Este viernes la Justicia falló a favor de una de las familias que viven en el asentamiento Nuevo Comienzo, por lo que el Estado está obligado a darles una vivienda digna en 24 horas; además, el lunes 5 de abril se resolverán los casos de otras dos familias que presentaron un pedido de amparo.

La sentencia dice que la familia “como consecuencia de la crisis económica perdió el lugar que constituía su vivienda y ante la ausencia de oportunidades y respuestas estatales ante la desesperación de quedar en situación de calle en el mes de enero de 2020, ocupó junto con otras, un terreno que llevaba más de diez años abandonado por sus propietarios”, informó Montevideo Portal.

Además, el documento dice que la situación de vulnerabilidad “quedó probada” y que los derechos de las familias “deben ser protegidos”.

Las familias son defendidas por el abogado Juan Ceretta, que además de llevar el caso presentó un recurso ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas. Este organismo solicitó a principios de febrero la suspensión de los desalojos si es que el Estado no podía garantizar el derecho a una vivienda digna de los ocupantes, y volvió a insistir esta semana con el pedido, en virtud de que la Justicia continuó con el proceso judicial.

Todo comenzó en enero del año pasado, cuando se efectuó la primera denuncia por parte de Dervalix Sociedad Anónima, una empresa de gestión logística portuaria que es la supuesta dueña de los terrenos.

Entonces, Ceretta presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial “pidiendo que se condene al Ministerio a dar una solución habitacional a estas personas y sus familias”. Dicho recurso fue fundado en el derecho a la vivienda y fundamentalmente desde la óptica de los niños, ya que tres de estas cuatro personas tienen hijos menores, por lo que en esos casos el recurso fue a parar a un juzgado de familia.