El Frente Amplio (FA) analiza diferentes acciones parlamentarias tras hacerse público que el ministro de Turismo, Germán Cardoso, le pedía “información reservada y favores” a Fernando Pereira, un jerarca policial de Maldonado que fue imputado con prisión por cinco delitos de corrupción y abuso de funciones. La bancada de la oposición solicitó este jueves la renuncia del jerarca y por la noche trascendió que el presidente Luis Lacalle Pou se había comunicado con Cardoso para darle su respaldo.

“Esto no termina acá”, adelantó a la diaria el senador de la Vertiente Artiguista Enrique Rubio. El legislador consideró que es “inaceptable” que estos hechos pasen a ser “parte del paisaje” y sean admitidos como “la nueva normalidad”. “Ya hay muchas situaciones donde aparecen cosas de este tipo o emparentadas y quedan constituidas como parte de la situación normal. Esto no es sólo violatorio de la ley, sino que políticamente es absolutamente intragable”, remarcó.

En la misma línea opinó el senador del Movimiento de Participación Popular Charles Carrera, quien sostuvo que son “hechos muy graves” y que exigirán “responsabilidades en el ámbito parlamentario; sin amputar ninguna otra acción”.

El lunes, la bancada de senadores del FA resolverá los pasos a seguir. Según supo la diaria, se manejan distintas opciones, desde presentar el caso a la Junta de Transparencia y Ética Pública hasta realizar una denuncia penal. A nivel parlamentario también se evalúa convocar al ministro a comisión para que explique sus acciones, o una interpelación.

“Él por ahora es testigo”

En diálogo con la diaria, el fiscal letrado departamental de 2° turno, Jorge Vaz, dijo que hace meses estudia el caso y aseguró que no tomó ninguna “decisión apresurada”. Según dijo, la conducta en la función pública es un tema administrativo y no es su competencia, pero como fiscal su “rol es imputar delitos” y, de acuerdo a lo que pasó, entiende “que no surge un delito, porque era una relación de amistad, no estaba ejerciendo su cargo de ministro. No le decía ‘haga tal cosa, yo soy el ministro’. El que sí ordenaba cosas ejerciendo su cargo era Pereira”, señaló.

El fiscal recalcó que el eje de su investigación es un caso de “corrupción policial gravísimo”. “Ese es el meollo del asunto y lo que me interesa profundizar en la investigación”, apuntó. De todas formas, dijo que no descarta citar a futuro a Cardoso como testigo, pero actualmente, en su investigación, el tema del ministro es “totalmente satelital”

“Yo tengo que imputar delito y el delito es de Pereira. El ministro puede ser que lo citemos como testigo. De los hechos que tengo hasta ahora, no me surge que sea indagado por nada. Con lo que tengo hasta ahora no tengo elementos para imputarle delitos. Él por ahora es testigo”, apuntó.

Las llamadas

En la audiencia de formalización del proceso contra Pereira, el fiscal dio detalles del contenido de las interceptaciones telefónicas que realizaron la Fiscalía y la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior (MI). Vaz expresó que, en el marco de la investigación, se constató que el ministro de Turismo pidió información y favores al coordinador de la Jefatura de Maldonado en nueve oportunidades entre 2020 y 2021.

En algunas llamadas se registraron pedidos y en otras, solicitudes de información. Por ejemplo, el 13 de diciembre, Cardoso llamó a Pereira y le preguntó datos de una camioneta gris Mitsubishi que se incautó con 110 kilos de droga en un operativo. Cardoso le manifestó que la camioneta era “muy nueva” y que su intención era pedírsela al presidente de la Junta Nacional de Droga (JND) para su ministerio, relató el fiscal. Una semana después, el ministro de Turismo llamó nuevamente a Pereira y le preguntó sobre los “vehículos incautados” y si la camioneta “la pasaron a la Justicia”. El ministro le pidió a Pereira que le consiguiera todos los datos de la camioneta para pedirla a la JND.

