La ley integral antilavado de 2017 estableció las reglas para los controles sobre el origen de los fondos, sumando entre los sujetos obligados a realizar reportes de operaciones sospechosas (ROS) a una serie de profesionales y a las asociaciones civiles, tarea que años atrás se limitaba a los servicios financieros. Desde ese entonces, los colectivos de abogados y contadores, y la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, entre otros, cuestionaron a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) y en la ley de urgente consideración (LUC) se establecieron modificaciones que desataron debate.
En 2020, de acuerdo a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central (BCU) —que analiza los ROS y luego decide si deriva o no el caso a la Justicia— hubo 10% menos de reportes que en 2019, con una gran disminución, según el informe conocido en marzo, de los actores no financieros, que bajaron 54% el nivel de alerta.
A esta situación se refirió este miércoles el titular de la Senaclaft, Jorge Chediak, al participar en el panel inaugural del Compliance Day que organiza el estudio Brum Costa. Dijo que “coexisten dos visiones” a la interna sobre la baja de los ROS, que señaló es una tendencia “que no es de ahora, viene desde 2018”. Indicó que mientras en la UIAF del Banco Central “predomina una idea negativa sobre la baja de los ROS [es decir, que perjudica el combate al lavado], nosotros [Senaclaft] tenemos más interrogantes que certezas” sobre esa interpretación.
Chediak repasó que luego de la ley de 2017 se alcanzó “un pico por razones puntuales” y la realización de ROS “defensivos”, esto son reportes “por las dudas, para cubrirse por si hay inspección” y no porque haya ocurrido una operación que ameritara la alerta en función del riesgo observado del cliente. “Se hace para estar del lado seguro de la línea roja, pero esos ROS no tienen ninguna utilidad y complica el análisis de los ROS verdaderos”, agregó.
También informó que “la tendencia a la baja” en los reportes del sector no financiero “se está manteniendo en 2021”. Chediak no mencionó en sus intervenciones los cambios de la LUC, que estableció que los controles que deben hacer ante una transacción los sujetos obligados del sector no financiero —escribanos, contadores, inmobiliarias, entre otros— podrán ser del menor nivel (simple, medio e intensificado) cuando se utilicen medios de pago electrónicos, es decir, cuando intervenga un banco en la operación.
Esta presunción de menor riesgo, si bien fue limitada durante el trámite en el Parlamento, recibió críticas de abogados y consultores especializados, del ex secretario antilavado Daniel Espinosa y de la Asociación de Bancos Privados. Otro cambio de la LUC fue la modificación de la ley de inclusión financiera, elevando hasta 100.000 dólares el límite para realizar pagos en efectivo.
Inspecciones
Para zanjar cuál visión es la certera sobre la baja en los ROS, si la expuesta por la UIAF o la de la Secretaría Antilavado, el supervisor de Fiscalización de la Senacflat, Gustavo Misa, informó que se realizarán “inspecciones de aquellas operaciones que entendemos podrían llegar a ser reportables”, analizando diversos “factores” y al ver “alguna situación que pueda aumentar el riesgo iremos a supervisar a esos sujetos” obligados, como los profesionales que intervienen o intermedian en transacciones. “Ver cómo hicieron la debida diligencia, y si la hicieron bien, si llegaron al resultado correcto para el reporte [o no]”, detalló.
“Así vamos a tener la certeza. Saber si no se está reportando lo que se debe porque no se hace la debida diligencia, o se hace la diligencia correcta y no se reporta porque no hay lo que reportar”, añadió.
El abogado Leonardo Costa, especialista en normas antilavado, sostuvo que “la relación entre los ROS y los casos que van a la Justicia no es buena” para Uruguay. Al respecto, Chediak declaró que el ROS debe funcionar “como alerta” para luego derivar la investigación a la Justicia, y cuando se hace a posteriori de conocerse, por ejemplo, noticias periodísticas que involucran a un cliente o empresa, “no tiene utilidad ninguna; el reporte útil es el que se hace inmediatamente que se toma conocimiento de una operación o de un cliente con perfil de riesgo”.
Las autoridades de la Senaclaft destacaron algunos avances para lograr el cumplimiento por parte de los sujetos obligados, como que ahora todos los actores pueden hacer los ROS en línea, cuando antes sólo podían los del sector financiero y los otros debían presentarse ante el BCU.
Entre obras de arte y Ferraris
En 2017 Uruguay realizó la última evaluación nacional de riesgo en lavado de activos, un examen estandarizado que permite distinguir qué sectores deben ser incluídos dentro de los controles. Esto derivó en una nueva estrategia nacional, con cambios normativos, y Chediak señaló que se realizará otra evaluación de riesgo próximamente. “No creemos que cambie sustancialmente el análisis global”, dijo, pero sí pueden haber cambios en materia de sectores abarcados o no por la normativa.
Hay algunos rubros, que no mencionó, donde dijo que “no hemos podido demostrar en la práctica, con los ROS y las persecuciones penales, que fueran de riesgo” por los nulos resultados; en esos casos fue “sobreestimada” la amenaza y se podría rever el criterio. En el caso opuesto, “se consideró de bajo riesgo” un sector que “tradicionalmente es de riesgo y debe ser supervisado” como la comercialización de vehículos de alta gama, incluyendo aeronaves y embarcaciones.
“No parece ser lo más adecuado tener [dentro de los sectores obligados a controlar el origen de los fondos] a los comerciantes de arte y no la operativa de alta gama”, consideró Chediak. En esa línea, sostuvo: “no digo que no haya lavadores con cultura artística, pero no todos los delincuentes que se dedican al lavado y tienen dinero fácil compran obras de arte; pero sí compran Ferraris, o Maserati o Ford”.