Desde México, donde se encuentra en una visita oficial, el presidente argentino, Alberto Fernández, se refirió al escándalo que generó la vacunación contra la covid-19 a la que accedieron decenas de personas, entre ellas varios políticos, antes de que les correspondiera y gracias a las gestiones del Ministerio de Salud. Afirmó que el caso es “lo suficientemente grave” como para que haya renunciado el ministro Ginés González García, que dejó el cargo el viernes a pedido de Fernández. Pero consideró que no hay un delito para que investigue la Justicia penal.

“En circunstancias irregulares se vacunó a un grupo de alrededor de 70 personas”, dijo el presidente argentino. Pero aclaró que en algunos casos se trató de “personas que estratégicamente debían vacunarse” porque tenían que representar al país en el exterior, entre ellos el ministro de Economía, Martín Guzmán, y su equipo, así como el senador Jorge Taiana y el diputado Eduardo Valdés, aunque estos dos últimos finalmente no viajaron a México con él tal como estaba previsto. “Cuando tomé nota de lo que había pasado, reaccioné y perdí a un ministro”, dijo en conferencia de prensa.

La lista de personas vacunadas en el hospital Posadas fue difundida por el Ministerio de Salud, e incluye también al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, al exgobernador de la provincia de Buenos Aires y actual embajador en Brasil, Daniel Scioli, y al expresidente Eduardo Duhalde, su esposa, la exsenadora Hilda Chiche González de Duhalde, y las dos hijas de ambos.

“He leído que han hecho una denuncia. El hecho ya es lo suficientemente grave como para que un ministro de la talla de Ginés haya tenido que renunciar. Les pido a los fiscales y a los jueces que terminen con las payasadas”, dijo Fernández. “No hay ningún tipo penal en la Argentina que diga ‘será castigado el que vacune a otro que se adelantó en la fila’”, agregó.

“No sé quién aprobó las vacunaciones irregulares. Ya dimos respuesta. Y si quieren trabajar tienen un montón de delitos para investigar. Pueden investigar el negocio de los peajes de [el expresidente Mauricio] Macri, pueden investigar el terrible y lamentable endeudamiento que la Argentina vivió, que no fue otra cosa que un negocio para los amigos del poder”, aseveró Fernández.

En respuesta, los diputados del partido de Macri, Propuesta Republicana, dijeron en un comunicado que “Fernández se desboca una y otra vez ante las crisis”, y que “su intromisión en los otros poderes del Estado debilita la democracia por excederse en sus atribuciones constitucionales y coloca al país en un contexto de inseguridad jurídica aberrante”. Le recordaron que “desde la iglesia [católica] hasta Human Rights Watch censuran el escándalo sanitario de su gobierno”.

Durante su intervención ante los medios, el presidente argentino manifestó: “Detesto los privilegios; no los ejerzo ni me valgo de ellos; no soporto que eso ocurra”. En este contexto, Fernández, que fue inmunizado contra la covid-19 en un acto público, como lo hicieron otros presidentes, aclaró que lo hizo para generar “confianza ciudadana ante la campaña despiadada que hizo la oposición para hacerle sentir a la población que la Sputnik V era veneno”. Por ese motivo, “para generar confianza”, también se vacunaron la vicepresidenta Cristina Fernández y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó. El presidente recordó que incluso fue denunciado por “estar distribuyendo veneno y ahora resulta que los que denunciaron piden que por favor se les dé el veneno a ellos y que consiga más”.

Ayer la fiscalía pidió que se desestimara la denuncia, presentada por la diputada Elisa Carrió y tres diputados de la Coalición Cívica, que acusaba a todos los involucrados en la compra de la vacuna de atentado contra la salud pública, defraudación al Estado e incumplimiento de deberes por parte de un funcionario público.

Por otra parte, el lunes se presentaron 14 denuncias por el caso de esas decenas de personas vacunadas antes de que les correspondiera. La primera fue impulsada por Yamil Santoro, un abogado opositor, y fue asignada por sorteo a la jueza María Capuchetti, y por eso las demás fueron dirigidas hacia su juzgado. El fiscal Eduardo Taiano imputó a Ginés González García y a su sobrino, Lisandro Bonelli, que era el jefe de gabinete de la cartera, en una investigación en la que intenta determinar si hubo irregularidades en la aplicación de la vacuna.

También fueron denunciados el jefe de gobierno porteño, el macrista Horacio Rodríguez Larreta, y su ministro de Salud, Fernán Quirós, acusados de privatizar la vacunación contra la covid-19 mediante las instituciones de salud privadas y de beneficiar así a unos sectores de la población sobre otros.