Este lunes la jueza británica Vanessa Baraitser rechazó la extradición del fundador de la organización Wikileaks, el australiano Julian Assange, desde Reino Unido hacia Estados Unidos, alegando que ese eventual traslado sería “opresivo” para la salud mental del periodista y podría inducirlo al suicidio.
Durante una audiencia realizada en el Tribunal Penal Central ubicado en la calle Old Bailey, en la capital inglesa, la jueza Baraitser remarcó durante su argumentación que Assange sufre un cuadro de depresión clínica, que se vería seriamente agravado por las potenciales condiciones de aislamiento a las que sería sometido en caso de ser extraditado y encarcelado en una prisión estadounidense.
De acuerdo a lo que informaron agencias internacionales, Baraitser consideró que Assange es “un hombre deprimido y a veces desesperado” que cuenta con el “intelecto y la determinación” para evitar cualquier medida de prevención del suicidio que pudieran adoptar las autoridades.
Pero pese a lo anteriormente dicho, la jueza rechazó los argumentos de la defensa, que sostiene que el australiano de 49 años de edad actuó como periodista y tiene derecho a las protecciones de la Primera Enmienda a la libertad de expresión de la ley estadounidense por publicar documentos filtrados en los que se expusieron severas irregularidades y algunos delitos perpetrados por el Ejército de Estados Unidos en Irak y Afganistán, en el marco de la “guerra contra el terrorismo” que comenzó luego de los atentados contra las Torres Gemelas en 2001.
Baraitser indicó que las acciones llevadas a cabo por Assange, en caso de ser probadas, “equivaldrían a delitos en esta jurisdicción que no estarían protegidos por su derecho a la libertad de expresión”.
Luego de conocida la sentencia, el gobierno de Estados Unidos anunció que apelará la decisión, que deberá ser considerada en el Tribunal Superior de Londres. El caso podría terminar siendo derivado hacia el Tribunal Supremo de Reino Unido, lo que retrasaría todavía más una sentencia final sobre el tema.
Celebración frente a la corte de Old Bailey, después de que un juez dictaminara que Assange no debería ser extraditado a Estados Unidos, el 4 de enero, en Londres.
Foto: Daniel Leal-Olivas, AFP
Paralelamente, Baraitser tomará una resolución, en una audiencia que tendrá lugar este miércoles, sobre el pedido de libertad bajo fianza presentado por los abogados defensores de Assange. Los juristas que representan legalmente al australiano pidieron su liberación de la cárcel de Belmarsh, ubicada en el sureste de Londres, en la que está detenido desde hace más de un año y medio bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de que se resuelva el recurso de apelación que presentará Estados Unidos.
Barry Pollack, abogado de Assange de nacionalidad estadounidense, aseguró que su equipo legal está “enormemente satisfecho por la decisión”, adoptada este lunes. “Los intentos de Estados Unidos para procesar a Julian Assange y buscar su extradición fueron desacertados desde el principio. Esperamos que después de considerar el fallo del tribunal de Reino Unido, Estados Unidos decida no seguir adelante con el caso”, agregó Pollack.
El enjuiciamiento de Assange ha sido criticado desde hace largos años por periodistas y grupos de derechos humanos, quienes sostienen que el proceso socava la libertad de expresión en todo el mundo. Aunque la decisión de no extraditar a Assange fue recibida con satisfacción, como se mencionó anteriormente, entre los argumentos contemplados por la jueza no se encuentra la libertad de expresión.
“Es un gran alivio para cualquiera que se preocupe por los derechos de los periodistas”, escribió en Twitter la Freedom of the Press Foundation (Fundación para la Libertad de Prensa), de acuerdo a lo que informó el sitio France24. “La solicitud de extradición no se decidió por motivos de libertad de prensa; más bien, la jueza básicamente dictaminó que el sistema penitenciario estadounidense era demasiado represivo para extraditar. Sin embargo, el resultado protegerá a los periodistas en todas partes”, agregó.
Previamente, la portavoz de la organización Wikileaks, Kristinn Hrafnsson, había advertido que “el mero hecho de que este caso haya llegado a los tribunales, sin mencionar que haya durado tanto tiempo, es un ataque histórico a gran escala a la libertad de expresión”. “Esta es una lucha que afecta el derecho de todas y cada una de las personas a saber, y se libra colectivamente”, afirmó Hrafnsson.
