli.
La intervención de los militares en el pasado reciente respondió “a la acción de aquellos sectores de la sociedad que intentaron derrocar a gobiernos democráticos a través de las armas”, aseguraba el 18 de mayo de 2007 el entonces comandante en Jefe del Ejército, Jorge Washington Rosales. Sus palabras sobrevolaron la marcha, que también estuvo marcada por la iniciativa del entonces presidente, Tabaré Vázquez, de apobar un proyecto de ley que de alguna forma equiparaba con aquellos desaparecidos a civiles, policías y militares “víctimas de la sedición”, y fijaba para el 19 de abril el “Día del Nunca Más”.
Un familiar de desaparecido durante la Marcha del Silencio de 2006.
Foto: Ricardo Antúnez
“Otra vez, otro 20 de mayo, el frío se pobló de rostros. En blanco y negro, callados, recorrieron las calles exigiendo. La marcha del silencio sólo habló para decir presente por cada nombre de desaparecido y reclamar el fin de la impunidad. La cita fue como siempre, como desde hace once años, en el cruce de las calles montevideanas Rivera y Jackson”, así comenzaba la primera crónica de la diaria sobre la Marcha del Silencio. “La consigna nuestra es, primero que nada, basta de impunidad. Hemos tenido demasiada. Después pedimos justicia para los crímenes de lesa humanidad. No venganza, pero sí justicia”, decía Luisa Cuesta. Recién empezaba la campaña de varias organizaciones sociales, entre ellas el PIT-CNT, para derogar la Ley de Caducidad.