La Comisión de Población, Desarrollo e Inclusión del Senado continúa recibiendo delegaciones para escuchar opiniones sobre los proyectos de “hijos nacidos sin vida” y mortinatos que presentaron el oficialismo y la oposición, respectivamente, este año. Este miércoles fue el turno de una delegación del Ministerio de Salud Pública (MSP), encabezada por el titular de la cartera, Daniel Salinas, quien se manifestó a favor de legislar ante lo que entiende como un “vacío legal” en la materia, pero teniendo en cuenta algunos puntos sensibles como su posible colindancia con la interrupción voluntaria del embarazo o situaciones de violencia de género.
“Me resulta bastante interesante que coexistan dos proyectos sobre el tema, lo que está señalando la necesidad de abordarlo”, consideró el jerarca al inicio de su exposición, y apuntó que “evidentemente” esto demuestra que “hay que trabajar en la legislación y actualizarla”. Acto seguido, Salinas enumeró una serie de puntos positivos y negativos de ambas iniciativas, aunque no se alineó explícitamente con ninguna.
En general, dijo que el ministerio ve “con buenos ojos que se garantice de forma informada la posibilidad de que los padres puedan decidir entre la inhumación o la cremación” –un elemento previsto en ambos proyectos–, así como “la imposibilidad de tratar al niño como desecho, porque es deshumanizar algo muy profundo”.
El proyecto de la colorada Carmen Sanguinetti y la nacionalista Carmen Asiaín prohíbe que los restos del nacido sin vida “sean tratados como desecho hospitalario”, y Salinas también consideró que este punto se debe “analizar con los prestadores de salud, porque al final del camino todo esto termina e impacta en la posibilidad de que estos procedan a su incineración”, así como “la contrapartida” por este servicio. “Hay que tener en cuenta si se incluyen o no dentro de una prestación y esta no se paga. Son detalles, pero el fondo del asunto está bien”, apuntó.
Por otra parte, el ministro se refirió a los límites en la edad gestacional, una de las principales diferencias entre ambas iniciativas. Al respecto, dijo que si bien hoy la normativa vigente –decreto reglamentario 276/019 de la Ley 19.628– “establece la obligatoriedad de expedir un certificado de defunción fetal, lo que habilita su inhumación, y se entiende –hasta ahora, por definiciones internacionales– que es una gestación mayor de 20 semanas y/o un peso superior a 500 gramos”, definición a la que se apega el proyecto del FA, no “hay una prohibición de extender un certificado para muertes fetales más precoces”. “Si bien en un sentido hay una obligatoriedad, por otro lado, no hay una prohibición, nada lo impide”, resaltó.
Asimismo, afirmó que “a veces conseguir ese certificado termina siendo algo muy doloroso para la familia en general y en particular para la madre, en cuanto a dar sepultura a sus hijos nonatos de una menor edad gestacional o peso”, lo cual “es un tema a considerar”. Por tanto, opinó que si bien “quizá no se requiera una ley, si estamos viendo esto como una ley, capaz que se puede incluir”, y que el médico, ya habilitado por la normativa vigente, pase a estar “obligado” por ley. “Compartimos la preocupación y compartimos que hay un vacío en el ordenamiento legal, más allá del tema del decreto en sí mismo que sí se hace cargo en varios aspectos”, reflexionó.
El proyecto de Luz del Cielo y el FA también propone la creación de un protocolo nacional de actuación frente a la muerte gestacional y perinatal “que cuide tanto a madre-padre y cuerpo gestante como al personal de salud”. Al respecto, Salinas afirmó que “no tiene el honor de compartir” lo propuesto, en la medida que no incluye “un presupuesto que lo sustente y que le permita funcionar”. No obstante, el director de Salud, Miguel Asqueta, complementó la devolución sugiriendo la creación de una “comisión asesora honoraria con algunas características hipotéticas y con un período de duración”, para que “no parezca que el MSP dijo que no hay que hacer protocolos o que, como no tiene presupuesto, no va a poder trabajar en ello”.
La voluntad de la mujer y la IVE
Salinas hizo hincapié también en la necesidad de atender especialmente a las situaciones de violencia que puedan derivar de otorgar el derecho a ambos progenitores de optar por la cremación o inhumación, como prevé hasta ahora la iniciativa oficialista. Este ha sido uno de los temas más cuestionados por especialistas y organizaciones sociales. El ministro opinó que aunque “está bien el plano de igualdad, con la misma óptica del plan de igualdad hay que tener cuidado cuando el producto generado es producto de una situación de violencia”, y puso como ejemplo “el producto de la interrupción voluntaria del embarazo fruto de una violación”. “De pronto, el violador y progenitor podría reclamar ese derecho”, advirtió.
Días atrás, Sanguinetti dijo a la diaria que estaría dispuesta a modificar la redacción para priorizar la voluntad de la mujer, atendiendo a las críticas vertidas por distintos actores sobre este punto. Este miércoles, luego de los comentarios de Salinas, Asiaín confirmó que se modificará el texto para “darle preferencia a la madre gestante”. “Cuando uno se pone a estudiar el tema, una de las inquietudes que surgen son las situaciones de violencia. Claro, nosotros nunca lo pensamos para alguien que hubiera decidido un aborto voluntario, sino que está pensado para otro tipo de situaciones”, aseguró la senadora blanca, y añadió que “frente a la hipótesis de que los progenitores no estuvieran de acuerdo, nos parecía adecuado darle preferencia a la madre gestante, porque es de orden”.
Por su parte, Sanguinetti coincidió en que “parece razonable que sea definido por la única voluntad de la mujer”. Asimismo, la legisladora de Ciudadanos aseguró que su iniciativa no colinda con otros derechos sexuales o reproductivos, sino que lo que busca es que en aquellos casos en que se pierde un embarazo deseado, “capaz que antes de las 12 semanas”, “esa madre pueda, si lo desea, inhumar”. “Digo esto porque me da la impresión de que a veces se confunde o pareciera que otorgarles derechos a las mujeres que se encuentran en esa situación estuviera en detrimento de las leyes actualmente sancionadas, y considero imprescindible que eso quede bien claro”, alegó.
Más adelante, Salinas reconoció que “la visión en general del ministro” es que “hay concepción desde el momento en que se concibe y se genera ese encuentro de los gametos”, pero aseguró que “esto no obsta que se preserven los derechos adquiridos”, y opinó que “el clivaje claro que tenemos que hacer, como ya dijimos, es que esto [en referencia a la eventual ley] complemente, pero que no solape o que queden zonas de claroscuro –aquí sí es importante eso– con la ley de interrupción voluntaria del embarazo”. “Es voluntad del ministerio que no haya claroscuros en ese sentido”, enfatizó.