El Consejo Superior Tripartito del sector público se reunió este martes para dialogar, principalmente, sobre el ajuste salarial de enero para los funcionarios públicos. En este marco, autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y dirigentes sindicales de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) no llegaron a un acuerdo.
José Lorenzo López, secretario general de COFE, explicó a la diaria que lo planteado por el Poder Ejecutivo (PE) es una “definición cerrada, sin margen de modificarla”, y se reduce, nuevamente, a un ajuste salarial que se mantendrá por debajo de la inflación de este año. Aseguró que desde el Ejecutivo ‒de acuerdo al artículo 4 del Presupuesto Nacional votado en 2020‒ se prevé una inflación para 2022 de 5,8%, a la que se le agrega un “componente recuperación” de 1,2%, por lo que el ajuste salarial sería de 7%.
López manifestó que con el aumento dado de 4,41% en enero de 2021 y la inflación de 9,41% en 2020 , los funcionarios perdieron 5% de salario real. Tomando el ajuste definido ahora y considerando una inflación de 8%, COFE calcula que perderán un punto porcentual más y la caída acumulada del poder de compra “será de 6% mínimo”.
Por otro lado, afirmó que hubo dos acuerdos puntuales. En primera instancia, se convocará a mesas de negociación de los distintos sectores para la primera quincena de abril, en las que se determinará “cuál es la pérdida y cómo se va a recuperar”. La etapa de movilización, por tanto, se efectuará a partir de ese mes, indicó.
En diálogo con la diaria, el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, aseguró que “el compromiso del gobierno es recuperar la pérdida generada en el transcurso del período de gobierno”. Argumentó que por esa razón, además de la inflación esperada, se estableció la recuperación, “con la garantía de que si la inflación esperada para 2022 es mayor que 5,8%, la diferencia se va a pagar el primero de enero de 2023”. Asimismo, en esta última fecha “se va a pagar un aumento por la inflación esperada de 2023, sumado a la diferencia entre la ocurrida y la esperada, más otro componente de recuperación, que es el que se va a acordar en ese grupo de trabajo”, explicó el jerarca.
Durante el período previo a la mesa de trabajo de abril, no habrá manifestaciones sindicales porque en varios sectores bajo el ala de COFE se logró extender por dos años el convenio vigente, que según López “tiene algunos beneficios, presentismo y otros tópicos”.
Sin perjuicio de estos puntos, el secretario general de COFE alertó que “es grave que nuevamente el salario ajuste por debajo de la inflación”, y que tendrá un impacto directo en el índice medio de salario. En consecuencia, “las pasividades, jubilaciones y pensiones que se miden por ese índice” también se verán afectadas con una “pérdida del poder adquisitivo”.
Según López, al sumar una baja del poder adquisitivo de los salarios privados y los públicos, “el mercado interno claramente se va a resentir, sobre todo los pequeños comercios”. Para Mieres, sin embargo, lo planteado es “una exageración”: “Tendría que haber una pérdida muy fuerte, y estamos hablando de un 1%. Eso no explica una retracción en el consumo”, concluyó.