En una jornada que trajo varias repercusiones en torno a la situación de Gas Sayago —firma creada en 2011 para encargarse del frustrado proyecto de la regasificadora—, el directorio de UTE aprobó la contratación del abogado Jorge Barrera, como asesor para encargarse de “presentar las actuaciones y dar seguimiento” a la causa que está activa en Fiscalía. Así lo informó a la diaria el director de UTE, Felipe Algorta.

La otra decisión tomada por el directorio, en línea con lo anunciado el martes, es que se elevarán los resultados de la auditoría que realizó PWC sobre Gas Sayago a la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep).

“UTE es una de las empresas accionistas [tiene 79,5% de Gas Sayago y Ancap el 20,65% restante] y se vio perjudicada. Solicitamos la auditoría y lo que queremos es que al producido, ese documento hecho por una empresa independiente, un especialista en derecho penal [Barrera] pueda darle forma. No llevar un documento de 600 páginas [a Fiscalía] y desentendernos, sino darle seguimiento”, explicó Algorta sobre la contratación del abogado.

Agregó que UTE pretende “que esto se active”, en referencia a la causa judicial, y “que se encuentren las responsabilidades que este fracasado proyecto generó a raíz del daño patrimonial del Estado”. El fiscal Luis Pacheco está a cargo de la investigación, iniciada en 2013, tras una denuncia por presuntas irregularidades en el pliego de la licitación. Al expediente luego se le adjuntó lo actuado por una comisión parlamentaria que investigó los negocios de Gas Sayago en 2018, y ahora se anexará lo que presente UTE.

Barrera es abogado especializado en derecho penal y director de posgrado de la Universidad de Montevideo. Entre 2017 y 2020 fue presidente del Club Atlético Peñarol. En el plano político está ligado al Partido Colorado (PC), y fue diputado en el período 2000-2005 por la Lista 15.

Por otra parte, Algorta informó que a los gastos por 213 millones de dólares que detectó la auditoría en Gas Sayago deben sumarse otros montos estimados por los costos de los juicios en proceso –aproximadamente 37 millones de dólares– y el retiro de la infraestructura que hay en el puerto –que ronda los ocho millones de dólares; ambos montos pueden ser mayores o menores según las resoluciones de la Justicia—.

Entre los juicios pendientes, el director de UTE mencionó el reclamo por despido que presentó Marta Jara, expresidenta de Ancap en el período pasado y anteriormente gerenta general de Gas Sayago.

Algorta señaló que para enfrentar esos gastos por 213 millones de dólares, pusieron 113 millones de dólares los entes accionistas y 100 millones se cobraron como garantía cuando la firma brasileña OAS salió del proyecto y dejó inconclusa la obra. Sin embargo, rechazó lo planteado por Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, de que el Estado se quedó con activos por Gas Sayago. “Cero activos, es todo pasivo”, sentenció el director del ente.