El oficialismo y la oposición volvieron a cruzar declaraciones y datos en torno al proceso de construcción del Antel Arena, pero esta vez la discusión estuvo centrada en un informe del abogado constitucionalista Alberto Pérez Pérez, fallecido en 2017. En 2013, cuando Pérez Pérez era director del Instituto de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, el instituto fue consultado por Antel respecto de si estaba dentro de sus competencias la construcción del estadio multipropósito. El 9 de julio de ese año, el catedrático emitió un informe dirigido a la entonces decana Dora Bagdasarian en el que indicó: “No cabe duda de que el convenio está comprendido dentro del giro de los negocios de Antel y forma parte de sus actividades normales, de modo que es lícita su concertación, así como la disposición de recursos propios a tal efecto”.

“En la medida en que se trata de actividades en las que Antel concurre en régimen de libre competencia con empresas privadas, en particular con poderosas empresas transnacionales, negar a Antel la posibilidad de concertar un convenio de esta índole, mientras que para sus competidoras estaría permitido, configuraría una indebida e ilegal discriminación”, expresó Pérez Pérez en el informe, que llevaba el membrete del Instituto de Derecho Constitucional. Este documento, al que tuvo acceso la diaria, fue mostrado este martes en rueda de prensa por la intendenta de Montevideo y por entonces presidenta de la empresa estatal, Carolina Cosse.

La exposición del informe por parte de Cosse tuvo lugar luego de que este martes el diario El País informara que las autoridades de Antel de la época hacían referencia al informe de Pérez Pérez como institucional sin que este estuviera oficialmente avalado ni por el Instituto de Derecho Constitucional ni por el consejo de la Facultad de Derecho, situación que fue denunciada por el oficialismo durante la interpelación de la semana pasada en el Senado.

Según la información recabada por el citado medio, el informe de Pérez Pérez oficialmente se fechó el 16 de agosto de 2013, luego de que las autoridades de Antel ya habían hablado de él. El 14 de noviembre, en tanto, el consejo de la facultad votó que tomaba conocimiento del expediente. En 2021, el Instituto de Derecho Constitucional, ante la consulta del actual presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, informó que no hay registros de que el tema se haya analizado oficialmente en la interna.

En la rueda de prensa de este martes, Cosse dijo que “el doctor Alberto Pérez Pérez fue el constitucionalista más importante del Uruguay en 60 años”, y expresó: “¿Vieron lo que nos inspira el GACH [Grupo Asesor Científico Honorario]? Pérez Pérez es el GACH de los constitucionalistas”.

“¿Cómo yo voy a nombrar un informe sin tenerlo? ¿Dónde se ha visto que yo puedo hacer eso? El informe está acá”, dijo y mostró el documento, que describió como “el informe preliminar” que en su momento les entregó el abogado. A continuación, dijo que “es un acto de cobardía y de falta de respeto tratar de ensuciar la imagen de Pérez Pérez”, y también lo consideró “una falta de respeto” hacia ella. “No quieren aclarar nada, quieren entreverar, y no nos vamos a dejar entreverar”, dijo, y agregó que no iba a “discutir los intríngulis”.

“Mezcla indebida”

Consultado por la diaria, el senador nacionalista Sergio Botana expresó que todos los antecedentes que el presidente de Antel divulgó durante la interpelación, incluida la mención al proceso de elaboración de este informe, fueron elevados a la Justicia. En su consideración, la situación “habla de una mezcla indebida”, lo que “quiere decir que el relacionamiento no fue solamente el formal, oficial y correcto de una consulta a la Universidad, sino que allí hubo algún otro tipo de comunicación”, porque a Cosse se le hizo conocer el documento “por vía extraoficial”.

Para Botana, “eso habla de algún otro tipo de relación” entre la entonces presidenta de Antel y el constitucionalista o con “alguien que le hubiera soplado al oído lo que iba a informar Pérez Pérez”. “Cuando uno consulta a alguien de la solvencia de la Universidad por su conocimiento, también lo está consultando por su idoneidad moral, por lo cual ese tipo de relaciones no debe existir, incluso cuando pudiere existir relación personal”, expresó el senador. Sentenció que “si el tipo de vínculo es ese” sería “más honesto hacer una consulta a un abogado privado que te va a defender a ti”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio (FA) Enrique Rubio restó importancia a si a Cosse “le habían alcanzado o no el dictamen extraoficialmente o algo por el estilo”, porque finalmente “hay un expediente” por el cual la Facultad de Derecho “tramita” el informe que había solicitado Antel “y lo envía como informe del Instituto de Derecho Constitucional”. Agregó que, como el tema ya está en la Justicia, “que se considere en el lugar en el que está”.

Más allá del informe del constitucionalista, Rubio llamó a “no buscar pelos en la leche” porque “la sustancia del problema es que hay una operación política que continúa a otras anteriores procurando pegarle” al Antel Arena. A su vez, consideró que “el gobierno ha fracasado en forma contundente en tratar de desprestigiar a las administraciones anteriores como forma de justificar su propia inoperancia”, pero advirtió: “Por el hecho de que hayan fracasado hasta ahora en la operación política no crean que la pueden mantener incorporando todos los días un nuevo aspecto. Que amplíen las denuncias y todos nos atendremos a lo que resuelva el Poder Judicial”.

Antes de tiempo

Mientras tanto, el director vocal del FA en Antel, Daniel Larrosa, describió que hubo “fallas” en el “proceso de denuncia” de Antel ante la Justicia. Según dijo, “el escrito de denuncia sobre el proyecto Antel Arena fue presentado a la Justicia sin pasar por el directorio de la empresa” y “los abogados penalistas Gastón Chaves y Gustavo Bordes fueron elegidos” para representar a la estatal “mediante una contratación directa”, pero como la Oficina Nacional de Servicio Civil “observó la contratación de Chaves [por ser funcionario público jubilado]”, se resolvió designar sólo al segundo.

No obstante, el Tribunal de Cuentas observó la contratación del abogado Bordes, según denunció Larrosa y confirmó la diaria con fuentes del organismo. El reparo fue porque el penalista empezó a trabajar y a cobrar por ello antes de que el Tribunal de Cuentas emitiera su dictamen acerca de ese mismo gasto. “Los mismos que cuestionan falta de transparencia, contrataciones directas sin licitación y caso omiso a los pronunciamientos del Tribunal de Cuentas, adoptaron todas esas conductas en un solo acto”, escribió Larrosa en su cuenta de Twitter.