El Frente Amplio (FA) no votará la venia que remitirá el Poder Ejecutivo a la Comisión Permanente del Parlamento para ascender a general al coronel Jorge Fernández, ayudante del ministro de Defensa, Javier García. Según informó este sábado El Observador, el Ejecutivo se apresta a enviar la venia de Fernández junto a la del coronel Julio Ifrán, a días de haber ingresado otra para ascender a Luis Mangini. El senador frenteamplista Charles Carrera adelantó a la diaria que la oposición no acompañará la solicitud, que se tratará mañana en la Comisión Permanente: “Tenemos definido que no vamos a votar venias de militares involucrados con delitos”, manifestó.
Fernández era jefe de la Brigada de Caballería N° 1, en el departamento de Rivera, cuando en 2019 firmó –en dos ocasiones– la revista de existencia del coronel retirado Pedro Mato, prófugo desde 2013 de la Justicia uruguaya y también de la italiana por los crímenes del Plan Cóndor. La “fe de existencia” es una norma de principio del siglo pasado, aún vigente, que establece que los militares retirados deben presentarse todos los años en una unidad militar, de forma de poder seguir percibiendo su jubilación.
La actuación de Fernández generó una investigación judicial e incluso le valió una imputación por falso testimonio por parte de la fiscal Brenda Zapater, a raíz de las contradicciones en las versiones que brindó sobre el hecho. Tal como lo relató en ese entonces el semanario Brecha, Fernández aseguró no conocer a Mato y no recordar su presencia en la unidad militar que dirigía, pero un subalterno aseguró haberlos visto conversar en su despacho. No obstante, la Justicia desestimó la pretensión de la fiscal en el entendido de que el falso testimonio sólo aplica cuando se comete ante un juez, por lo que Fernández continuó en funciones.
“Yo tengo la convicción de que él conocía a Mato”, dijo a la diaria el senador suplente del FA José Bayardi, que se desempeñaba como ministro de Defensa en 2019. Bayardi sostuvo que apoya la decisión de su partido de no acompañar la venia, en el entendido de que “lo que se le puede endilgar a Fernández es haberle firmado un certificado de existencia a alguien que sabía que estaba requerido. Eso es una convicción, y las venias las votás por convicción”. “Es obvio que es un precedente negativo”, agregó el legislador. En ese sentido, opinó que Fernández “tendría que haber dado aviso” de que Mato se presentó en su establecimiento para solicitar el trámite.
Bayardi recuerda que al enterarse del caso se dirigió al Poder Judicial “a los efectos de que mandaran formalmente un listado de personas requeridas por la Justicia” con el objetivo de “librar una orden para que quedara impedido firmar certificados de fe de existencia a quienes integraban esa lista, y la obligación de dar cuenta a la Policía si una persona [que la integrara] se apersonaba” a una unidad militar. Según indicó, este documento se solicitó en agosto de 2019 y llegó en febrero de 2020, con los datos desordenados y sin discriminar aquellos requerimientos vinculados a delitos de lesa humanidad.
Preocupación en organizaciones de derechos humanos
La noticia no fue bien recibida entre los integrantes de las organizaciones de familiares y víctimas del terrorismo de Estado. Javier Tassino, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, manifestó a la diaria su “preocupación” ante la decisión del Ejecutivo, pero admitió que “tampoco asombra, porque se ha defendido la impunidad tremendamente”. “García y [el senador de Cabildo Abierto, Guido] Manini Ríos se enojaron porque procesaron a algunos militares después de 45 años [de cometer el delito]. Eso demuestra el trabajo que van a hacer para defender la actuación de estos militares”, alegó.
En cuanto a la actuación de Fernández, Tassino señaló: “Si firmó eso, imaginate qué papel va a tener como general. Va a seguir defendiendo la impunidad”, consideró. En su opinión, “él debía saber que Pedro Mato estaba prófugo; si no lo conocía, ¿cómo va a firmar? Tratándose de un militar que está en el exterior, por lo menos debería revisar qué antecedentes tiene”, analizó. “Es parte de la impunidad y hoy se va a acentuar un poco más”, lamentó.
En la misma línea, integrantes de la asociación de ex presos y presas políticas Crysol calificaron la decisión del gobierno como una “afrenta desde el punto de vista de las normas elementales de derechos humanos”. “Es una persona que dio visto bueno y avaló a un integrante de las Fuerzas Armadas que estaba siendo requerido por delitos brutales. Le prestó apoyo. Alguien que ayuda a un delincuente que está fugado de la Justicia no es para ensalzarlo y promoverlo”, sostuvieron las fuentes consultadas por la diaria. “Es un tema que preocupa porque denota que hay dos justicias: una para el delincuente común y otra para los del período del terrorismo de Estado”.
Según consignó El Observador, los ascensos en cuestión tienen como fin cubrir las vacantes del general José Eladio Alcain, jefe de misión en Cachemira; la de Ricardo Fernández, que en octubre pidió pase a retiro tras denuncias de violencia doméstica, y la de Gustavo Fajardo, que fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa.