La nueva ley de medios que afina el gobierno y se votará en las próximas semanas en el Parlamento, tras superar diferencias internas con los socios de la coalición —lo que postergó la aprobación prevista para 2020—, “pretende reducirse a administrar el uso general de los medios de comunicación, no meterse en los contenidos o cometidos de medios privados”, dijo este lunes el ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini. Así respondió a la consulta sobre la eliminación de la institucionalidad definida por la ley vigente, votada en 2014 y que aún no está reglamentada en su totalidad.

La semana pasada Paganini se reunió con los legisladores oficialistas de la Comisión de Industria, que negocian desde el año pasado el proyecto, donde se zanjaron varios temas. “Estamos puliendo los últimos detalles. Es importante cerrar el tema con un acuerdo en la coalición”, expresó el ministro entrevistado por radio Carve.

Uno de los puntos aún no cerrados es el límite de licencias de radio y televisión, que se ampliaba de tres a ocho en el proyecto inicial del Ejecutivo. Tras gestiones del Partido Colorado (PC) y Cabildo Abierto (CA) se redujo la cantidad: “Lo máximo serán cuatro en Montevideo y seis en el interior [pudiendo tener la misma persona cuatro en la capital y dos en otros departamentos], aunque tal vez para uniformizar todo, el número sea cinco”, señaló Paganini. Legisladores oficialistas dijeron a la diaria que promueven que el límite sea cinco.

Días atrás, especialistas de la academia opinaron que los cambios en la ley favorecen la concentración de medios. El ministro expresó al respecto que “las empresas de radiodifusión tienen dificultades” porque hubo “un fuerte cambio de reglas en el mercado” y hoy día la población tiene “otras formas de informarse que son mucho más usadas”, entonces el gobierno consideró “viable reconocer situaciones de más cantidad de licencias, para dar soporte y sostenibilidad económica con una estructura compartida”. Agregó que se buscó no incorporar “restricciones demasiado fuertes” en este aspecto.

A su vez, la nueva ley eliminará el concepto de grupo económico al evaluar la propiedad de los medios, lo que fue cuestionado por el investigador Gabriel Kaplún: “La realidad uruguaya mostraba –y sigue mostrando– que sin eso el límite no sirve de nada, porque distintas personas de un mismo grupo –familiares o testaferros– pueden acumular un gran número de licencias”.

Martín Melazzi, diputado colorado integrante de la Comisión de Industria, dijo a la diaria que no entiende que haya riesgos en este sentido: “Está muy bien definido, cuando se va a obtener una licencia, [cuáles son] los requisitos. Para las personas jurídicas, uno es no tener vinculación con empresas similares. Eso es lo mismo que había [en la ley de 2014] sobre grupos económicos”.

Además, Melazzi informó lo resuelto en relación a la posibilidad de que extranjeros sean dueños de empresas de televisión por cable. Hoy hay un impedimento legal, aunque “Uruguay tiene una realidad y es que les fueron dadas licencias a personas que cumplían los requisitos pero cuyo capital accionario pertenecía a empresas extranjeras –eran testaferros–, y hay que tomar una decisión para blanquear esto y controlar la norma”; por eso la redacción acordada “dice que el Poder Ejecutivo podrá autorizar o no la transferencia de la licencia de televisión para abonados a empresas extranjeras, debiendo dar cuenta a la Asamblea General”.

El límite de cantidad de licencias de cable será ocho —lo vigente son seis—, luego de que el proyecto inicial no planteaba ninguna restricción, añadió el legislador colorado.

Derechos de las audiencias

Melazzi repasó que los cinco artículos vigentes sobre derechos de las audiencias “son contemplados” en el nuevo proyecto, aunque sólo dos forman parte de la redacción y los otros tres “se encuentran dentro del Código de la Niñez y la Adolescencia, según transmitieron desde el INAU [Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay]”.

El artículo referido a la accesibilidad de las personas con discapacidad auditiva y visual a los contenidos televisivos “queda como en la actual ley”, y se mantiene también la prohibición de la publicidad protagonizada por menores de edad.

Además, Melazzi comentó que “había algunas dudas, pero va a estar contemplado en la nueva redacción del Poder Ejecutivo” el funcionamiento de un consejo honorario asesor que defienda los intereses de las audiencias.

“Buena disposición” para que Antel acuerde con cables

Paganini habló sobre la definición de quitar del proyecto el artículo 48, que habilitaba a los cableoperadores a brindar servicios de internet y establecía en su redacción inicial que Antel debía arrendar su infraestructura de banda ancha a los privados. El jerarca aclaró que al caer la ley de 2014 las empresas de cable quedan habilitadas a ofrecer internet “a través de sus redes”, con menor alcance que la infraestructura de Antel.

Por ese motivo “se planteaba que Antel arrendara el servicio”, y aunque fracasó el artículo, “no hay nada que limite” acuerdos entre la empresa estatal y los operadores privados, habiendo “buena disposición” para hacerlo, dijo Paganini.

“Soy un defensor de compartir la infraestructura en las telecomunicaciones modernas. La inversión es muy grande y debe cambiarse cada cuatro o cinco años, entonces los operadores en el mundo suelen desarrollar infraestructura y compartirla mediante acuerdos o arbitrados [una agencia reguladora fija el precio]. Eso podrá ir en una ley de telecomunicaciones más profunda”, concluyó el ministro.