El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) anunció el martes 30 de junio la unificación del Sistema Nacional Integrado de Cuidados (SNIC) y el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), creando en su lugar la Secretaría de Cuidado y Discapacidad, la cual quedará a cargo de la actual titular del Pronadis, Gabriela Bazzano. Las críticas por parte de la sociedad civil y desde la arena política no se hicieron esperar, y esta semana se sumaron cuestionamientos desde los dos ámbitos afectados: los integrantes del Comité Consultivo de Cuidados y la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Uruguay.
Las organizaciones sociales e instituciones que integran el Comité Consultivo de Cuidados, creado en el marco de la Ley 19.353, advierten que la medida representa “un debilitamiento institucional de las políticas de cuidado” así como “un retroceso del desarrollo de las políticas sociales”, y señalan que la población objetivo de los programas que se fusionarán “no es la misma”, dado que “la situación de dependencia no es análoga a la situación de discapacidad de una persona”. “Ni toda la población en situación de dependencia es población con discapacidad (ya que también por ejemplo están los/as niños que son dependientes en función de su edad) ni todas las personas con discapacidad están en situación de dependencia, ya que muchas de ellas pueden realizar sin ayudas las actividades de la vida diaria”, resaltaron las organizaciones en un comunicado.
En la misiva se sostiene que hay diferencias entre los objetivos de ambos programas, así como en la jerarquía institucional que ocupan en el Estado, dado que el Pronadis es un programa dentro del Mides y en acuerdo con la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad, “que tiene como fin promover la rehabilitación y la inclusión de las personas con discapacidad”. En tanto, el SNIC “tiene una estructura organizacional que trasciende” al Mides. “El objetivo del SNIC, al contrario del Pronadis, es proveer, regular y articular servicios y prestaciones de cuidado a la población en situación de dependencia así como reconocer y valorizar a la población cuidadora”, se subraya.
Por su parte, la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad de Uruguay, que nuclea a más de 20 instituciones de Montevideo y el interior, sostiene que esta decisión “va en contra de las recomendaciones realizadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU) en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que Uruguay ratificó en el año 2008” y desatiende a las observaciones realizadas en 2016 por el Comité de Expertos de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que “señaló que en Uruguay existe falta de institucionalidad para abordar esta materia”.
La Alianza recuerda que en esa ocasión la ONU recomendó que Uruguay “vele por que el Programa Nacional de Discapacidad sea una entidad nacional permanente con los recursos humanos y financieros suficientes”, y considera que “la fusión de Pronadis con el SNIC no atiende esta recomendación”, sino que “se dirige en dirección contraria”. Asimismo, apunta que esta decisión “va a contramano” de lo propuesto en el Compromiso por el País de la coalición gobernante, en el que se plantea “crear una Secretaría Nacional de la Discapacidad que fortalezca y dé coherencia al conjunto de acciones dirigidas a esta población”, y anuncia que ya solicitó una reunión al titular del Mides, Pablo Bartol, “para pedir que se reconsidere la decisión tomada”.