Ancap acordó a cinco años con productores de Bella Unión: “histórico” para la empresa y brinda “reglas claras”, según gremial

El sábado de noche y tras varias semanas de negociación, los productores de caña de azúcar de Bella Unión y la empresa Alcoholes del Uruguay (ALUR) —subsidiaria de Ancap— acordaron un contrato a cinco años, desde la zafra siguiente hasta 2026, que estipula nuevas reglas para las condiciones de pago.

La producción de caña de azúcar y los negocios vinculados son la principal fuente de sustento para la localidad del norte, donde viven unas 12.000 personas. Abarca a unos 180 productores, en su mayoría de gestión familiar, unos 1.400 trabajadores que cortan la caña durante la cosecha, cerca de 1.000 personas que son empleadas para conducir camiones, manejar tractores y trabajar como capataces, y unas 500 que cumplen tareas en la fase industrial en la planta de ALUR.

El complejo agroenergético de la subsidiaria de Ancap en Bella Unión produce bioetanol —agrocombustible que se mezcla con la nafta—, azúcar, energía eléctrica y alimento animal. La firma funciona desde enero de 2006, cuando se inició el proyecto estatal tras asumir la infraestructura de lo que fuera Calnu, una cooperativa dedicada al azúcar que entró en crisis en la década de 1990.

De los productores de caña de azúcar depende el principal insumo de ALUR, si bien se trata de un negocio con reglas particulares, ya que existe un subsidio en el precio para que el sector y la zona del norte mantengan su sustentabilidad. A esto apuntan las autoridades de Ancap y el gobierno desde el año pasado, con el cambio de administración, ya que entienden que el sistema no premia la eficiencia de los productores y ALUR termina pagando un sobrecosto que incide en los combustibles.

Según supo la diaria, la negociación se cerró el sábado y si no hubiera existido un acuerdo, estaba previsto que el lunes ALUR convocara a los productores que así lo quisieran a firmar las nuevas condiciones. Esto porque la interpretación dada por fuentes de la empresa es que el cambio de reglas favorece a los productores de menor dimensión, y los de mayor tamaño eran quienes lo veían con malos ojos.

Es un negocio subsidiado y el Estado pone las reglas”

En la resolución a nivel de la Asociación de Productores de Caña del Norte Uruguayo (Apcanu) hubo 130 votos a favor, 60 en contra y 30 abstenciones. El presidente de la gremial de productores, Djelil Brysk, dijo a la diaria que “era lógico” que hubiera “voces en contra” porque para quienes tienen “de 150 hectáreas para arriba este mecanismo les puede jugar desfavorablemente” comparado con las reglas anteriores. Igualmente, se evaluó que “este acuerdo genera certezas y estabilidad en Bella Unión: tenemos reglas claras de cómo vamos a avanzar por cinco años”.

Brysk repasó que para las zafras desde 2018 hasta 2020 rigió un sistema de pago que definía “familias de costos”, tomando el promedio del grupo de productores y negociando a partir de eso una paramétrica en función de los kilos de caña de azúcar remitida a ALUR. “Nosotros toda la vida trabajamos sobre un promedio de costos. Este nuevo método que se acordó fija un precio base que venía del mecanismo anterior y saca para afuera [de los costos considerados] el precio del riego, el flete, la semilla y los gastos de funcionamiento”, explicó.

El plan es pagar esos cuatro ítems sobre el costo real y no un ficto que surge del promedio, lo que puede afectar a los productores que tienen más hectáreas o que están más cerca de la planta de ALUR. “En la gremial no somos partidarios de la diferenciación entre productores, pero se trata de un negocio subsidiado y es el Estado quien pone las reglas. [Ante esto] vimos positivo lograr un compromiso por cinco zafras”, añadió.

Desde mayo, cuando comenzaron las conversaciones con las autoridades, Apcanu buscó “tratar de acortar la brecha entre los que podrían cobrar menos precio y los que van a cobrar más; así se llegó a un precio fijo y con ajustes pactados, a lo que se suman los cuatro ítems estructurales que se pagan diferenciado”.

Para la parte del precio base se estableció una “rampa”, empezando con pagos en función de la paramétrica de costos tomando el rendimiento promedio de 6.400 kilos de azúcar por hectárea, para llegar a 6.800 kilos por hectárea en 2026. De esta forma se busca que ALUR ponga una vara más alta, a fin de mejorar la eficiencia. Brysk manifestó que el clima y otros factores afectan los rendimientos, al tiempo que señaló que con el cambio de reglas “va a existir una rentabilidad que tendrá en cuenta los niveles de producción”.

“No había un incentivo para que se produzca mejor”

El presidente de Ancap, Alejandro Stipanicic, destacó en diálogo con la diaria el acuerdo logrado y lo consideró “histórico”. Indicó que “cambia la fórmula” de pago y se logró “un contrato a cinco [zafras] anual, lo que no es común porque antes ante cada zafra se vivían momentos de tensión [en la negociación] con los productores”.

Sostuvo que el sistema vigente, al asumir costos como el pago a un contador por la liquidación de sueldos, generaba ganancias “de escala” a los productos más grandes y así alcanzaban ingresos “extraordinarios”, mostrando “una inequidad” entre los productores. También señaló que ALUR “pagaba 100% de las semillas al que tenía tres hectáreas y al que tenía 300”.

Además, Stipanicic expresó que la paramétrica para el pago a los productores “estaba calculada para un rendimiento promedio de 6.400 kilos de azúcar por hectárea, que fue un promedio de alguna época, pero el año pasado la zafra dio 7.140 kilos por hectárea y este año está dando en torno a 7.500 kilos por hectárea”. Según la interpretación del jerarca, la vara de eficiencia estaba muy baja en función de que tomaba un promedio antiguo, y la mayoría de los productores se beneficiaba por producir por encima. “No había un incentivo para que se produzca mejor, lo que cambia con la fórmula que introdujimos” en el reciente acuerdo, remarcó.

Para la zafra actual, que comenzó en mayo y finalizó el mes pasado, Stipanicic dijo que se acordaron dos precios con los productores, condicionando el pago más alto a que se lograra un acuerdo a cinco años —lo que se ratificó el sábado—. “En 2021, último año sin contrato, ALUR ya logró un ahorro de entre 300.000 y 500.000 dólares, y los productores no perdieron ingresos porque tuvieron una zafra espectacular”, señaló.

Las autoridades de la empresa estatal y la Federación Ancap (Fancap) —el sindicato de trabajadores— tienen diversos puntos de enfrentamiento y en junio hubo un cruce por la decisión del ente de dejar de arrendar un campo en Pueblo Belén (Salto) donde se plantaba caña de azúcar. Según el sindicato, 40 familias dependían del emprendimiento, aunque Ancap aseguró que iba a garantizar los puestos de trabajo directo y de los cañeros. Fancap cuestiona distintas decisiones de las autoridades de Ancap sobre el proyecto ALUR.