Stella Moris, socia del fundador de Wikileaks, Julian Assange, mientras habla con los medios de comunicación, frente a la corte de Old Bailey, el 4 de enero, en Londres. Foto: Daniel Leal-Olivas, AFP
El dictamen conocido este lunes fue divulgado tras un juicio que se extendió por cuatro semanas, en el que declararon numerosos testigos de la defensa del activista. Para esta parte, la extradición representa una amenaza a los derechos humanos de Assange, porque supone el riesgo de “una sentencia extremadamente desproporcionada” y la detención en “condiciones draconianas e inhumanas”.
Los abogados del gobierno estadounidense, por su parte, argumentan que Assange no solamente debe ser procesado por publicar documentos filtrados confidenciales, sino por “su participación ilegal” en el robo de cables diplomáticos y archivos militares, perpetrado por la ex soldado y analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning, quien antes de cambiar de género en 2013 era conocida como Bradley Manning.
Los cargos sobre Assange
En Estados Unidos, Assange es acusado de 17 cargos de espionaje y un cargo de intrusión informática por la publicación de documentos militares y diplomáticos filtrados. La sentencia máxima por esos delitos sería de 175 años de prisión, pena que debería cumplir además bajo estrictas condiciones de aislamiento, lo cual supondría un riesgo adicional para la salud mental de Assange.
Washington acusa al periodista australiano de conspiración para presuntamente hackear computadoras del gobierno y de violar una ley de secreto al publicar grandes cantidades de registros militares confidenciales y cables diplomáticos, que tomaron notoriedad en todo el mundo hace más de una década.
Wikileaks publicó un video militar estadounidense en 2010 que muestra un ataque de 2007 de helicópteros Apache en Bagdad, la capital iraquí, el cual mató a una docena de personas, incluidos dos miembros del personal de la agencia de noticias Reuters.
Más adelante, la organización liderada por Assange publicó miles de archivos clasificados secretos y cables diplomáticos, que en ese momento generaron tensiones entre el gobierno de Estados Unidos y varios países.
Foto: Tolga Akmen, AFP
Pero las acciones legales contra Assange no comenzaron directamente por cargos relacionados con estas acciones, sino cuando, en lo que el periodista australiano señaló como una trama pergeñada por Estados Unidos para cobrar represalias, la Justicia sueca solicitó su extradición desde Reino Unido, por acusaciones vinculadas a delitos sexuales, que los defensores del australiano siempre consideraron infundadas.
Ante el fallo en su contra y en un intento por evitar su extradición, el fundador de Wikileaks se refugió en la embajada de Ecuador en Londres en 2012, con el aval del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa. Allí permaneció recluido durante siete años, lapso en el que conoció dentro de la delegación diplomática a la abogada sudafricana Stella Morris, con la que tiene dos hijos.
Finalmente, en abril de 2019, después de que el nuevo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, le retirara su apoyo y el asilo, la Policía británica pudo ingresar a la embajada ecuatoriana para detener a Assange.
Aunque el caso en Suecia fue archivado debido a que la Fiscalía de ese país informó que carecía de pruebas para presentar una acusación, las autoridades británicas justificaron el arresto en su falta de comparecencia ante los tribunales por una orden de 2012. Luego confirmaron que, además, la detención respondía a la petición de extradición por parte del gobierno estadounidense.
Assange y su equipo legal sostienen que los cargos penales en su contra tienen motivaciones exclusivamente políticas, que él y sus abogados fueron espiados en la embajada de Ecuador, y que su salud mental está en riesgo. Estados Unidos, por su parte, afirma que estos son asuntos que deberían ser tratados en el marco de un juicio.
El fundador de Wikileaks remarcó que las motivaciones políticas se intensificaron en los últimos años “durante un período único de la historia de Estados Unidos bajo la administración de [el presidente estadounidense] Donald Trump”, por lo que algunos analistas consideran la posibilidad de que Joe Biden revierta la decisión de proseguir con el juicio contra Assange, una vez que asuma su mandato el 20 de enero.