El exsecretario de la Presidencia Miguel Ángel Toma (2015-2020), con una investigación administrativa en curso ordenada por el gobierno por presuntas irregularidades en las misiones oficiales al exterior, recibió un fallo judicial favorable en su reclamo por una “recusación” contra el presidente Luis Lacalle Pou. En su opinión hubo prejuzgamiento, en virtud de “determinados juicios de valor” atribuidos al mandatario, y luego de que su solicitud no fuera avalada ni por Presidencia ni por el juez Gabriel Ohanian, ahora el Tribunal de Apelaciones aceptó un pedido de amparo por cuatro votos contra uno. 

Esto dispara otro procedimiento que, según explicó el abogado defensor de Toma, Daniel Ochs, terminará en un plazo de entre una semana y diez días, cuando un juez fallaría reconociendo “la omisión” del gobierno y ordenaría “instruir una recusación”. Esto significa una investigación interna para saber si hubo o no prejuzgamiento, porque lo dispuesto por el Tribunal de Apelaciones “no se mete en el contenido” de la recusación, sobre la que debe expedirse el Ejecutivo. 

¿Cuál es el argumento de Toma? Se basa en una disposición legal que establece que “los funcionarios intervinientes en el procedimiento administrativo deberán excusarse y ser recusados cuando medie cualquier circunstancia comprobable que pueda afectar su imparcialidad”. Se menciona como una de las causas de esta conducta “haber dado opinión concreta sobre el asunto en trámite”, esto es “prejuzgamiento”. La norma explica que la recusación del funcionario catalogado como imparcial no suspende el procedimiento, pero “la autoridad competente” debe separarlo “preventivamente” de la función asumida.

Estos planteos fueron avalados por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Séptimo Turno, informó El Observador. La sentencia del 12 de marzo, a la que también accedió la diaria, indica que “se torna necesario sustanciar el proceso de amparo” solicitado por Toma, “a los efectos de oír” su planteo y aún con el sumario en curso “arribar a una decisión sobre la insatisfacción jurídica que el actor ostenta”. Esto debido a que “en caso de cristalizarse” el prejuzgamiento que aduce el exjerarca, se “podría afectar su derecho fundamental al debido proceso”.

Previamente, esta argumentación no fue de recibo para el juez Ohanian, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo –que se expide sobre los actos dentro de la Administración Central–, basándose en que Toma recusaba una investigación que aún estaba en curso. “Para el caso de que efectivamente el promotor entienda que la decisión que recaiga en el expediente administrativo fuera objeto de prejuzgamiento, a su respecto podrá interponer los recursos administrativos y la acción de nulidad. Pero todo ello, una vez que exista una decisión que al presente no existe”, señaló.

Antes de ir a la Justicia, Toma había buscado la recusación al presentar un recurso ante Presidencia a mitad de diciembre, que en enero el gobierno rechazó. En esa oportunidad, el exsecretario de la Presidencia sostuvo que las autoridades habían hecho caso omiso a un informe del área jurídica que indicaba investigar el proceso en su contra. 

Este asunto tuvo su inicio en setiembre del año pasado, cuando apareció información de prensa sobre los viajes de Toma y presuntas irregularidades, lo que tomó estado político y generó, entre otras cosas, que Presidencia iniciara una investigación administrativa. Ariel Sánchez, número dos de la Oficina Nacional del Servicio Civil, lideró el expediente y halló “una clara contradicción” en las explicaciones del exsecretario de la Presidencia, de lo que entendió surgen “hechos irregulares”. Esto derivó en el inicio del sumario, firmado por Lacalle Pou, que Toma pretende recusar por prejuzgamiento. 

Aparte de sumariado, Toma fue separado del cargo de fiscal de gobierno –puesto que mantuvo en reserva mientras fue secretario de Presidencia– por seis meses. La investigación iniciada responde a una contradicción entre las declaraciones del funcionario ante Presidencia y la Junta de Transparencia y Ética Pública, cuando dio explicaciones sobre los viajes realizados entre 2018 y 2019 junto con una contadora de la Secretaría Antilavado en el marco de los juicios por el Plan Cóndor.

En declaraciones al portal 24 Siete, Toma sostuvo luego de conocido el fallo del Tribunal de Apelaciones que “el pronunciamiento de la justicia civil demuestra que había un designio y una operación política” en su contra. En esa línea, añadió: “Antes de empezar a investigar y de iniciarse el sumario se prejuzgó y ahora la Justicia ordena que se investigue lo que cuestioné, es decir, si el presidente debe o no apartarse del proceso iniciado”.