Una observación del Tribunal de Cuentas al presupuesto elaborado por Ancap hizo que de momento la empresa estatal funcione por mandato legal con el último presupuesto aprobado, el de 2019. Sin embargo, no está alineado a lo dispuesto por el gobierno para las empresas públicas, ya que el presupuesto fue realizado por la anterior administración, y el directorio de la petrolera votó una resolución para mantener las partidas por encima de la previsión dentro de la gerencia general, para no ejecutarlas.

A su vez, para lograr que se apruebe el presupuesto para 2021, ahora el Poder Ejecutivo deberá enviar el presupuesto –con la observación del Tribunal de Cuentas sin levantar, porque Ancap discrepa con el criterio– a la Asamblea General, que debatirá el tema y puede votarlo por una mayoría de dos tercios, o aprobarlo al dejar correr un plazo de 40 días. 

“La partida asignada en el proyecto de presupuesto a aprobar [el elaborado por las autoridades actuales del ente] es significativamente menor a la partida del presupuesto vigente”, indicó el directorio de Ancap el 6 de marzo, y “se corre el riesgo de comprometer partidas por encima de las asignadas al presupuesto 2021”. Frente a esto, se resolvió “aprobar la adaptación de las partidas presupuestales que excedan el gasto” y que el dinero por encima de la previsión quede en la órbita de la gerencia general, para “centralizar el control hasta tanto sea aprobado” el nuevo presupuesto.

Tal como informó El Observador días atrás, la resolución tuvo el voto contrario del director de Ancap por el Frente Amplio (FA), Walter Sosa. En la exposición ante el directorio –a la que accedió la diaria–, consideró que la empresa estatal se está “autoimponiendo” un “ajuste” con la decisión y sostuvo que está facultada por la Constitución para “ejecutar un monto mayor”.

¿Por qué Ancap tiene este inconveniente con el presupuesto? Hay que remitirse a la Constitución, y dos artículos que regulan la forma de aprobación y contralor hacia la interna del Estado de los presupuestos de los entes públicos, como Ancap. Estos deben proyectar sus gastos e inversiones, luego “elevarlos al Poder Ejecutivo y al Tribunal de Cuentas cinco meses antes del comienzo de cada ejercicio”, y ambos pueden realizar observaciones. A su vez, “mientras no se aprueben los proyectos de presupuestos, continuarán rigiendo los presupuestos vigentes”.

Por un lado, el artículo 221 prevé que “el Tribunal de Cuentas dictaminará dentro de los 30 días de recibida” la previsión de Ancap –o cualquier ente estatal– si tiene alguna objeción, y de ocurrir “devuelve” el presupuesto a la empresa. Así pasó y el ente respondió las puntualizaciones del órgano de contralor, pero en una segunda instancia este último mantuvo una observación, que refiere a la falta de disponibilidad financiera para ejecutar un programa de energía incluido en el presupuesto.

La Constitución establece que de pasar esto y la empresa estatal no tener “conformidad” con la observación, “los proyectos de presupuestos se remitirán a la Asamblea General”, donde senadores y diputados “resolverán en cuanto a las discrepancias” por “el voto de los dos tercios del total de sus componentes” –con la integración actual del Parlamento, se requiere el apoyo de la oposición–. Aunque si no se resuelve “dentro del término de 40 días se tendrá por aprobado el presupuesto” que remitió el Ejecutivo.

En agregado a esto, el artículo 228 consigna que “la vigilancia en la ejecución de los presupuestos y la función de contralor de toda gestión relativa a la Hacienda Pública será de cargo del Tribunal de Cuentas”, y agrega que mientras no se apruebe un nuevo presupuesto, regirá el vigente.

Un debate que se reeditará en el Parlamento

Uno de los temas que más encendieron el debate a nivel político en 2020, en el marco de la votación del presupuesto, fue lo previsto para las empresas públicas en materia de gastos de funcionamiento e inversiones. A nivel del Ejecutivo, es la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) la que establece las pautas para los presupuestos de los entes, y en el caso de Ancap ocurrió que el directorio se quejó en octubre por la limitación establecida para la contratación de asesores, informó El Observador.

En junio, cuando el directorio del ente petrolero votó el presupuesto que aún no se pudo aprobar definitivamente, el director por la oposición cuestionó sus efectos, y en la exposición de su voto contrario a la reciente resolución de Ancap lo reiteró. “No comparto los lineamientos de la OPP porque no permiten el necesario desarrollo de Ancap”, ya que “limita” el ingreso de funcionarios y reduce las inversiones y los gastos operativos, “impactando en la mantención de la calidad de los servicios”.

Sosa añadió: “Si miramos a futuro, estos recortes profundos que nos impuso la OPP no serán fáciles de revertir en Ancap”. Por esto es que consideró a nivel del directorio al votarse el 6 de marzo la limitación del gasto del presupuesto vigente: “No puedo votar este ajuste que nos autoimpondríamos porque el presupuesto votado el año pasado no pudo superar todas las observaciones del Tribunal de Cuentas ni fue aprobado por el Poder Ejecutivo”. Sosa subrayó que el ente está “amparado por el artículo 228 de la Constitución de la República, que se encuentra por encima de las decisiones del Poder Ejecutivo, a ejecutar un monto mayor”.

