En la media hora previa de la sesión del Senado de este lunes, el senador frenteamplista Mario Bergara presentó su “preocupación” por varios hechos que se registraron en el último tiempo, que no dudó en tildarlos de “abuso policial”.
“Nos referiremos a la preocupación que nos genera un conjunto de hechos acaecidos que tiene como protagonista a los servicios policiales”, expresó.
Y enumeró algunos de estos hechos: “El 9 de abril, tres policías fueron imputados por un procedimiento irregular en noviembre de 2020 en Pinamar, Canelones. Un conductor ‘sospechoso’, que no estaba armado, fue herido de bala. La investigación concluyó que le ‘plantaron’ un arma en la escena. El 10 de abril, un agente se resistió a una rapiña en el barrio Maracaná y en el intercambio de disparos una persona ajena al hecho murió y otras dos resultaron heridas. El 11 de abril, en medio de una persecución en Avenida Italia, mataron a un joven desarmado. Un trágico final. Minutos después, una familia con un bebé fue embestida y encañonada sin tener motivo alguno, sólo por error. Un hombre se atrincheró en una pensión del Centro de Montevideo con cuchillos y la Policía lo acribilló a balazos”.
“Los casos han dejado de ser hechos aislados”, dijo Bergara. Por eso, “el Poder Legislativo no puede ni debe ser ajeno”. “No lo decimos únicamente nosotros. La Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensora del Pueblo hizo público su informe anual 2020. Contiene un resumen de la actuación del Ministerio del Interior el año pasado. Entre otros datos del reporte, establece que fue el organismo con más procedimientos de recomendación o derechos vulnerados surgidos a partir de las denuncias. El tema más reiterado es el abuso policial”, agregó.
Bergara también se refirió a los reparos que en su momento varias delegaciones hicieron a la ley de urgente consideración en materia de accionar policial: “También lo hizo Amnistía Internacional y la unanimidad de la academia. Hoy ratificamos nuestra discrepancia con esa concepción de afectar derechos y libertades para salvaguardar el orden”.
“Creemos en la acción decidida del Estado contra la delincuencia, siempre en un marco de máximas garantías. Un Estado garantista no está reñido con la efectividad en la persecución del crimen”, expresó seguidamente.
Respecto al respaldo a la Policía, planteó que no es “alentarla a que se despliegue indiscriminadamente”, sino que lo que hay que hacer es “dotarla de equipamiento, competencia, formación y condiciones de trabajo que permitan profesionalizar su accionar”. “Esta concepción legalista y profesional de la Policía no sólo es una garantía para la comunidad sino también para la enorme mayoría de nuestros policías, que obran debidamente, anteponiendo los derechos y las garantías ciudadanas”, sostuvo. Luego sostuvo que no se debe “anestesiar nuestra capacidad de reacción y preocupación ante episodios así de lamentables”. Según el senador, existen leyes aprobadas recientemente y discursos que promueven estas prácticas: “Las normas aprobadas en estos meses, el discurso en lógica de hinchada, los episodios lastimosos y evitables que se acumulan, sólo alentarán un obrar cada vez más represivo y menos garantista, con resultados irreparables”.