La Organización de las Naciones Unidas (ONU) aprobó el jueves la creación de una comisión internacional para investigar las violaciones de los derechos humanos antes y durante el último conflicto entre Israel y Palestina, que cesó hace una semana y dejó más de 240 muertos entre los palestinos y más de una decena entre los israelíes.

La resolución se tomó en una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, convocado por la alta comisionada, Michelle Bachelet, quien consideró que los ataques de Israel hacia la Franja de Gaza pueden ser crímenes de guerra y afirmó que el grupo islamista Hamas cometió una “clara violación” al derecho internacional humanitario al lanzar decenas de misiles contra Israel. En la sesión del jueves 24 países votaron a favor de la creación de una comisión internacional para investigar lo ocurrido desde el 13 de abril, hubo nueve votos en contra -entre ellos el de Uruguay-, y 14 abstenciones.

Entre los que respaldaron la propuesta se encuentran México, Argentina, China, Rusia, Bolivia, Venezuela y Cuba; dieron su voto en contra, entre otros, Uruguay, Austria, Reino Unido, Alemania, Bulgaria y República Checa, y se abstuvieron los representantes de Brasil, Dinamarca, Francia, Italia, Japón y Holanda, entre otros países.

El viernes la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Representantes recibió a Nadya Rasheed, embajadora del Estado de Palestina en Uruguay. Según informó el diputado frenteamplista Daniel Caggiani, Rasheed manifestó su preocupación por la posición uruguaya en cuanto al conflicto en Medio Oriente.

“Uruguay por primera vez en su historia vota en contra de una resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para la conformación de una comisión investigadora para esclarecer las posibles violaciones a los derechos humanos. Esto nos preocupa. Votar en contra en conjunto con Bulgaria, Camerún, Islas Marshall, Malawi, República Checa, y estar a la derecha del gobierno de Bolsonaro dice mucho de este cambio y de la nueva orientación de este gobierno”, cuestionó Caggiani. Añadió que esta votación es “un cambio grave para Uruguay”, que “rompe una tradición de más de 54 años velando por ambos estados, el respeto del derecho internacional, la no violación de los derechos humanos, y la detención de la ocupación ilegal de tierras por parte de Israel sobre Cisjordania”.

El canciller Bustillo concurrirá al Parlamento la semana próxima y el Frente Amplio le exigirá que explique “este giro copernicano en la política exterior uruguaya con respecto a Medio Oriente”. “Yo no le adjudico esto mucho a la cancillería sino al presidente de la República”, manifestó Caggiani.

La ONU ya ha creado comisiones internacionales para investigar violaciones a los derechos humanos a lo largo del conflicto entre Israel y Palestina, y según recoge la agencia de noticias Efe, Israel nunca permitió el ingreso de los representantes internacionales a los territorios palestinos ocupados para recoger información de primera mano y entrevistar a las víctimas. Así pasó en 2018, cuando se investigó la represión contra palestinos que participaron en la Gran Marcha del Retorno en Gaza, y donde se pudieron comprobar 189 asesinatos. También en 2014 la ONU se propuso determinar los hechos en relación a la operación militar Margen Protector, que causó la muerte de 2.200 personas, pero Israel no autorizó la entrada de los investigadores.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, cuestionó la decisión y aseguró que es “vergonzosa” y que refleja “la clara obsesión antiisraelí” del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Acusó a quienes votaron a favor de “encubrir a una organización terrorista genocida que apunta deliberadamente a civiles israelíes”, y dijo que Israel es “una democracia que actúa legítimamente para proteger a sus ciudadanos de miles de ataques indiscriminados con cohetes”.

En un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país se anticipó que “Israel no cooperará con esta investigación”.

La resolución encarga a la comisión investigar todas las violaciones a las normas internacionales y de derechos que se puedan haber dado a partir del 13 de abril en el territorio palestino ocupado, incluido Jerusalén oriental, y en Israel, a partir de “todas las causas subyacentes de las tensiones recurrentes”. Además, pide a los estados que se abstengan de transferir armamento cuando pueda ser usado para cometer violaciones graves de los derechos humanos.