“Somos amplios defensores de las medidas alternativas o sustitutivas de la prisión”, sentenció Juan Miguel Petit, comisionado parlamentario penitenciario, en un informe presentado en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Allí se continúa tratando el proyecto de ley de Cabildo Abierto (CA) que con un artículo único busca la prisión domiciliaria para condenados y procesados mayores de 65 años que se encuentren privados de libertad en cárceles. Pero el comisionado agregó: “Sin embargo, no es correcto aplicarlas [las medidas alternativas] en un espectro amplísimo de situaciones penales y de autores de hechos muy distintos de manera automática”. En la misiva recomendó no aprobar la iniciativa por tener “muy importantes deficiencias técnicas” e “incongruencias”.

Petit señaló que “una fisura importante” del proyecto es que plantea dar prisión domiciliaria a los mayores de 65 años “de oficio y sin más trámites ni procedimientos ulteriores”. “Esto significaría que todas las personas mayores de esa edad, salvo las excluidas del articulado, pasarían a esa modalidad de ejecución de la pena”, resaltó. Planteó que la “aplicación automática” de la prisión domiciliaria “daría lugar a resultados muy extraños e inquietantes”, por los cuales personas “sin ninguna afectación de su salud o capacidad cognitiva” y “autoras de delitos graves y con alto riesgo de reincidencia” podrían volver a sus domicilios.

Recordó que la población mayor de 65 años en el sistema penitenciario es de 180 personas, de las cuales 40% cometió delitos sexuales. Recordó que el total de la población carcelaria es de 14.010 personas y expresó que, de aprobarse el proyecto, los beneficiados podrían pasar a régimen de prisión domiciliaria “sin haber participado de ningún programa de rehabilitación o tratamiento, lo que no es indicado”.

Reconoció que las “personas de edad avanzada que están en proceso de ejecución penal” son “una minoría” dentro de un sistema “donde la mayoría de las personas son jóvenes y donde la gestión, servicios de rehabilitación y la infraestructura no están adecuadas” a las personas mayores. Planteó la necesidad de brindar “servicios de geriatría, de estimulación cognitiva y de acciones de rehabilitación” dirigidas a los adultos mayores.

El comisionado parlamentario penitenciario explicó que el artículo 228 del Código de Proceso Penal establece en su primer inciso “la necesidad de atender circunstancias familiares o especiales del imputado que hicieran evidentemente perjudicial su internación inmediata en prisión”. “La facultad atribuida a los jueces para decidir sobre los hechos de la causa o apreciar pruebas y fijar una pena no es discrecional ni caprichosa. Está legalmente reglada, debiendo considerarse los antecedentes del encausado, calidad y número, las circunstancias agravantes y atenuantes que concurran al hecho”, enfatizó.

En conferencia de prensa, Petit remarcó que la iniciativa “está mal fundamentada” y que el Código del Proceso Penal “ya tiene todos los mecanismos para que personas por sus circunstancias familiares o sociales, estado de salud, inclusive por la edad”, no deban estar en prisión. “Ya existe, ya se hace. Nosotros inclusive lo hemos alegado para determinadas circunstancias. Nos parece que estos elementos ya son suficientes y que el proyecto tiene demasiadas deficiencias para ser aprobado”, indicó.

Dijo que las valoraciones del proyecto se basaron en una perspectiva de derechos humanos “donde la rehabilitación y el tratamiento humano deben dejar afuera lo que pasó y lo que hizo esa persona”. “Afincarse en sólo un sector de la población complica las cosas, entrevera, polariza, divide y nos hace perder de vista cuál es la mejor solución”, manifestó. En la misma línea, en su informe describió: “La base del enfoque de derechos humanos y la aplicación de un criterio humanitario para la resolución de casos de vulnerabilidad está en no tratar a los privados de libertad con la misma inhumanidad que ellos eventualmente tuvieron con las víctimas de sus acciones”.

Mirar a futuro

El Observatorio Luz Ibarburu fue otra delegación que participó en la comisión que estudia la iniciativa presentada por los senadores de CA, Guido Manini Ríos, Raúl Lozano y Guillermo Domenech. Su directora, Fernanda Aguirre, apuntó en conferencia de prensa que el proyecto “busca beneficiar a algunos criminales de lesa humanidad, tanto los ya condenados como los que sean condenados en el futuro por graves violaciones a los derechos humanos”. Más de 20 represores participantes del terrorismo de Estado que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena se verían beneficiados de aprobarse el proyecto. Sólo en lo que va del año, 13 represores ingresaron al centro de reclusión por delitos cometidos durante la dictadura.

“Esta norma haría posible que los que fueran condenados en el futuro gozaran, a sabiendas de que son personas añosas, de la prisión domiciliaria sin hacer efectiva la condena, más allá de que gocen de espléndida salud”, dijo Aguirre. Aseguró que avanzar con la iniciativa expondría a Uruguay a ser “condenado nuevamente a nivel internacional por distintos organismos, como las Naciones Unidas [ONU] o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya han subrayado que el Estado está omiso en su responsabilidad de tener una efectiva persecución penal de los crímenes de lesa humanidad”. Agregó que la importancia de juzgar a los represores de este tipo de crímenes no sólo implica “la condena al responsable” sino “el hecho ejemplificante que hace que la condena impida la repetición”.

Familiares de represores buscan la aprobación del proyecto

“Nosotros no creemos en la figura del terrorismo de Estado. Nuestros padres, los mayores y todas las Fuerzas Armadas, en tanto servidores públicos, fueron convocados por un parlamento democrático, mandatado por un comandante en jefe, presidente de la República, también electo democráticamente. En este país en el 72 se decretó un estado de guerra interno. Hablar de terrorismo de Estado, hablar de genocidio, es de alguna manera alimentar esta persecución política”, manifestó Diego Flores, integrante de la organización Familiares de Presos Políticos-Uruguay, que nuclea a familiares de integrantes de los presos de Domingo Arena. “Ahora no se trata de competir por la cantidad de muertos o por el dolor infligido de un lado o del otro. Hubo excesos, se cometieron de ambos lados. Eso fue saldado”, agregó.

El grupo fue otra de las delegaciones que participaron en la comisión. Además de Flores, concurrieron Victoria Ubillos y Ruth Ballestrino. En conferencia de prensa, Flores confirmó que están preparando causas contra el Estado para presentarlas en la ONU y en la Organización de los Estados Americanos. Para hacerlo, según afirmaron, están en contacto con estudios jurídicos de Nueva York que “están analizando la posibilidad de otros foros” para presentar la denuncia. “Se están violando los derechos humanos de estos militares, civiles y policías. Esta es una historia que recién comienza”, señaló Flores.

“Estamos atendiendo este proyecto que presenta un partido político que es Cabildo Abierto. Ellos piensan que el interés es más general. En lo personal, yo creo que esto resuelve el tema de nuestros padres y lo hace con el mismo espíritu con que en el 84, 85 se votó la amnistía”, expresó. Consultado sobre si el proyecto de CA debería ser sometido a consulta popular, respondió: “No, porque este es un proyecto de naturaleza simple. Lo único que hace es establecer justicia”.