España legalizó la eutanasia y el suicidio asistido

Los españoles o los residentes legales que tengan enfermedades graves e incurables, padecimiento crónico e imposibilitante que provoque un sufrimiento intolerable podrán solicitar ayuda para morir. Así lo determinó este jueves el Congreso español, que votó con 202 votos a favor -de los partidos de izquierda, de centro y regionalistas-, dos abstenciones y 141 votos en contra -principalmente de la derecha- la propuesta de ley de eutanasia del gobierno del socialista Pedro Sánchez.

Los diputados españoles habían aprobado en diciembre del año pasado la Ley Orgánica para la Regulación de la Eutanasia, con los únicos votos en contra del Partido Popular (PP) y el ultraderechista Vox. La norma fue aprobada por los senadores el 10 de marzo, pero con algunos cambios, por lo que finalmente fue aprobada por las Cortes Generales del Congreso (un órgano similar a la Asamblea General uruguaya) este jueves.

La ley, que entrará en vigor dentro de tres meses, le impone al paciente varias condiciones: además de tener la nacionalidad natural o la residencia legal, la persona deberá ser “capaz y consciente” al hacer la petición por escrito y deberá repetirla 15 días después.

Asimismo, el médico tratante siempre podrá rechazar la solicitud si considera que no se cumplen los requisitos. El pedido, además de contar con ese aval, deberá tener la aprobación de otro médico ajeno al caso y pasar por una comisión de evaluación. Por otra parte, la normativa establece que cualquier profesional de la salud puede alegar “objeción de conciencia” y negarse a participar en el procedimiento, que deberá ser costeado por la salud pública española.

De esta forma España se convierte en el séptimo país en el mundo en que la eutanasia está habilitada. Se suma así a Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá, Nueva Zelanda (la normativa entra en vigor en noviembre) y Colombia, donde la práctica tiene el visto bueno del Tribunal Constitucional, pero el Parlamento no aprobó una ley que la regule.

Apenas terminó la votación, los legisladores del derechista PP permanecieron sentados en sus escaños, sin aplaudir, a diferencia del resto de los diputados, que llenaron el recinto de aplausos y gritos. Por su parte, los diputados del ultraderechista Vox mostraron sus computadoras abiertas con la frase “la derogaremos” en la pantalla, lo que provocó que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, les recordara que en la cámara no se puede hacer uso de pancartas y que deben ejercer la libertad de expresión por medio de la palabra.

Tanto el PP como Vox anunciaron la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la nueva norma; Vox incluirá la petición de suspensión en tanto el alto tribunal no se pronuncie al respecto.

Desde Vox se tildó a la ley como “una norma de muerte” que “sobrepasa los límites de un Estado democrático”. “Decimos adiós a la vida, a los derechos humanos y a los principios de la Constitución”, clamó su portavoz Lourdes Méndez, según consigna El Mundo de España.

En el lado opuesto, los legisladores de Unidas Podemos han remarcado que 82% de los ciudadanos pedían esta ley, al tiempo que calificaron a la oposición de “intolerantes” y la acusaron de querer “imponer su moral”. Los defensores del proyecto subrayaron que “se trata de un derecho y no una obligación”, un “ejemplo de empatía legislativa para aquellas personas para quienes no hay paliativos suficientes capaces de aliviar su situación”, recoge el medio local.

La ley también fue celebrada por organizaciones que defienden “el derecho a la muerte digna”. Para Ramona Maneiro, defensora de este derecho desde que ayudó a morir al protagonista en la vida real de la película ganadora del Oscar Mar adentro, por lo que fue detenida aunque no condenada, la ley es una victoria “para la gente que puede beneficiarse de ello”, aseguró a la agencia de noticias AFP.

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