La bancada de diputados del Frente Amplio (FA) anunció este martes que resolvió promover la remoción del diputado colorado Omar Estévez luego de que tomara estado público un audio en el que reconoció incumplir con los protocolos de trabajo relacionados con el coronavirus en su actividad privada como productor hortícola. Asimismo, la bancada frenteamplista promoverá una denuncia penal ante la Justicia de Salto por el posible incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial y otro por el delito de violación de las disposiciones sanitarias, consagrado en el artículo 224 del Código Penal.
Estévez dijo públicamente que cuando dijo “positivos” se confundió y en realidad quiso decir “hisopados”, pero para los legisladores de la oposición, que este martes brindaron una conferencia de prensa, las explicaciones de su par colorado “agravan” su situación. En ese sentido, el diputado Carlos Varela afirmó: “Es muy difícil creer que una persona informada, que está en el Poder Legislativo, que es empresario, pueda confundir los términos. Ante esa duda que puede generarse y ante la conmoción que esto generó es nuestra responsabilidad actuar”.
Por su parte, el diputado Daniel Caggiani detalló las resoluciones adoptadas por la bancada de la oposición, con el fin de “dar un mensaje a la sociedad uruguaya de que quienes tenemos responsabilidades políticas, en este caso, como representantes de la ciudadanía de nuestros departamentos, tenemos que cumplir con las máximas exigencias a las normas [y] dar el ejemplo ante la ciudadanía”. Por esta razón, la bancada resolvió iniciar la solicitud de remoción del diputado colorado ante la Cámara de Representantes, con amparo en el artículo 115 de la Constitución. Caggiani señaló que este martes ingresó el proyecto de resolución, al cual se dará trámite en la Comisión de Constitución y Códigos.
Este artículo establece que cada cámara “puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”, y por igual número de votos podrá “removerlo por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”.
Asimismo, el FA presentará una denuncia penal ante el juzgado letrado en Salto por el “posible incumplimiento de la ley de responsabilidad penal empresarial” y por la presunta violación del artículo 224 del Código Penal (“Daño por violación de las disposiciones sanitarias”).
La diputada Cecilia Bottino señaló que otra razón por la que se resolvió promover la remoción de Estévez es el hecho de que haya impulsado el Fondo Citrícola, “que lo favorece particularmente”, en virtud de que tiene una empresa que “terceriza servicios para la empresa madre que se vio beneficiada con este fondo”, además de “la posible conjunción del interés público y privado”. Bottino agregó que se dará la oportunidad al diputado de hacer los descargos correspondientes.
En tanto, la diputada Ana Olivera aseguró que “no es una solución no meditada” ni un “juicio sumario”, sino que el hecho de “desencadenar este mecanismo implica una serie de garantías para el diputado”. En la misma línea, Varela afirmó que el FA no está “aprovechando” la situación política ni tiene “una actitud de revancha”, sino que el objetivo que persigue es “preservar la institucionalidad, porque si no habría una actitud casi de complicidad que no le hace bien a la democracia”. Asimismo, destacó que la bancada tendrá en cuenta la decisiones que adopte el Ministerio de Salud Pública.
Por su parte, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo que el planteo del FA es “pertinente”, así como que Estévez brinde su versión de los hechos. “Los legisladores tenemos un deber de mayor responsabilidad pública, así como lo establece la Constitución”, dijo el legislador, que indicó que el tema será tratado el miércoles en la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la cámara baja.