La ministra de la Corte Electoral Ana Lía Piñeyrúa –exdiputada del Partido Nacional y ministra de Trabajo y Seguridad Social durante el segundo gobierno de coalición de Julio María Sanguinetti– marcó su posición sobre la campaña para derogar 135 artículos de la ley de urgente consideración (LUC) a través de publicaciones en redes sociales. La Corte Electoral está analizando las casi 800.000 firmas que la Comisión Nacional Prorreferéndum presentó en julio para habilitar el recurso de consulta popular contra parte de la norma, que impulsó el año pasado el gobierno de la coalición multicolor.

“Si los 135 artículos de la LUC que pretenden derogar fueran tan malos no sería necesario mentir para hacer campaña. Cero argumento válido”, escribió la abogada en un tuit que luego eliminó. Esto fue en respuesta a una publicación que hizo Jorge Larrañaga Vidal –hijo del exministro del Interior e integrante de Alianza Nacional– en la que criticaba las palabras del senador frenteamplista Mario Bergara sobre los cambios en el régimen de arrendamientos previstos en la LUC.

En otra publicación, de la que dio cuenta Montevideo portal, y sobre las mismas declaraciones de Bergara, Piñeyrúa escribió: “Terrible. A pura mentira transita la campaña contra la LUC. ¡Qué poco serio!”. Ese tuit también lo borró, pero sus comentarios quedaron registrados y recibieron varias críticas en la misma red social. El diputado frenteamplista Carlos Varela, de Asamblea Uruguay, opinó que las expresiones de la ministra “son muy graves” porque “quien debe dar garantías en los procesos electorales viola la norma constitucional” prevista en el artículo 77 de la carta magna.

El artículo 77, inciso 5 de la Constitución de la República establece que “el Presidente de la República y los miembros de la Corte Electoral no podrán formar parte de comisiones o clubes políticos, ni actuar en los organismos directivos de los partidos, ni intervenir en ninguna forma en la propaganda política de carácter electoral”.

En diálogo con la diaria, Varela afirmó que si bien “uno podría decir que las declaraciones de la ministra no son propaganda en sí misma”, Piñeyrúa “se incluye en una campaña que tiene características electorales, en este caso a favor de la no derogación” con este tipo de comentarios. Aparte, consideró que “hay un elemento más allá de lo constitucional, que es el sentido común: quien debe garantizar, como integrante de la Corte Electoral, la transparencia y las garantías de que el proceso se lleve a cabo de la manera más óptima posible, interviniendo con sus opiniones deja por lo menos dudas respecto de su imparcialidad, que es imprescindible a la hora de actuar”, analizó Varela.

Por otro lado, el legislador resaltó que fueron varios los tuits con este tipo de reflexiones, “lo cual agrava aún más la situación, porque cualquiera puede, en la actividad pública, tener una expresión desafortunada, pero cuando insistís en el concepto ya el problema no es un error, sino una definición, y eso lo pone al borde de la ilegalidad”, consideró.

Varela adelantó que va a plantear el tema a nivel de la bancada frenteamplista para analizar “algún tipo de acción”. Consultado sobre la posibilidad de promover un juicio político contra la ministra –amparado en el artículo 93 de la Constitución–, dijo que no descarta “ninguna posibilidad”, aunque apuesta “a que haya una solicitud de disculpas y que su conducta se modifique en el sentido positivo que todos esperamos de alguien con esa responsabilidad. No quisiera que llegáramos a extremos”, manifestó.

El coordinador de la bancada frenteamplista, Daniel Caggiani, también sostuvo que se estudiará el tema a nivel de la bancada, y resaltó que tampoco es la primera vez que Piñeyrúa hace apreciaciones políticas, “por lo menos a nivel de las redes”.

