El Poder Ejecutivo resolvió sancionar a Miguel Ángel Toma, exsecretario de la Presidencia entre 2008 y 2010, en el primer mandato de Tabaré Vázquez, y entre 2015 y 2020, en el último mandato de Vázquez, con la suspensión del ejercicio de su cargo como fiscal de gobierno por seis meses y la retención de haberes, tras la resolución del sumario administrativo iniciado por viajes de misiones oficiales durante 2018 y 2019, informó El País. Dado que estuvo preventivamente suspendido seis meses, se le descontó ese tiempo de la medida, lo mismo que con su salario.
El sábado el presidente Luis Lacalle Pou se refirió al caso durante una recorrida por Colonia y dijo que el funcionario cometió una “falta grave”. “Se instruyó un sumario y se hizo una recomendación jurídica; la sanción más importante que se podía aplicar era la de falta grave, esa era la recomendación y el gobierno actuó en consecuencia”.
En el artículo 74 del Estatuto del Funcionario Público (Ley 19.121) se clasifican las sanciones por faltas leves, graves y muy graves. La normativa establece que “las faltas graves ameritarán la sanción de suspensión a partir de diez días, y hasta por el término de seis meses”, mientras que “las faltas muy graves ameritarán la destitución”.
En setiembre del año pasado el Poder Ejecutivo abrió una investigación administrativa contra Toma por los viajes realizados cuando era secretario de Presidencia, en el marco de las causas Plan Cóndor y Aratirí, con el acompañamiento de una contadora de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. El gobierno consideró que existían contradicciones entre lo declarado por Toma a la Junta de Transparencia y Ética Pública en 2019 y lo que sostuvo durante la investigación de Presidencia.