Dos artículos de la Rendición de Cuentas reabren el debate acerca del arrendamiento de infraestructura de telecomunicaciones a las empresas privadas, lo que ya había sido discutido con anterioridad, a propuesta del gobierno, en el proyecto inicial de la ley de urgente consideración (LUC) y en el de la ley de medios –por el momento frenada debido a diferencias en la coalición–, con diferentes características.

En este caso, los artículos 153 y 154 del proyecto enviado días atrás al Parlamento prevén la conformación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con dineros públicos, “con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e internet en todo el territorio nacional”.

Este fondo, que será administrado por un comité que funcionará en el ámbito de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), servirá para llevar conectividad a lugares que serán determinados por el Poder Ejecutivo.

El proyecto de Rendición de Cuentas aclara que “la asignación de recursos del FUT se realizará mediante procedimiento competitivo abierto y transparente a fin de seleccionar a quien proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen”, y que “tendrá obligación de dar acceso a la misma a todos los operadores de servicios de voz y de transmisión de datos e internet que presten servicios en el país”.

El debate que reabre este proyecto consiste en que habitualmente es Antel la que, no por rentabilidad sino por su deber de servicio, instala infraestructura en pequeños poblados del interior en donde las empresas privadas no lo hacen porque no obtendrían ganancias. El nuevo sistema podría perjudicar a la empresa estatal, planteó el director en representación del Frente Amplio (FA), Daniel Larrosa, porque mediante un fondo público se harán inversiones para construir infraestructura que también utilizarán las empresas privadas, ya sea porque ganen la licitación o porque paguen por el uso de las instalaciones.

A finales del mes pasado, según figura en la web de Antel, el presidente de la compañía, Gabriel Gurméndez, anunció que este año se llevará conectividad a 50 pueblos del interior y en 2022 el objetivo es llegar a 75 localidades más para, en 2023, alcanzar con conectividad celular a 99% de las zonas del interior con menos de 500 habitantes. También para 2022 y 2023 se prevén obras relacionadas con la conectividad por fibra óptica.

“Zonas de poco o nulo acceso”

El director nacional de Telecomunicaciones y Servicios de Comunicación Audiovisual, Guzmán Acosta y Lara, dijo a la diaria que el fondo se utilizará para garantizar la conectividad “en zonas rurales especialmente y en zonas carenciadas”. En cambio, Larrosa, en diálogo con la diaria, advirtió que lo referente a las zonas no está explicitado en la redacción y señaló que este nuevo mecanismo también podría ser utilizado “para crear la infraestructura de la quinta generación” (5G), ya que con esta nueva tecnología hay “casi nada de cobertura” en Uruguay.

Acosta y Lara manifestó que este asunto terminará de pulirse en la reglamentación –posterior a la aprobación de la Rendición de Cuentas– y se hará en diálogo con las empresas involucradas, Antel, Movistar y Claro. “Nosotros veníamos trabajando durante todo este año y parte del año pasado con un mapeo de acceso a la conectividad en donde detectamos muchas zonas de poco acceso o nulo acceso o con muy baja tecnología”, dijo. Agregó que “como son zonas que no son rentables para las empresas [privadas], y la empresa pública, si bien hace un esfuerzo importante de repente le cuesta mucho tiempo poder llegar, la idea es que con este fondo se pueda” cubrir estas zonas de menor conectividad.

En este sentido, el jerarca dijo que para cada zona se abrirá una licitación a la que podrán aplicar las tres empresas de telecomunicaciones u otra “que quiera brindar ese servicio y arrendarlo”, y quien gane accederá a los fondos públicos con este fin. “Lo importante es que el que lo haga después va a tener que darle acceso al resto de las empresas”, que tendrán que pagar por utilizar la infraestructura y vender su servicio a los clientes, aclaró.

Lo que se busca con esto, manifestó, es “que la gente tenga acceso a todas las empresas” y que pueda elegir a cuál contratar. Se crearán servicios más baratos “y de mejor calidad”, afirmó Acosta y Lara. Añadió que este formato es algo que “existe en casi todas partes del mundo” y que la intención es que “en dos años” se pueda cubrir “todo el país” para cerrar la brecha digital.

“No tiene ningún sentido”

Larrosa, director de Antel por la oposición, dijo que esta es una medida “totalmente inapropiada” porque “no se ajusta ni a la historia ni al presente del país”, ya que este tipo de proyectos suelen hacerse “en lugares donde hay ausencia de empresas públicas y donde la cobertura territorial y poblacional de las comunicaciones es baja”, algo que a su entender no pasa en Uruguay. “No se entiende la necesidad de hacer esto, porque hay una empresa pública y porque la cobertura tanto de servicios móviles como de internet fijo a los hogares es de las mejores a nivel mundial. No tiene ningún sentido”, sostuvo.

De aprobarse, se va a “destinar capital público para el desarrollo territorial de las empresas privadas de telecomunicaciones”, algo “totalmente desafortunado”, resaltó. “En las zonas alejadas y de menos acceso el que está más cerca es Antel, o sea que se trata de decirle a Antel en qué lugares queremos y lo hace”, dijo en referencia a la extensión de la conectividad.

“El plan de Antel incluye 50 zonas este año y 75 el año que viene, y si se precisan más se hacen más. A los que les falta cobertura es a Claro y Movistar, pero no llegan porque no les sirve económicamente y cuentan sólo el lucro, no están para generar derechos ni acceso”, expresó Larrosa.

la diaria consultó al presidente de Antel, Gabriel Gurméndez, quien prefirió no hacer declaraciones.