Ante el pedido de Cardoso, una semana después, Pereira llamó al director de Narcóticos de Maldonado para expresarle que el ministro de Turismo estaba interesado en esa camioneta para que fuera adjudicada al ministerio. El director de Narcóticos se comunicó con el fiscal Vaz, quien le respondió que por ser una “investigación en trámite y de carácter reservado no se iba a brindar ninguna información sobre la camioneta a terceros”.

En otra oportunidad, Pereira llamó a la Seccional 10° de Punta del Este por una mujer que chocó con una columna. En esa llamada, el coordinador de la jefatura le contó al subalterno que Cardoso lo había contactado porque la mujer era conocida de su esposa y quería saber si le habían hecho la espirometría, ya que “había ido a tomar algo previamente”. El comisario le respondió que sí.

Desde el FA consideran que son hechos “muy graves” y que muchos pedidos son en pos de un interés particular. Carrera se refirió, por ejemplo, al caso de la espirometría y sostuvo que Cardoso solicitó información que es “vedada a cualquier particular”, por un tema “indiscutiblemente privado”.

El senador de la oposición manifestó que es grave el accionar en torno a la camioneta incautada, porque el procedimiento está reglado en el marco del decreto-ley de estupefacientes (14.294). “Además, pudo y debió hacerlo en el ámbito correspondiente del Consejo de Ministros o incluso hacer la solicitud a la JND”, apuntó.

En otra ocasión Cardoso llamó a Pereira para tener conocimiento de un número que llamó a su madre con “el cuento del tío”, es decir, para estafarla. El senador opositor señaló que en ese caso sucede lo mismo: pidió información reservada por un interés particular de su madre.

Cierran filas

El gobierno y los socios de la coalición cerraron filas en torno a Cardoso. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo en rueda de prensa que el fiscal lo “deslindó” de responsabilidades y sostuvo que “era previsible”. “Lo conocemos todos a Germán Cardoso, él jamás se va a apartar de la ley en el sentido de sus deberes como funcionario público”, apuntó, según consignó Subrayado.

En la misma línea, el secretario general del Partido Colorado, Julio María Sanguinetti, dijo a la diaria que tanto el fiscal del caso como el fiscal de Corte dijeron que no “se constató un hecho delictivo, por eso no hubo citación ni indagatoria”, y por tanto “el tema se terminó allí”.

El expresidente manifestó que Cardoso no pidió “nada especial” y señaló: “Si resulta que hay picadas de automóviles en mi casa, ¿llamo a Salud Pública o a la Policía? Llamo a la Policía. ¿A quién? Al coordinador, a quien conozco. Hay una relación natural de funcionamiento, más con alguien que es diputado por el departamento de Maldonado y ministro de Turismo”, sostuvo.

En cuanto al pedido de renuncia de Cardoso por parte del FA, Sanguinetti dijo que la oposición “pide una renuncia por semana y esta semana tocó esta”. “El FA está muy desnorteado en su rumbo político. Hacen ruido con esto en el mismo momento que han salido las conclusiones de las auditorías de Gas Sayago y Antel Arena, que son grandes asuntos, con grandes sumas y pérdidas para el país”, apuntó.

En tanto, Cardoso volvió a referirse al asunto durante una gira por Río Negro: “Imagínense el fuerte vínculo que hay entre el turismo y la seguridad. Claro que hablo con el coordinador de la jefatura, con el jefe, el subjefe, con el director nacional de Caminera, de Bomberos, y voy a seguir hablando todo lo que tenga que hablar, porque si no lo hiciera, no estaría haciendo bien mi trabajo”, señaló, según consignó El País.

El ministro de Turismo dijo estar “muy tranquilo” con su accionar y destacó que tiene el respaldo del presidente de la República, de su partido y de dirigentes políticos de la coalición. Para Cardoso, la Justicia “ya se pronunció” y cree que sería “mala cosa” entrar en una “‘venezuelización’, o lo que exista acá enfrente, querer desde el sector político presionar a la Justicia para lograr rédito político. Eso es lo que Uruguay no debería de hacer”.