Una fuente del FA consideró que “se generará un hecho político” al volverse a debatir próximamente el presupuesto de Ancap en la Asamblea General. De hecho, las diferencias respecto del funcionamiento del ente y su principal decisión política, la tarifa de los combustibles, no se limitan a la visión de la oposición y el oficialismo, porque a la interna de la coalición conviven distintas posiciones.

Esto quedó demostrado desde el inicio del gobierno, cuando se incluyó en el proyecto de ley de urgente consideración la desmonopolización de los combustibles, medida que no tuvo el aval de los socios –era una propuesta de campaña del Partido Nacional (PN)– y no terminó siendo parte de la ley. En sustitución, se aprobó un esquema que prevé en un mediano plazo que las tarifas se fijen en función del precio de paridad de importación, un cálculo teórico que realiza la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua que ha causado polémica, incluso con críticas por parte de Ancap. 

La decisión más próxima que debe tomar el oficialismo respecto del mercado de combustibles pasa por definir el futuro del biocombustible –biodiésel y etanol, que produce Alcoholes del Uruguay (ALUR), subsidiaria de Ancap– luego de que el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) recomendara en un informe presentado a la Asamblea General la eliminación del biodiésel que se mezcla con el gasoil. Sin embargo, aún debe remitirse un proyecto al Parlamento para modificar la ley de biocombustibles, y el Ejecutivo formó una comisión interministerial para analizar el asunto.

Esta demora no es compartida por el senador del PN Sebastián da Silva, quien señaló semanas atrás que de no llegar el proyecto del gobierno, presentará uno en igual sentido. Además, Da Silva cuestionó el viernes “el plan comercial para la zafra de colza” de ALUR, insumo utilizado para la producción de biodiésel. “Es exactamente lo contrario al informe del gobierno para terminar de mezclar biodiésel. Sería la mezcla más cara de la historia del Uruguay con la colza a 450 dólares por toneladas. Esto encarecerá más el precio del gasoil”, señaló a través de Twitter. 

Denuncia penal por Carboclor y director opositor apunta al rol del ministro

Luego de decidir a fines de enero terminar las negociaciones que venían de hace meses con la firma árabe Pure Life General Trading para la venta de la subsidiaria argentina del rubro petroquímico Carboclor, Ancap presentó una denuncia penal para que la Fiscalía investigue el proceso. Abarca a las compañías y los empresarios locales y extranjeros que formaron parte de la negociación, debido a que presentaron información presuntamente falsa.

Así lo informó el jueves el semanario Búsqueda, que agregó que entre los mencionados en la denuncia está el secretario general del Instituto Uruguayo de Meteorología, Raúl Costa, quien hizo gestiones para la firma árabe ante el gobierno. La oferta era por 45 millones de dólares y semanas atrás el ministro de Industria, Omar Paganini –la oferta inicialmente llegó al MIEM–, dijo a la diaria que “parecía interesante por el precio y la oportunidad de vender una unidad que no es estratégica para Ancap”, por lo que trasladó el asunto al ente, que comenzó “los chequeos y las revisiones” sobre los oferentes.

Ese proceso incluyó discusiones a nivel del directorio, con cuestionamientos por parte del director del FA y también del representante de Cabildo Abierto hasta diciembre en el ente, Enrique Pees Boz, informó el semanario Brecha tiempo atrás. Cuando en enero decidió culminar la negociación, Ancap sostuvo que fue “ante la constatación de la falta de capacidad financiera y de antecedentes del oferente”, en virtud, entre otras cosas, de un informe del estudio Brum Costa que ponía en duda el origen de los fondos de Pure Life.

Sosa, director por la oposición de Ancap, dijo que el desenlace con la denuncia penal demuestra las irregularidades del proceso. “Esto culmina como se inició: mal. No se tuvieron en cuenta las luces amarillas que iban apareciendo en el camino y se avanzó cuando esta empresa no cumplía con los requisitos ni las garantías”, expresó.

El director designado por la oposición cuestionó el rol de Paganini en la negociación, cuando al inicio del proceso intervino en su opinión para “apresurar el procedimiento” en busca de que Ancap diera un aval de aceptación condicional a la firma árabe que pretendía comprar Carboclor, lo que sería “casi una adjudicación directa” que luego Ancap descartó y convocó a licitación.

En el proceso de negociación con Pure Life hubo “una sucesión de irregularidades muy llamativas; nunca tuve, al menos yo, una información que validara la autenticidad de las personas que estaban del otro lado”, dijo Sosa. El director agregó que “corresponde que la Justicia analice si hubo o no un hecho delictivo” por parte de los interesados en Carboclor y los intermediarios, que presentaron un número de cuenta del banco de Shanghái inexistente. Una fuente del ente comentó a la diaria que es “poca la expectativa de que algo prospere” con la denuncia, porque las posibles implicadas son personas físicas y jurídicas del exterior.