El diputado Juan Carlos Moreno, de Paysandú, informó que el Partido Colorado no acompañará la transferencia de recursos del Instituto Nacional de Colonización hacia un fideicomiso para atender el realojo de asentamientos, un planteo del gobierno en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas. Moreno dijo que en los primeros intercambios vieron este artículo “en forma negativa” y se inclinan por “no acompañar este artículo como bajó, porque estamos a favor de darles solución a los asentamientos, pero no vemos con buenos ojos esta financiación, esta transferencia de recursos de una herramienta como es Colonización, que es parte de la solución”, opinó en una rueda de prensa, el jueves.

El artículo 209 del proyecto de ley de Rendición de Cuentas establece que el Fideicomiso Integración Social y Urbana que crea el proyecto se va a financiar con la recaudación del impuesto adicional al Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales sobre los inmuebles rurales, creado por ley en 2006, y por la sobretasa del Impuesto al Patrimonio, de 2013. Actualmente, lo recaudado por ambos impuestos (se estima que oscila entre 15 y 20 millones de dólares anuales por cada uno) va con destino al Instituto Nacional de Colonización (INC).

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez advirtió a la diaria por el cambio que presentó el lunes pasado la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche, que además de destinar la recaudación de los dos impuestos que hoy van al INC al fideicomiso, redirige los 100 millones de pesos que el presupuesto nacional asignó a ese instituto por Rentas Generales.

Moreno consideró que “quienes apoyamos la verdadera descentralización vemos esto como algo que va en contra, que agudiza el centralismo y finalmente [apunta] a solucionar problemas en Montevideo, Canelones y la zona metropolitana”, añadió, y dijo que el PC estaría de acuerdo con que el INC “ceda” parte de los recursos, “pero sin llegar a los 30 millones de dólares anuales”.

Rodríguez dijo que discutirán este tema con los miembros de la coalición una vez que los directores del INC se presenten en comisión. “Queremos conversar con el directorio de Colonización para ver también el margen que tiene el instituto para poder funcionar de la forma en que estaba planificado”, en el entendido de que las autoridades mencionaron que “si se aprobaran esos recursos extra eso sí afectaría de cara a los próximos años”.

“A título personal, me parece que con los 20 millones estoy de acuerdo; creo que Colonización tiene muchas tierras para poder dar a colonos, tienen una morosidad muy grande, de 20 millones de dólares, de colonos que no han pagado el canon a Colonización, que en muchos casos no se cobran desde hace bastante tiempo”, por lo que el INC “tendría que tener una política concreta para recuperar ese dinero”, opinó el diputado.

El legislador insistió en que esperarán a conversar con las autoridades: “En la medida en que este nuevo aumento que fuera presentado por el Ministerio de Economía pudiera afectar la planificación presupuestal de Colonización, ahí podríamos tener algún reparo”. En el INC hay dos directores del PC: Guido Machado y José Amy.

El senador de Cabildo Abierto Guillermo Domenech también comentó que su partido tiene reparos respecto de esta transferencia de recursos y que está trabajando en propuestas alternativas. “Tampoco podemos negar que hay 650 asentamientos, que hay un déficit de 70.000 viviendas; tenemos dos problemas y los recursos son limitados”, señaló, en línea con lo que había manifestado la ministra de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Irene Moreira, que pertenece al sector. Domenech agregó que quieren analizar “qué tierras está teniendo Colonización, que capacidad tiene de distribuir esas tierras, y aparte de eso estamos pensando también en algún otro tipo de solución, para permitirle a esa gente que no tiene recursos económicos acceder a la propiedad de la tierra”.

Cambios en exclusividad del BROU para recibir depósitos de empresas públicas

Otro artículo que genera preocupación en el PC es el 281, que sustituye una ley de 1987 y habilita a que los organismos públicos depositen sus fondos en bancos privados; la norma vigente establece que todas las empresas o dependencias estatales están obligadas, salvo excepciones, a depositar en bancos públicos. El tema se analizó en el Comité Ejecutivo Nacional del PC, donde se determinó recabar información para analizar el tema, y el director del Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU) por el PC, Max Sapolinsky, contó que se enteró del cambio “por las noticias”.

Durante la comparecencia de Arbeleche en comisión, la ministra dijo que iba a presentar la fundamentación de ese artículo cuando concurriera por el articulado vinculado al Ministerio de Economía y Finanzas, acompañada por autoridades del Banco Central del Uruguay (BCU). “No tenemos la fundamentación del BCU”, explicó Rodríguez, que recordó que la ley vigente también habilita excepciones debidamente fundadas.

“Queremos ver por qué, porque si en la actualidad por vía de la excepción se puede hacer, ¿por qué se necesita cambiar y hacerlo general? Esa es la pregunta que queremos hacer”, dijo Rodríguez, que aclaró que “no hay falta de confianza en la banca privada; el tema es qué grado de afectación tendría esta medida sobre el BROU, en la liquidez que pueda tener el BROU para poder funcionar y dar préstamos y créditos sociales, que es un rol muy importante”. “Hay preocupación porque el BROU no salga afectado por este cambio”, concluyó.