La controversia generada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, quien se niega a renovar el contrato del actual secretario general de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el brasileño Paulo Abrão, sumó este lunes un nuevo capítulo.
Luego de que la semana pasada la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la ex mandataria chilena Michelle Bachelet, llamara a resolver la cuestión, ahora un grupo de ex cancilleres latinoamericanos emitieron un duro comunicado en el que le pidieron a Almagro “que se abstenga de intervenir en el proceso de selección de su secretario ejecutivo, respete las normas interamericanas en su conjunto y, en lo fundamental, respete la decisión unánime que adoptó la CIDH el 9 de enero del 2020 de prorrogar el mandato de su secretario ejecutivo, Paulo Abrão”.
Almagro sostiene que tiene la facultad estatutaria de aprobar o vetar al funcionario propuesto por la CIDH para el cargo de secretario ejecutivo, y afirma que no lo pretende renovar porque el funcionario brasileño tiene 60 denuncias en su contra por maltrato o acoso laboral por parte de trabajadores del organismo.
El texto hecho público este lunes está firmado por el argentino Jorge Taiana, el boliviano David Choquehuanca, el brasileño Celso Amorín, los ecuatorianos Guillaume Long y Ricardo Patiño, el salvadoreño Hugo Martínez, el guatemalteco Fernando Carrera, la hondureña Patricia Rodas, el paraguayo Jorge Lara Castro y el uruguayo Rodolfo Nin Novoa.
En la comunicación, consignada por el sitio argentino especializado en temas legislativos parlamentario.com, se expresa que “en conformidad con la práctica de respeto a las decisiones y opinión de los comisionados de la CIDH, el secretario general no debe interferir en la autonomía e independencia de los organismos que han sido dotados de esas capacidades, de lo contrario se configuraría una ilegítima intervención sin fundamento, menoscabando así la independencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
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Los ex ministros de Relaciones Exteriores resaltaron que “según al artículo 11 del Reglamento para el funcionamiento de la CIDH, el proceso para identificar al candidato para la designación de su secretario ejecutivo lo realiza la propia CIDH”. “Es por ello que, en cumplimiento de la costumbre internacional, usos y costumbres que rigen esta materia hace más de veinte años y en las normas interamericanas, el secretario general no decide sobre la continuidad del secretario ejecutivo de la CIDH”, explicaron.
Los firmantes agregaron además que “esto último hace hincapié en la importancia que la CIDH deposita en su secretario ejecutivo y que hace al buen funcionamiento de los organismos independientes del Sistema Interamericano”.
“De acuerdo con las normas interamericanas, el contrato del secretario ejecutivo puede ser terminado por pérdida de confianza, pero para ello el secretario general debe consultar con la CIDH e informarle los motivos. Es decir, que debe contar con la aprobación de los comisionados de la CIDH para que se efectivice la separación del cargo”, señalaron.
Finalmente, los ex cancilleres expresaron: “Con el compromiso puesto en la defensa de los derechos humanos en la región, rechazamos toda interferencia en el proceso de designación del secretario ejecutivo. Estas atribuciones resultan indispensables para que la CIDH pueda llevar a cabo su mandato de manera independiente y autónoma y cumpla así con los altos objetivos para los que fue creada”.