En la misma línea, el diputado del Partido Socialista y candidato a la presidencia del FA Gonzalo Civila dijo a la diaria que con sus declaraciones Piñeyrúa “ingresa de lleno en la campaña hacia el referéndum, descalificando, además, una de las posiciones en debate” y que lo hace, “siendo que la Constitución se lo impide y que el organismo que integra es quien debe confirmar la validez de las firmas, convocar el referéndum y asegurar –con ecuanimidad– todas las garantías para su realización y el respeto a la voluntad de las y los ciudadanos”. En opinión de Civila, “es un hecho gravísimo que amerita su renuncia inmediata al cargo”.

En tanto, el diputado de Fuerza Renovadora Gustavo Olmos habló de “declaraciones infelices” de “quien ocupa un cargo que debe dar garantías a toda la ciudadanía de transparencia e imparcialidad en las contiendas electorales”. “El lugar para hacer política son los partidos políticos, no un organismo en que hacerlo está vedado constitucionalmente, no por un capricho sino como forma de garantizar el cumplimiento de las reglas democráticas en las decisiones que debe tomar la ciudadanía”, reflexionó en diálogo con la diaria.

Al borde de la inconstitucionalidad

Abogados constitucionalistas consultados por la diaria difieren en si hay transgresión o no de las disposiciones constitucionales en las afirmaciones de Piñeyrúa. Mientras que para Martín Risso “claramente” no hay una violación del artículo 77, dado que en su interpretación un referéndum no es una instancia electoral, para Daniel Ochs la ministra de la Corte Electoral “está violando la Constitución” y “tendría que dar un paso al costado”. A su entender, el organismo tiene “función jurisdiccional”, por lo que el “juez electoral tiene que tener una especial prudencia de mostrarse ecuánime en el proceso, porque tiene que dar garantías de imparcialidad a las dos partes”.

“Si el juez en el curso de un conflicto sale a hacer pública su adhesión a una de las partes, inmediatamente deja de dar garantías de un juicio justo. Creo que si Piñeyrúa quiere hacer política está muy bien, que lo haga, pero que salga de un órgano que por definición exige a sus integrantes que tengan muchísima prudencia y se abstengan de pronunciarse públicamente sobre cuestiones en las que pueden ser llamados a dirimir una sentencia”, opinó Ochs, y agregó que “la gente que la sostiene tendría que darse cuenta que está generando un precedente malo”.

En tanto el abogado constitucionalista José Korzeniak coincidió en que “un miembro de la Corte Electoral no puede adelantar opiniones sobre un tema sobre el cual después va a tener que juzgar, no puede opinar nada sobre quién tiene razón o más razón o menos razón en este referéndum hasta que no se produzca el plebiscito, que es la segunda parte del referéndum, y la Corte Electoral diga que ganó el sí o el no”. Si bien consideró que Piñeyrúa no está “juzgando si hubo firmas o no, o quién va a ganar”, opinó que no puede “participar en la campaña, porque hacerlo, de alguna manera, es un prejuzgamiento”.

Una fuente de la Corte Electoral, que prefirió mantenerse en reserva, dijo a la diaria que –en la misma línea de lo planteado por Risso– la “propaganda política de carácter electoral” a la que refiere la Constitución tiene que ver con la elección de autoridades y “no con un pronunciamiento de referéndum”. No obstante, opinó que el posicionamiento público de Piñeyrúa “es absolutamente inconveniente y supone tomar posición sobre una cosa que la Corte tiene que dirimir ahora”.

La fuente señaló que la ministra “es juez de un procedimiento que en este momento se está dirimiendo” ya que “la pertinencia del referéndum, en última instancia, va a ser determinada por la Corte Electoral en función de que se alcancen las firmas pero también de que los artículos impugnados sean de los que se pueden impugnar por referéndum”, por lo cual “es absolutamente impropio” que “salga a hacer declaraciones en favor o en contra, porque supone un prejuzgamiento”.

Ante la consulta de la diaria, Piñeyrúa se excusó de realizar declaraciones por el momento.