“Mercedes Vigil: defensora de terroristas de Estado, empleada de la impunidad”, decían los carteles que sostenía un grupo de mujeres en la puerta de la Torre Ejecutiva en la tarde de este lunes. Entre ellas estaba Irma Leites, de la organización Plenaria Memoria y Justicia. Los manifestantes aguardaban a que terminara la reunión de los escritores Mercedes Vigil y Eduardo Abenia, en calidad de representantes del Foro de Montevideo, con el presidente Luis Lacalle Pou, para pedirle la liberación de los represores presos en Domingo Arena. A diferencia de lo que sucede en otras reuniones, la entrada principal de la Torre Ejecutiva estaba cerrada y Presidencia había dispuesto a varios efectivos de la Policía en el lugar.
Leites dijo que el pedido de Vigil es parte de “una estrategia de liberación de los terroristas de Estado sin que hayan cumplido la pena”, y sostuvo que, en última instancia, los representantes del Foro de Montevideo que apoyan esta iniciativa “son alcahuetes de los terroristas de Estado”. Consultada sobre si tenía pensado hablar con la escritora, Leites fue tajante: “No, con los fascistas no se habla”.
De cualquier manera, los manifestantes no tuvieron la oportunidad de cruzarse con Vigil ni Abenia luego de finalizada la reunión, ya que se fueron por la parte de atrás de la Torre Ejecutiva, eludiendo también a la prensa. Vigil tampoco respondió llamadas telefónicas luego del encuentro.
“Ofensiva publicitaria, política y parlamentaria”
La asociación de ex presas y ex presos políticos de Uruguay, Crysol, emitió un comunicado en el que expresaron que el pedido de algunos integrantes del autodenominado Foro de Montevideo “es repudiable” ya que “desconoce todas las normas internacionales y nacionales al respecto”.
“Todos los condenados han gozado de las máximas garantías legales y procesales, con pruebas y evidencias abrumadoras; a nadie se le ha aplicado una ley retroactiva y se le ha tipificado delitos previstos en el viejo Código Penal”, señalaron. Agregaron que “ante esta ofensiva publicitaria, política y parlamentaria de los nostálgicos de la dictadura”, trasmitirán su inquietud a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y otros foros similares.
“Junto a toda la ciudadanía democrática redoblaremos nuestros esfuerzos militantes para lograr que estas iniciativas no prosperen y que los responsables de las grandes violaciones a los derechos humanos de la dictadura y de los crímenes de lesa humanidad sean juzgados, condenados y cumplan los castigos penales que las normas establecen y con la severidad que merecen”, finaliza el comunicado.
En los últimos días, Lacalle Pou se mostró favorable a un proyecto impulsado por Cabildo Abierto que otorga prisión domiciliaria a procesados y condenados mayores de 65 años que se encuentran privados de libertad en cárceles, una medida que beneficiaría a más de 20 represores que se encuentran cumpliendo pena en la Unidad 8 Domingo Arena por crímenes cometidos en la dictadura.