Si bien desde junio a la fecha se ha invitado a algunos docentes sindicalizados para que den explicaciones sobre el convenio que tenían con las pasadas autoridades de Secundaria para justificar faltas, tras casi medio año de funcionamiento, la comisión investigadora que indaga sobre presuntas licencias sindicales irregulares finalmente recibió a las autoridades de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes). En la penúltima sesión de la comisión, dado que la Cámara de Diputados aún no votó la extensión de su funcionamiento, hubo cruces, retiros de sala y hasta pedidos de “borrar” la versión taquigráfica.
A la salida de la sesión, que duró casi tres horas, José Olivera, presidente de Fenapes, dijo a la diaria que dejaron en claro que “hay una investigación sobre la federación” misma, lo cual, según el sindicalista, “es carente de legalidad”. En ese sentido, aludió al artículo 26 de la Ley 16.698, que regula el funcionamiento de las comisiones investigadoras parlamentarias, en virtud que se está indagando a una persona de derecho privado, lo que está vedado por mandato legal.
“Claramente, la finalidad perseguida por la coalición de gobierno no es otra que entrometerse en la vida interna de un sindicato y menoscabar sus conquistas gremiales, convirtiendo esta comisión en un verdadero escarnio público a la federación que presido, con el simple y antijurídico objeto de atentar flagrantemente contra la libertad sindical”, expresó.
A su vez, sostuvo que asistió con la secretaria general del gremio, Alejandra Vespa, pero que el oficialismo no la dejó comparecer. Los legisladores del gobierno pretendían que entraran “por separado” lo cual sería antiestatutario. “Esto demuestra el talante del oficialismo en la comisión”, estableció.
El sindicalista dijo que hicieron entrega del acuerdo que convino el tiempo remunerado para el ejercicio de actividad sindical, que fue producto de un grupo de trabajo bipartito conformado por el Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) y la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay, que luego fue homologado por el organismo en un acto administrativo que está vigente hasta el día de hoy. “Esto nadie lo ha cuestionado, claramente, en ese grupo de trabajo se cumplió con todas las formalidades que implica el proceso de la negociación colectiva”, explicó.
En tanto, la diputada del Frente Amplio (FA) Lilián Galán, quien citó al sindicato para que dé su posición, manifestó en conferencia de prensa que Fenapes mostró “documentos contundentes” sobre lo que se investiga. Desde la bancada opositora llegaron a la conclusión de que tras esta comparecencia y la de la exdirectora general del Consejo de Educación Secundaria Celsa Puente, debe cerrarse la investigación en el Parlamento. “No amerita seguir discutiendo un tema que está fundamentado por documentos muy importantes que tenemos en nuestras manos”, estableció Galán.
La diputada sostuvo que “siempre” dijeron que la investigación en el seno del Parlamento “no tenía sentido”, puesto que la Dirección General de Educación Secundaria hacía lo mismo en paralelo. “Es un circo y hoy nos parece que esta carpa se está cerrando”, fustigó.
A su vez, Galán indicó que es “inédito” que en la comisión se haya pedido “borrar las versiones taquigráficas” y “decir que esta comparecencia no tendría que aparecer”. “Eso sí que nos parece antidemocrático e inédito en la historia de este Parlamento”, agregó.
Insatisfecho
Por su parte, el diputado colorado Felipe Schipani apuntó que Olivera “huyó” de la comisión y que hizo un “monólogo” con preguntas que le hicieron los diputados del FA, pero que se retiró cuando tenían que preguntar los representantes de la coalición de gobierno. “Es lamentable la actitud de no admitir preguntas de los diputados de la comisión que integran la coalición, eso es no estar abierto a la discusión. Sus explicaciones son de una flaqueza tal que el abogado le recomendó que se retire porque era insostenible lo que planteó” respecto a la normativa que justificaba esas “licencias irregulares”, criticó en diálogo con la diaria.
Para el colorado, quedó por preguntarle “absolutamente todo”, en especial, lo vinculado al convenio a partir del artículo 70.10 del estatuto docente de ANEP, que “justificaría todas las inasistencias que aparecían en los certificados”. “Habló de generalidades, de debate del año 2006, pero vinculadas a la ley del fuero sindical, nada con vinculación a la utilización del artículo 70.10 como hacía Fenapes. No apareció el convenio y eso demuestra la poca capacidad de demostrar su existencia”, expresó.
Consultado sobre por qué se retiró de sala sin contestar preguntas del oficialismo, Olivera respondió que “ya habían aguantado demasiado”. “Se dejó claramente demostrado el uso intencional por parte del diputado denunciante [Schipani] del concepto de certificado falso, se demostró jurídica y materialmente que no les pedíamos certificados porque no somos depositarios de la fe pública, no somos un organismo público, no hay ley que le haya conferido al sindicato la entrega de certificados”, reveló.
A iniciativa del oficialismo, el 14 de diciembre se pondrá a consideración de la cámara baja una nueva extensión de la actuación de la comisión por seis meses -incluido el receso-, puesto que el 15 debería terminar su labor. Según supo la diaria, el FA no estaría dispuesto a votarla.