La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) envió un proyecto de ley al Parlamento por el que se crea una Estrategia Nacional de la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia y un Plan Estratégico Nacional con proyección quinquenal orientado a garantizar el “desarrollo, atención, protección integral de los niños, niñas y adolescentes y el cumplimiento efectivo de sus derechos”. El objetivo es “transversalizar” y dotar de una mirada integradora las distintas políticas que alcanzan a esta población, en materia de salud, educación y protección social, entre otras aristas.

La iniciativa, titulada “Garantías para la primera infancia, infancia y adolescencia”, comenzó a gestarse en 2017, ingresó al Parlamento y se discutió en el seno de la Comisión de Población y Desarrollo de Diputados en 2019 –la misma comisión que lo tratará en esta oportunidad– pero se archivó. En 2020, los legisladores decidieron desarchivarlo y ajustar su alcance y algunos aspectos de diseño, con el objetivo de discutirlo y aprobarlo en 2021 y comenzar a instrumentarlo en 2022. No obstante, debido a la cercanía con el receso parlamentario, es probable que el tratamiento en comisión se postergue para 2022.

“Lo que busca es dar prioridad a la atención de 100% de los niños, niñas y adolescentes en Uruguay” mediante la creación de “un mecanismo diferente desde el punto de vista instrumental y presupuestal, que ordene la inversión actual, que mejore la gestión y optimice el trabajo de las sectoriales para que tenga un impacto de integralidad y de transversalidad”, explicó la diputada frenteamplista Cristina Lustemberg a la diaria. La dirigente de PAR opinó que la política de infancia y adolescencia actual “está muy segmentada”, por lo que es necesario darle “prioridad política al tema como tal, para que sea una real política de Estado”.

Este proyecto inicialmente se limitaba a la primera infancia, pero en la nueva redacción “incorpora la lógica de trayectoria de vida”, indicó Lustemberg. A su vez, incluye mecanismos para “evaluar y monitorear en tiempo real los programas que se están implementando y su impacto” y no crea estructuras nuevas, sino que articula las infraestructuras que hoy tienen las competencias constitucionales en esta materia y dota al Ministerio de Economía y Finanzas de una unidad especializada en esta política, con el Ministerio de Desarrollo Social como coordinador.

Lustemberg explicó que la iniciativa “no cambia la ley de presupuesto”, aunque introduce un “principio de no regresividad, de progresividad, que implica un seguimiento unificado del presupuesto, no por separado como es hoy”. La diputada mencionó los 50 millones de dólares previstos en la Rendición de Cuentas para destinar a la primera infancia y aunque celebró esa decisión del gobierno, opinó que es necesario dotar esa inversión de mecanismos “para ver que esa inversión esté teniendo el impacto adecuado”, sobre todo, en el contexto de crisis socioeconómica que derivó de la pandemia y que se concentró en hogares donde hay niños, niñas y adolescentes y hogares monoparentales con mujeres jefas de hogar.

El texto propone garantizar “la protección del derecho a la identidad”. “Si no tiene cédula, [el niño] no existe para el Estado uruguayo”, señaló Lustemberg. En lo que respecta a la salud, resaltó la necesidad de atender la “emergencia” derivada de la pandemia en materia de salud mental o “los niños que tienen alteración en el desarrollo, que tienen que tener garantizado por parte del sistema de salud la atención, tanto de prestadores públicos como privados”. “En educación, el Estado uruguayo tiene que garantizar la atención en la primera infancia, infancia y adolescencia”, añadió.

A partir de conversaciones con “todos los integrantes del sistema político”, Lustemberg aseguró que “hay voluntad” de aprobar la iniciativa luego de su discusión. Opinó que es necesario que el proyecto surja de un diálogo interpartidario: “no queremos que sea una ley que salga porque salga. Creemos que en 2022 vamos a poder llegar a un acuerdo de todo el sistema político para que sea un ejemplo de política de Estado”, afirmó.