“Lo primero que vamos a decir para que quede bien claro es que no se trata de internación compulsiva; se trata de [la reglamentación de] una ley vigente desde 2011 que marca la obligatoriedad de atención por parte del Estado a personas que se encuentren en la intemperie y que presenten riesgo de muerte”. Con esas palabras comenzó la conferencia de prensa este jueves el ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, para explicar el nuevo protocolo que aprobó el Poder Ejecutivo, que define el procedimiento en cuanto a la asistencia obligatoria a personas en situación de calle.

La Ley 18.787 establece que “las personas de cualquier edad, que se encuentren en situación de intemperie completa, con riesgo de graves enfermedades o incluso con riesgo de muerte, podrán ser llevadas a refugios u otros lugares donde puedan ser adecuadamente asistidas, aun sin que presten su consentimiento, siempre que un médico acredite por escrito la existencia de alguno de los riesgos indicados en la presente disposición y sin que ello implique la privación correccional de su libertad”.

A pesar de haber sido aprobada hace diez años, la ley fue reglamentada recientemente por el Poder Ejecutivo. Según señaló Lema, el protocolo que reglamenta la ley brinda “garantías para la persona que se encuentra en esta situación de intemperie y para los equipos que trabajan y coordinan”.

El ministro detalló el procedimiento. Si un equipo del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) se encuentra con una persona en situación de calle que “en su apariencia puede llegar a tener riesgo de muerte o de enfermedades severas” debe solicitar apoyo de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) -que dispondrá de dos ambulancias exclusivas para el Mides-, que debe enviar médicos que certifiquen la salud de la persona y establezcan el grado de riesgo que corre. El equipo médico deberá decidir si la atiende en el lugar, si se la traslada a un refugio o directamente a un centro de salud.

“El primer paso es recurrir a que voluntariamente la persona se deje asistir, porque es por su propia salud, pero también pasa que una gran cantidad de personas que están en la intemperie tienen problemas de adicciones, de salud mental, de convivencia, claramente han sido duramente golpeadas por la vivencia, y esa persona cuando se opone a la atención médica está afectada por factores externos”, comentó Lema. En caso de que la persona se resista a ser trasladada a otro lugar para su atención, puede intervenir el Ministerio del Interior para llevarlo.

Con respecto a las personas que se niegan a ser atendidas, Lema comentó que se busca garantizar “el derecho de una persona a entrar a un refugio” y generar las condiciones para que la persona acepte eso, pero además se trabaja en “un abanico de opciones seductoras, buscar otras alternativas como paradores nocturnos”. Esos dispositivos “lo que hacen es que la persona pueda ir a despejarse, distraerse, tomar algo calentito y que no esté a la intemperie en soledad. Se trabajó mucho en las viviendas de apoyo y seguimos trabajando en opciones, algunas de ellas de fondo, que tienen que ver con la salud mental y adicciones, para generar otras alternativas e incentivar que las personas hagan uso de ellas”.

Más allá de presentar la nueva iniciativa, Lema advirtió que se aproxima un “invierno duro” no sólo en relación a las condiciones climáticas, sino también debido a “las consecuencias sociales”. “Estamos acá para hacernos responsables. Eso no quiere decir, de cara a lo que sabemos que vamos a enfrentar, que descartemos que lamentablemente algunas veces las noticias que nos lleguen no sean las esperadas. Desde este equipo y en articulación con otros organismos del Estado, se va a dar todo lo que esté a nuestro alcance para cumplir con la asistencia de compatriotas que estén en situación de intemperie”, justificó.

“Medida simbólica”

Para la excoordinadora del programa Calle del Mides, la ahora diputada Micaela Melgar, el anuncio de este protocolo es una “medida simbólica”, en tanto formaliza un procedimiento que ya se hacía por la vía de los hechos, según comentó en diálogo con la diaria .

El único cambio que identifica Melgar es que las personas “pueden ser conducidas por la Policía directamente a un refugio o a un centro de asistencia médica. Antes nos tenían que habilitar la conducción si la persona se negaba a la asistencia, y en general se lo pedíamos al juzgado de Familia o lo hacíamos en el marco de la Ley de Faltas; pero incluso en ese marco la persona no estaba obligada al ingreso: era conducida a una puerta de entrada específica, ahí se le hacía una entrevista y se le ofrecía el ingreso”, detalló.

“Me parece que se reglamentó una ley muy vieja. La realidad de 2011 no es la realidad de 2021, el sistema de salud es muy diferente y las capacidades técnicas son otras. Entiendo que la estrategia del Mides actual es el ingreso masivo de personas y la reducción del aporte técnico. No importa tanto lo que se puede hacer con la persona, sino que la persona sea movida de la calle”, opinó, y agregó que, de todas formas, ve con buenos ojos el incentivar la coordinación interinstitucional.

Melgar apuntó que durante su gestión ASSE ya concurría en caso de ser necesario para constatar el estado de salud de la persona, brindar asistencia y definir si era necesario su traslado a un centro de salud. Mediante esta reglamentación el Ministerio del Interior podrá proceder a colaborar o asistir en el traslado a los centros de atención del Mides u otros lugares.

“Lo que cambia es que el apoyo policial en el traslado no sólo es para la internación hospitalaria, sino que también puede ser para el ingreso a los refugios. No entiendo por qué la Policía intervendría para llevar a alguien a un refugio del Mides si está en riesgo su vida”, cuestionó la diputada.