El abogado Juan Ceretta, de la clínica de Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, prepara una demanda contra el Estado uruguayo para suspender los desalojos en el asentamiento Nuevo Comienzo, según informó VTV Noticias.

Ceretta explicó a la diaria que se trata de un recurso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, que podría decidir en cinco o seis días la suspensión de los desalojos como medida cautelar mientras no se consiga una solución habitacional.

Uruguay tiene observaciones por parte de ese comité sobre su respeto al derecho a la vivienda y existen antecedentes en los que el comité falló contra el Estado español en casos similares.

“Estas acciones no van en desmedro del expediente penal, sino que van reclamando una solución de vivienda al Estado. No es que nosotros digamos que el propietario de este terreno no tiene derecho a recuperarlo. Lo que decimos es que cuando lo recupere el Estado no puede dejar a toda esta gente en la calle”, afirmó.

En tanto, el fiscal de Flagrancia de 5º turno, Diego Pérez, analiza un pedido de prórroga para varios desalojos de vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo, en Santa Catalina, que fue presentado por la Defensoría Pública, a cargo de Estefanía Broggi, en la causa que investiga la ocupación de los terrenos por parte de 250 familias.

La solicitud será analizada en la próxima audiencia, en la que participarán representantes de la empresa Dervalix SA, propietaria del terreno, y la Intendencia de Montevideo, dado que también está ocupada una franja de servidumbre de la Intendencia.

La Fiscalía ya ha concedido otros pedidos de prórroga de desalojos en esta causa, contemplando situaciones de salud, aspectos vinculados a la pandemia, o casos en los que ya se tenía bastante avanzada una solución habitacional.

En diálogo con la diaria, Pérez señaló que la Fiscalía “busca una solución que contemple a los que necesitan”, pero advirtió que existen “diferentes intereses” asociados a la causa. “Hemos tratado de contemplar a partir de lo que ha requerido la defensa pública la situación de aquellos que realmente han demostrado estar en situación de necesidad. Lamentablemente, hay intereses y personas que están involucradas en esta situación que no necesitan y que están especulando con la situación, y hay organizaciones delictivas que también se movilizan”, afirmó Pérez, que prefirió no dar más detalles sobre el tema.

El fiscal recordó que hace un año que la Fiscalía está trabajando en el tema y que participó en los procesos de mediación que buscaron una salida junto a la Intendencia de Montevideo (IM) y al Ministerio de Vivienda. En ese sentido, señaló que la Ley de Ordenamiento Territorial otorga competencias específicas a la IM y al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MVOT), por lo que desde un principio las convocó y las notificó de todo el proceso “para que asuman sus competencias como marca la ley”.

A mediados de diciembre, los vecinos del asentamiento Nuevo Comienzo se reunieron por separado con autoridades de la IM y del MVOT en busca de una solución de realojo, dado que en noviembre se había alcanzado verbalmente una solución que consistía en que la IM cediera terrenos para el realojo, siempre que se hiciera dentro de un proyecto del MVOT en el marco de la Ley Nacional de Vivienda, y que el MVOT entregara una canasta básica de materiales. Así lo había planteado el director nacional de Vivienda, Jorge Perini, durante una comparecencia en la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Diputados.

En la reunión de diciembre con el director de la División Tierras y Hábitat de la IM, Sebastián Moreno, el gobierno departamental reiteró su disposición a ceder los terrenos, pero al hablar con la ministra Irene Moreira los vecinos no recibieron un compromiso concreto. Si bien la ministra planteó que se buscaría una solución, advirtió que hay otras situaciones similares que también deben ser contempladas.

La Justicia lleva 45 personas procesadas por esta causa, en su mayoría por el delito continuado de usurpación y hurto de energía eléctrica. En noviembre —cuando se cerró el ámbito de mediación en el que participaron los vecinos del asentamiento, los representantes de la empresa Dervalix SA, la Fiscalía, la Intendencia de Montevideo, el Municipio A, la Junta Departamental, la Universidad de la República y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay— Pérez advirtió que mientras no existiera un convenio firmado o una solución documentada los desalojos continuarían.