En 2013 se reglamentó la Ley 19.172, que establece el control y la regulación por parte del Estado de la importación, la producción, la adquisición, el almacenamiento, la comercialización y la distribución del cannabis con fines recreativos y medicinales.
Según el artículo 8 de la ley, “la información relativa a la identidad de los titulares de los actos de registro tendrá carácter de dato sensible”; sin embargo, en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas el gobierno plasmó su voluntad de declarar como un dato “no sensible” las direcciones de los autocultivadores y clubes cannábicos registrados en el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (IRCCA). Esta iniciativa no es compartida por la Federación de Clubes Cannábicos del Uruguay (Feccu), quienes consideran que “dinamita la confianza que depositaron en el sistema”, ni por Daniel Radío, titular de la Secretaría Nacional de Drogas, que aseguró que considera “un error” la iniciativa.
Desde la academia, Clara Musto, docente e investigadora del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República (Udelar), dijo a la diaria que la propuesta es “poner la carreta antes que los caballos”, porque “la idea es fomentar el registro”. Musto dijo que en los ocho años la implementación de la ley fue “muy tímida”: “Hay aspectos muy importantes en los que el Poder Ejecutivo no ha dado señales de vida, como por ejemplo el artículo 42, que dice que tiene que haber una unidad de monitoreo y evaluación en el Ministerio de Salud Pública”; esa unidad debería enviar informes dos veces al año a la Asamblea General para “control y evaluación de cómo se ha desarrollado la ley”, aseguró.
Pablo Galain, investigador y docente de la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, dijo a la diaria que Uruguay es uno de los pocos países en los que existe un registro, ya que los demás siguieron el modelo del alcohol, en el que no se exige ningún registro para su compra. “Eso fue un plus de contralor, sobre todo para dar un mensaje de geopolítica a Argentina y Brasil, que son prohibicionistas”, dijo, y especificó que la finalidad fue demostrar que en Uruguay no cualquiera puede consumir. A eso se le sumó la prohibición de venta a turistas. “Generalmente los gobiernos dan señales a través de las leyes, muchas son sobre drogas, y en general se aumentan las penas para demostrar que se hace algo contra el narcotráfico. Ahora, el gobierno le está dando una señal al microtráfico, no al narcotráfico, porque este está más activo que nunca. Además, Uruguay tiene las mismas fallas en los controles de siempre”, sostuvo.
Para Galain se trata del mismo mensaje que se dio cuando en la ley de urgente consideración se eliminó la suspensión condicional del proceso. “Fue una señal de mano dura, como si esa política criminal fuera la causante de la inseguridad, lo que es un error gravísimo, como el que se está cometiendo ahora. El argumento de que es para proteger a los autocultivadores es mentira, es para tener información. Lo que deberían hacer de una vez es concentrarse en el narcotráfico, y en Uruguay como una vía de entrada y salida. Lo que creo que se está haciendo es desviar la atención hacia el microtráfico. En lugar de estar preocupados en cómo mejorar los controles, están preocupados por el mercado regulado, lo que es un contrasentido. Es un mensaje de ineficiencia en el control de la política criminal. El mensaje es equivocado, si se usa a la Policía debería ser para luchar contra el narcotráfico y el crimen organizado, no contra las personas” que están inscritas, consideró.