Mónica Bottero planteó preocupaciones sobre los proyectos de tenencia compartida y fue cuestionada por senadores de la coalición

La directora del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Mónica Bottero, participó en la última sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado para dar su opinión sobre los proyectos de tenencia compartida y corresponsabilidad en la crianza elaborados por Cabildo Abierto (CA) y el Partido Nacional (PN), que se están tratando desde abril. En su comparecencia, Bottero transmitió una serie de preocupaciones sobre el contenido de las iniciativas; entre otros aspectos, consideró que favorecen el interés de los adultos por sobre el de niños y niñas y que contravienen las medidas de protección en posibles casos de violencia o abuso por parte de uno de los progenitores.

La jerarca sostuvo que, como órgano que preside el Consejo Nacional de Género y el Consejo Nacional Consultivo por una Vida Libre de Violencia de Género, Inmujeres recibió varios planteos y mensajes de preocupación en relación a estos proyectos por parte de organizaciones de la sociedad civil y de funcionarios especializados en temas de violencia. En esa línea, señaló que los asesores legales del instituto consideran que estos proyectos “no resultan necesarios, en tanto la Justicia uruguaya ya garantiza una solución a las situaciones que proponen”.

Si bien afirmó que “entiende” la motivación de los legisladores que impulsaron las iniciativas, que responden a “inquietudes concretas planteadas, sobre todo, por algunas organizaciones de padres varones”, destacó varias aristas que le generan preocupación en las redacciones actuales. Una de las principales es la falta de garantías asociadas a las medidas precautorias “ante el riesgo de poner al niño o niña ante un peligro para su vida o integridad física”, a raíz de las limitaciones que ponen ambos proyectos a las medidas cautelares, aunque medie una denuncia.

El proyecto del PN establece que la “mera denuncia presentada contra uno de los padres no suspenderá el régimen de tenencia alternada y su ejercicio”, hasta que haya una sentencia firme de condena, y que en caso de decretarse medidas cautelares previo al dictado de la sentencia “deberán estas respetar el derecho del denunciado a las visitas, en las modalidades que garanticen el interés superior del menor”, mientras que el de CA crea un “régimen provisorio de visitas para evitar el cercenamiento del vínculo paterno filial” ante denuncias amparadas en la Ley 19.580 (de violencia basada en género). Para Bottero, estas disposiciones contradicen “los principios de cuidar, de cautelar la integridad y la seguridad de los niños y de las niñas”.

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Por otro lado, Bottero dijo que estos proyectos no reconocen “el derecho de los niños y de las niñas a ser escuchados”, en contra de la tendencia que reconoce cada vez más a esta población como sujetos de derecho. En su opinión, las disposiciones establecidas en ambas normas “están excesivamente centradas en la defensa de los intereses de los adultos”, e hizo hincapié en la “cuestión semántica” del uso de la palabra “menores” para referirse a los niños y las niñas “cuando hay un acuerdo, un consenso internacional en denominarlos ‘niños, niñas y adolescentes’ y no ‘menores’, porque ese término alude a una carencia, que es la del completo acceso a la autonomía y a la ciudadanía plena”.

Bottero también se refirió a otro riesgo asociado a la implementación de estos proyectos, según lo han señalado distintas delegaciones de la sociedad civil y expertos en la materia: la pensión alimenticia. Al respecto, afirmó que es “importante que se establezca de manera más clara que la tenencia compartida no implica de forma alguna eximir a ninguno de los dos padres de las obligaciones de prestaciones materiales que deriven de la separación”.

En la misma línea que lo manifestado por delegaciones anteriores, dijo estar preocupada por el “descarte de manera expresa” del “análisis contextualizado por parte del juez de los casos concretos”, es decir, “que se dé la tenencia compartida como precepto sin analizar el contexto de los casos, en los que a veces incluso se puede poner en riesgo la seguridad física y psíquica de los niños y las niñas”.

Nueva versión del proyecto del Partido Nacional

Al finalizar la exposición de Bottero, algunos integrantes de la comisión hicieron comentarios y devoluciones, a diferencia de lo que venía sucediendo en sesiones anteriores, en las que sólo se escuchaba a las delegaciones. La senadora nacionalista Carmen Asiaín, impulsora de uno de los proyectos, anunció que se está “reformulando el proyecto” elaborado junto con Graciela Bianchi para intentar “recoger las inquietudes planteadas” por las distintas delegaciones que desfilaron por la comisión en los últimos meses.

Asiaín aseguró que la intención del proyecto del PN es “hacer un aporte para la mejor convivencia dentro de la sociedad y no inclinar la balanza hacia uno de los actores: progenitores, niñas, niños o adolescentes” y, en esa línea, afirmó que fueron “de recibo” las recomendaciones de Unicef sobre la “consideración de la opinión del menor”, en el sentido de atenerse a la Convención sobre los Derechos del Niño “en cuanto a que su voz sea tenida en cuenta en la medida de su autonomía progresiva”. También dijo que en el borrador que se está trabajando se agregó “un énfasis en el derecho del niño, niña o adolescente a ser escuchado en todo momento”.

