Este martes se publicó el informe de la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea) del precio de paridad de importación (PPI), referencia que determinó el gobierno para definir el ajuste del precio de los combustibles al público. Dicho informe, que toma en cuenta los costos de producción de un importador teórico, recomendó una rebaja en el precio de todos los combustibles, y este miércoles se prevé que el gobierno anuncie la decisión de cara a enero.
Según el PPI que abarcó el período del 25 de noviembre al 26 de diciembre, el valor a la salida de la planta de Ancap —resta sumarle los márgenes de la cadena secundaria y los costos de distribución— muestra una reducción respecto del mes previo: -3,97% la nafta Premium; -4% la nafta Super; -6,45% el gasoil 50 S y -6,44% el gasoil 10 S —de uso marginal—. Las autoridades definirán ahora el ajuste de enero tomando en cuenta estos números y el mensaje que enviará Ancap al Poder Ejecutivo, en el que comunica la previsión financiera y de producción de la empresa.
Otro aspecto a tener en cuenta es que el primer mes del año se ajusta el impuesto específico interno (Imesi) que tienen los combustibles, en general al mismo nivel que la inflación. Esto puede determinar una suba del precio final, aunque también puede ser un costo absorbido por Ancap que no se traslade al surtidor.
En los últimos tres meses el gobierno se apartó de la referencia y definió mantener sin cambios el precio al público, según se explicó, en virtud de las ganancias extraordinarias de Ancap por las ventas a UTE por la exportación de energía a Brasil. Si bien el PPI subía y también los costos de producción, la petrolera estatal compensaba eso con lo ganado vía UTE.
Desde que se empezó a aplicar el mecanismo establecido en la ley de urgente consideración (LUC) para ajustar cada mes las tarifas de los combustibles -artículos que se busca derogar en el próximo referéndum- hubo tres aumentos, en junio, julio y agosto, una baja menor a un peso en setiembre, y así se llegó a octubre, noviembre y diciembre, meses en los que se decidió no modificar las tarifas a pesar de que la regla del PPI marcaba un incremento.