Este miércoles, como complemento de la conferencia de prensa y los anuncios realizados horas atrás por el gobierno, las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) repasaron en una presentación las medidas y los números que implican. Los recursos volcados a los hogares más vulnerables, los gastos sanitarios, las medidas para sostener el empleo y ayudar a las empresas sumarán este año unos 900 millones de dólares, equivalentes a 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB), informaron.

La titular del MEF, Azucena Arbeleche, señaló que hay previstos 130 millones de dólares en ayuda a la población de menores ingresos, 420 millones de dólares en “apoyo directo a lo sanitario” —vacunas, ampliación de CTI, test diagnósticos— y 350 millones de dólares en medidas para “el sector productivo y el empleo”. Durante la conferencia, la ministra sostuvo: “No nos vamos a quedar atrás con los apoyos que sean necesarios”.

Arbeleche agregó que se realizó “un manejo cauteloso de los dineros públicos, focalizando y estudiando cuáles sectores necesitan” una ayuda del Estado. A su vez, indicó que los ahorros logrados en “gastos estructurales” —no vinculados a la pandemia— permitieron “dar recursos para atender” los impactos del coronavirus y “a los sectores vulnerables”.

En la conferencia del martes de noche, el gobierno anunció un subsidio de 7.300 pesos por tres meses para unos 8.000 trabajadores informales de sectores afectados por la restricción en la movilidad, y reinstauró un apoyo de igual monto para unos 12.500 monotributistas bajo el programa del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). Además, renovó la duplicación de las asignaciones familiares y la canasta alimenticia, que alcanza a 320.000 personas.

Asimismo, se presentaron medidas para las firmas de una gama de sectores ‒gastronomía, hoteles, agencias de viaje, servicios turísticos, transporte y cantinas escolares, gimnasios, freeshops, organización de eventos y proveedores de servicios en fiestas‒: la exoneración de aportes patronales para 8.000 micro y pequeñas empresas (mipymes), más flexibilidad en el acceso a crédito y para abonar las obligaciones tributarias, y un descuento de 100% del cargo fijo de UTE para 36.000 empresas.

Arbeleche repasó las medidas para las empresas y sostuvo que el foco se mantiene en las de pequeño y mediano porte, así como en los sectores definidos como afectados por la menor actividad y las medidas de restricción a la movilidad. Mencionó las exoneraciones y facilidades de pago de impuestos, así como el fomento del “acceso a la liquidez, que es fundamental para que esos problemas no hagan cerrar empresas”.

El subsecretario de Economía, Alejandro Irastorza, dijo que “una medida muy potente” y que había sido reclamada por distintas gremiales de empresarios que se reunieron con el MEF refiere a las deudas impositivas. Esto en referencia a empresas que no pudieron afrontar estos pagos durante los meses de pandemia y lo adeudado les “generaba inconvenientes para trabajar”. Las deudas de aportes al Banco de Previsión Social (BPS) desde mayo de 2018 se podrán abonar hasta en 36 cuotas sin interés, y las multas y recargos generadas por el incumplimiento se pueden pagar hasta en 72 cuotas a una tasa de 2% anual.

Además, mencionó la exoneración del pago del cargo fijo en UTE, OSE y la telefonía fija para las micro y pequeñas empresas y sectores afectados hasta junio. La ministra señaló que las empresas públicas resignan unos cinco millones de dólares por estas medidas.

En materia de inversiones, el número dos del MEF indicó que la Comisión de Aplicación (Comap) —que analiza los proyectos de empresas y otorga exoneraciones en virtud de una serie de variables ponderadas— recibió al 31 de marzo emprendimientos por unos 2.300 millones de dólares, que “se van a realizar en este período”. Esto incluye el régimen general (1.700 proyectos por 1.800 millones de dólares), el de viviendas promovidas (80 proyectos por 200 millones de dólares) y el de construcciones de gran porte (370 millones de dólares).

A su turno, la directora de Política Económica del MEF, Marcela Bensión, repasó las medidas en materia de crédito para empresas. Sobre el Sistema de Garantías que permite a las firmas tomar préstamos con una parte del monto garantizado por el Estado con ciertos beneficios, informó que pasó de apalancar 20 millones de créditos de empresas previo a la pandemia a cerca de 800 millones de dólares al cierre de marzo —de los cuales hay 550 millones de dólares garantizados por el Estado—.

Bensión también se refirió a las medidas de “apoyo al empleo”, como la extensión de los seguros de paro flexibles y la reducción de los requisitos de trabajo para acceder al subsidio en los sectores afectados —de seis a un mes y de 75 a 12 jornales—. Además, resaltó que todos quienes tengan interrumpido su vínculo laboral este año mantendrán la cobertura mutual. En agregado a la ayuda social a través del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), señaló que se destinan cerca de diez millones de dólares para “ollas, merenderos, comedores y refugios”.

