Si bien desde el gobierno se prefiere llamar a las propuestas incluidas en el proyecto de Presupuesto Quinquenal como “una transformación del aparato estatal”, porque está “gastado” el término “reforma del Estado”, eso es lo que se busca en los hechos. Se plantea una revisión de la plantilla en cada organismo y la formación posterior de una bolsa de trabajo con quienes sean declarados excedentarios, para reubicarlos, recapacitarlos o que pasen a retiro. Además, se buscará gradualmente un nuevo mecanismo para la carrera administrativa dentro del Estado.

Según explicó a la diaria el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), Conrado Ramos, se aspira a “una reforma, una transformación, un rediseño profundo del aparato estatal y una modernización de la gestión pública”. Desde la Confederación de Organizaciones de Funcionarios Estatales (COFE) entienden que la propuesta es “peligrosa” porque “no hay garantías para los trabajadores”, además de creer que la reestructura forma parte “de un ajuste para que existan menos funcionarios públicos”, dijo el presidente del sindicato, Martín Pereira, en la radio M24.

La segunda sección del extenso articulado del presupuesto refiere a los funcionarios públicos y contiene varios artículos que plantean un proceso de reestructura. Se ordena a los ministerios presentar al Poder Ejecutivo “proyectos de reformulación de sus estructuras organizativas y puestos de trabajo”, en función de una futura reglamentación que dictará el gobierno. Tendrán un plazo de 18 meses para hacerlo desde que salgan esas directivas.

Igualmente, el proyecto presupuestal adelanta algunas líneas de este proceso: la reforma podrá “contener supresión, transformación, fusión y creación de nuevas unidades”; deberá incorporar en las “estructuras organizativas las funciones gerenciales de planificación estratégica, financiera, tecnologías y rediseño de procesos, y de gestión humana”; y ningún ministerio “podrá incrementar el costo de los vínculos laborales con el Estado” que había a enero de este año.

Para aprobar las reformas el Ejecutivo deberá tener un “dictamen favorable” del Ministerio de Economía y Finanzas, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y la ONSC. Además, lo elevará a la Asamblea General, que tendrá 45 días para expedirse al respecto, y si no lo hace, queda aprobado.

Ramos explicó que “la idea es fortalecer las capacidades estatales a través de focalizarse en las competencias y las funciones de cada inciso”. A modo de ejemplo, planteó que los organismos que son “diseñadores de políticas se especialicen en eso, que los que controlan adquieran capacidades para regular las políticas –no que esas funciones estén tercerizadas– y que aquellos que proveen servicios lo hagan con buena cobertura, costo y calidad”.

Además, puso el énfasis en la incorporación de nuevas gerencias en cada ministerio: “Hay que tener buenos planeamientos estratégicos, hoy casi que no se sabe con quién hablar en cada inciso por temas de gestión humana”, sino que en ese lugar hay “administradores de personal”; lo mismo con las tecnologías de la información, donde dijo que hay “un panorama muy diverso”, con ministerios claves que por ejemplo aún no incorporaron el expediente electrónico.

Bolsa de trabajo para ser reubicados, capacitados o pasar a retiro

La reestructura que se iniciará en el Estado derivará en un “régimen de excedencia de cargos y funciones”, ya que habrá funcionarios a los que no se les asignará tareas. Un artículo aclara que esta decisión recae en los jerarcas de los ministerios “por acto fundado”, y no hay “necesidad de obtener la conformidad de los funcionarios que ocupen dichos cargos y funciones”.

Pereira cuestionó que esto quede “a voluntad del jerarca”, porque da lugar a que jueguen en la decisión temas de afinidad o motivaciones políticas. Dijo que realizarán contactos con los legisladores, porque “debe quedar más claro el proceso para declarar excedente a un funcionario”.

Ramos comentó que el objetivo de la reestructura a encararse “es llegar a una plantilla adecuada, con perfiles adecuados para cada tarea”. Eso llevará a que haya perfiles que se necesitan contratar, otros que “ya no se necesitan” y algunos que “abundan o son excedentes”.

Aquellos trabajadores sin tarea asignada serán “personal disponible por reestructura”, no perdiendo “los derechos a la carrera administrativa en el mismo organismo”, al tiempo que cobrarán “el sueldo al grado, la compensación al cargo, la compensación personal, los beneficios sociales, la prima por antigüedad y 50% de la compensación especial” o incentivo, quedando eximidos de asistir a trabajar, según consta en el proyecto del gobierno. “No hay peor cosa que dejar en su casa a un trabajador que quiere trabajar”, dijo Pereira.

Con el grupo de funcionarios excedentes se formará una especie de bolsa de trabajo, que se utilizará para cubrir “las necesidades de personal” de los ministerios y los organismos del artículo 220 –como el Poder Judicial, la Administración Nacional de Educación Pública, la Universidad de la República y la Administración de los Servicios de Salud del Estado, entre otros–.

A su vez, los funcionarios que estén en esa bolsa de trabajo y pasado un año no hayan sido seleccionados pasarán a “régimen de retiro o readecuación funcional”. El proyecto a estudio del Parlamento plantea estas opciones: “retirarse definitivamente de la función pública”, cobrando seis meses de salario si se llega a dos años de antigüedad y con un sueldo más por cada año extra, hasta un máximo de 12 salarios; “jubilarse recibiendo una compensación” si tienen más de 63 años y causal jubilatoria; o “acogerse al régimen de readecuación funcional”, para lo cual recibirá una capacitación que le permita ocupar alguna vacante existente en el Estado, y si no aprueba esa instancia “deberá abandonar definitivamente la función pública, recibiendo las compensaciones previstas”.

Desde COFE calificaron estos planteos como “peligrosos” y Pereira recordó que cuando en el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) hubo “incentivos jubilatorios y declaración de excedencia se fue 20% de la plantilla” del Estado. Aseguró que ahora “se va por el mismo camino”.

Nueva carrera administrativa “a la uruguaya”

El artículo 20 del proyecto presupuestal establece que la ONSC “diseñará e implementará un sistema de carrera en el ámbito de la Administración Central, de aplicación gradual, que contemplará un nuevo sistema escalafonario basado en ocupaciones”. El director de esa dependencia explicó que hoy los funcionarios cobran, aparte del sueldo, diversas compensaciones –cambia el monto y la cantidad en función del organismo– que “distorsionan el sistema”, y se buscará “desmontar gradualmente” esto para ir “a un sistema salarial que recompense igual las tareas independientemente del lugar de trabajo”.

El objetivo final, indicó Ramos, es que, por ejemplo, todos quienes trabajan como auditores en el Estado pertenezcan al mismo escalafón.

Acerca de los plazos de este proceso, el jerarca señaló que se buscará “tener definido un sistema de ocupaciones para el año que viene e ir migrando a los funcionarios”, para luego, “a partir del estudio del salario y las compensaciones, ver cómo se puede hacer la migración salarial”. Ramos dijo que ya hubo contactos con COFE por este tema y aclaró que el cambio en la carrera administrativa “será a la uruguaya”, esto es “conversando y explicando”, no “de un plumazo” o por una decisión “tecnocrática desde un escritorio”.