Por otra parte, afirmó que se reformularon las disposiciones vinculadas a las medidas precautorias, que no se quisieron “afectar en sentido negativo”, expresó. “Apuntalando la potestad que mantiene el juez, se refuerza la aplicación de las medidas cautelares por parte del tribunal que intervenga en el asunto, las que serán aplicadas atendiendo las circunstancias del caso, es decir que podrá considerar que corresponde una orden de restricción por un tiempo, una tobillera o lo que sea”, anunció Asiaín. Asimismo, indicó que se agregó –“por ser una exigencia de Unicef”– que en todos los casos “se deben respetar las garantías del debido proceso”.

En último lugar, se sustituyó el concepto de “menores” por “niñas, niños y adolescentes”, apuntó Asiaín, aunque opinó que la anterior se trata de una “terminología” que se utilizaba cuando estudió derecho, que no tiene que ver con “considerarlos menos”.

Senadores acusaron a Bottero de partir de “prejuicios”

La senadora Bianchi no quedó conforme con lo expuesto por Bottero y no ocultó su descontento. “Estoy bastante molesta, y lo manifiesto, que se nos impute” que “nosotros estamos representando a colectivos de varones. Absolutamente lo rechazo; yo no respondo a ningún grupo de presión”, aseveró Bianchi, y consideró que el planteo de la jerarca es “absolutamente contradictorio, además, porque en los países más desarrollados, desde el punto de vista humano, que son los nórdicos, ya ni se discute la tenencia compartida”.

Por otra parte, Bianchi opinó que se debe diferenciar la corresponsabilidad en la crianza de “el tema de la violencia y el abuso”. “Son situaciones gravísimas –¡muy graves!– que se han desarrollado en los últimos años de una manera exponencial, pero debemos saber ubicarlas efectivamente en una situación de corresponsabilidad en la crianza. Padres acusados de abuso sexual de sus hijas tienen un régimen de visitas –sostenida por la Justicia– vigiladas. A su vez, en las visitas vigiladas en la dirección de asistencia del Poder Judicial –donde hay psicólogos, asistentes sociales, etcétera– no están solos”, aseguró la senadora, y consideró que esta exposición del niño o niña al acusado “permite clarificar efectivamente si hubo o no abusos, cuál es la reacción de la niña, etcétera”.

Asimismo, Bianchi afirmó que lo que “está en el fondo del asunto” es que “la política de género es una ideología”, y consideró que “bueno sería que hubiera política que no fuera una ideología”.

En un tono similar se expresó el senador de CA Guillermo Domenech –impulsor del segundo proyecto–, quien acusó a Bottero de partir de un “prejuicio”: “Los análisis como el que hemos escuchado parten del prejuicio de que estas posiciones están en contra de las mujeres. Muy lejos de mi ánimo está eso; mal podría estar en contra de mis hijas, que son, además, madres”, reflexionó. Además, manifestó su desacuerdo con los señalamientos sobre el uso del término “menores”, por considerarlos “cosas que vienen de afuera y se pretende imponer”.

“No hay necesidad alguna de excluir el término ‘menor’. A tal punto es así que el Código de la Niñez y la Adolescencia, en su artículo 1, establece que su aplicación alcanza a los menores de 18 años. Entonces, no compliquemos las cosas y tratemos de hacerlas más sencillas”, manifestó Domenech. Por otra parte, consideró que no se debe hablar de niños, niñas y adolescentes porque “el término ‘niño’ en el idioma español es epiceno, es decir que comprende también a las niñas”.

En su entender, algunos de los cuestionamientos que han recibido los proyectos “responden a la moda y a algunos centros de poder” que “quieren posar de alta intelectualidad y están totalmente disociados de la realidad de la sociedad”, y dijo que se resistirá a “someterse” a “esas imposiciones verdaderamente absurdas”. “Creo que el lenguaje se hizo para que la gente se entendiera y no para que se complicara la vida. Ahora se busca inventar lenguajes inclusivos que lo que hacen es excluir porque dificultan la comunicación”, espetó.

En respuesta a ambos planteos, Bottero señaló que no quiso decir “que quienes presentaron el proyecto lo hicieron respondiendo a intereses de grupos de varones” sino que “han reflejado esas inquietudes como cualquier grupo de ciudadanos que, muchas veces, se acerca a un legislador, le plantea dificultades y el legislador siente que hay una carencia o una falta de acento en la ley que ya existe y pretende dar una respuesta a aquellos que sienten que hace falta esa normativa”. Por otro lado, dijo que como directora de Inmujeres y “como activista en estos temas desde los medios y desde la convicción de ciudadana desde hace al menos 35 años” no está “de acuerdo con la definición de ideología de género” planteada por Bianchi.

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