En la dirección correcta, pero “insuficientes”, coinciden PIT-CNT y mypes

Como primera reacción a los anuncios del martes, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo a la diaria que “muchas de las propuestas van en la dirección correcta, pero son insuficientes para atender la emergencia social y a las pequeñas empresas”.

Pereira señaló que “reconoce” que “por primera vez nuestro planteo de renta de emergencia” está contemplado por el gobierno, aunque para “un universo escaso (20.000 personas) si hablamos de que hay 300.000 informales y el importe está lejos de un ingreso mínimo nacional”. Agregó que el hecho de que aparezca este concepto de subsidio directo “es un avance, que hay que verlo como un logro del PIT-CNT, y una muestra de que nuestro planteo era justo”.

También indicó que las autoridades “aflojan más dinero ante el clamor de muchos sectores”, aunque de todas formas los 900 millones de dólares de gasto anunciados “siguen pareciendo insuficiente en la comparativa internacional”.

El presidente de la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas (Anmype), Pablo Villar, manifestó a la diaria que “se valoran” medidas como la extensión del seguro de paro flexible, el vencimiento de las cuotas de créditos vigentes, la eliminación de adelantos del IRAE que pagan las firmas y la exoneración del cargo fijo de los servicios públicos —en los dos últimos casos pidió extenderlo a todas las mipymes y no sólo a sectores afectados—, pero que el paquete general para el sector lo ve “insuficiente”.

Sobre lo destinado a subsidios y ayuda social, Villar expresó que el monto resulta “insuficiente” si se pretende no sólo “atender a necesidades básicas insatisfechas sino además reactivar el sector del comercio interno”.

“Se debe de hacer un mayor esfuerzo desde el Estado para defender los niveles de formalización de las empresas, evitar sus quiebras y sobre todo sostener al máximo los niveles de empleo e ingresos genuinos. Esta sería la mejor inversión pública en este período”, concluyó el presidente de Anmype.

El martes a la noche, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Juan Martínez, dijo a la diaria que “el gobierno focalizó en los sectores correctos las medidas” y atendió los reclamos.

No baja del combustible implica 60 millones de dólares, ¿a quién beneficia?

La ministra de Economía dijo que a los gastos estimados para 2021 relativos a la pandemia “deben sumarse” otros que no integran el Fondo Coronavirus, porque “son renuncias fiscales que hace el Estado o resignación de ingresos”. En esto último encuadra el anuncio hecho la semana pasada, sobre no aumentar los combustibles por el momento pese al aumento de 30% del barril de petróleo entre diciembre y marzo. Repasó que esto implica una pérdida para Ancap de 30 millones de dólares en abril, y de igual monto en todo el período previo.

En total se trata de 60 millones de dólares, que el gobierno explicó que destina a no subir los combustibles por los impactos que tendría eso en los sectores productivos y en la población. Un trabajo de la consultora Exante buscó determinar quiénes se ven beneficiados por esta medida.

Con base en datos de la Encuesta de Gastos e Ingresos de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE), el reporte de Exante marca que los combustibles tienen un peso de 4,5% en el gasto medio de los hogares. Es decir, de cada 100 pesos, hay 4,5 destinados al rubro combustible en promedio, llegando a 12,6 pesos los correspondientes al pago de servicios públicos —UTE, OSE, Antel—. El peso relativo de este gasto es mayor en el interior (14,7%).

Llevado esto a precios de 2021, implican un gasto promedio de los hogares de 6.800 pesos en servicios públicos y de 2.400 en combustibles al mes. Estos son cálculos promedios, pero 57% de los hogares dijo tener gasto en nafta y 8% en gasoil, es decir que 35% no destina dinero a este rubro.

Los números por quintil de ingresos muestran que el peso relativo de las tarifas públicas es mayor cuanto menos dinero entra al hogar. Sin embargo, ocurre lo contrario al analizar los gastos en combustible, donde el consumo crece a mayor ingreso —es 3,9% en el quintil uno (20% de menores ingresos) y 4,9% en el quintil cinco (20% de más ingresos)—. Exante consignó que 41% del gasto total en combustible se concentra en el quintil más rico.

En virtud de esto, el economista y socio de la consultora Pablo Rosselli dijo en el programa En perspectiva, de Radiomundo, que “postergar por largo tiempo” el ajuste de los combustible y mantener el subsidio “implica una renuncia fiscal importante y es una forma muy poco eficaz de canalizar los escasos recursos disponibles hacia sectores y hogares que más lo necesitan”.