En las próximas horas el Poder Ejecutivo publicará un decreto que modificará algunos aspectos del cálculo del precio de paridad de importación (PPI), la variable que desde hace tres meses determina los ajustes mensuales de la nafta y el gasoil. El miércoles desde el gobierno se defendió este paso así como el nuevo esquema, mientras que el expresidente de Ancap y excandidato del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez cuestionó a las autoridades por su discurso de asociar el valor de las tarifas a las ineficiencias del ente petrolero.

El PPI es un ejercicio teórico que refleja lo que costaría a un importador privado traer combustibles en las mismas condiciones que Ancap, y el cálculo lo hace la Unidad Reguladora de los Servicios de Energía y Agua (Ursea). Desde que se activó el nuevo mecanismo, que surge de la ley de urgente consideración (LUC), se tomaba en cuenta la cotización internacional del barril del petróleo entre el día 16 de un mes y el día 15 del mes siguiente. Una semana después la Ursea publicaba su informe, lo que evaluaba el Poder Ejecutivo para determinar el porcentaje de ajuste que rige desde el 1º de cada mes.

En agosto la Ursea no publicó en la fecha indicada su informe, dado que desde el Ejecutivo se le comunicó que postergara el plazo a raíz del nuevo decreto, que modificará las fechas del PPI. Según informó la diaria el martes, de ahora en más se tomará el período entre el día 26 de un mes y el día 25 del mes siguiente.

Una fuente oficial explicó que “se entendió conveniente que se pueda contar con la evolución del PPI con la mayor inmediatez posible para la consideración de la actualización de tarifas”. Añadió que el objetivo es “que la distancia temporal sea la menor posible entre el promedio considerado y la fecha de la actualización de precios”.

El presidente Luis Lacalle Pou mantuvo una reunión por este asunto el martes con la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, y el ministro de Industria, Omar Paganini. Luego el mandatario expresó que la idea es que “los uruguayos no paguen sobreprecios, que los combustibles no sean una forma de hacer caja, que los combustibles sean lo más parecido a lo que cuestan en la región, tratando de trabajar sobre subsidios, sobre ineficiencias”.

En una línea similar se expresó el miércoles el secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, que además cuestionó al FA por sus planteos sobre Ancap. “El FA si algo no tiene es capacidad de hablar de Ancap; le hizo mucho mal su gestión, la destruyó. Dejó 800 millones [de dólares] de pérdidas acumuladas, hubo que capitalizar Ancap”, sostuvo.

Un discurso “de terrorismo contra Ancap”

Durante el Día del Comité de Base del FA, que tuvo distintas actividades y convocó a distintos dirigentes, hubo manifestaciones sobre el tema de los combustibles. El senador Alejandro Sánchez dijo que “el gobierno está utilizando el artículo [de la LUC] para aumentar los combustibles de manera abusiva; fueron cuatro aumentos de un 30% [en el acumulado del año, tres en los últimos meses por el nuevo mecanismo]”.

A su vez, Martínez participó de una actividad del Comité 26 de Marzo del FA vía Zoom donde explicó a militantes distintos aspectos de la formación del precio de los combustibles, y cuestionó el discurso del gobierno sobre el tema, centrado en asociar el precio a las “ineficiencias” de Ancap. Durante más de una hora presentó argumentos que, resaltó, “demuestran por qué es más barato refinar en el país y no debe abrirse la libre importación”, lo que sostuvo es una “visión neoliberal sin razón” que asoció “al viejo herrerismo”.

“Ancap tiene cosas para mejorar pero no es verdad que sea absolutamente ineficiente, ni que sea una empresa monstruosa que le sobra gente o un desastre en la administración. Es tan escaso el peso de lo que puede hacer Ancap en el precio del combustible, que eso tira abajo cualquier argumento que diga que las tarifas son caras por las ineficiencias”, manifestó el exjerarca del ente petrolero entre 2005 y 2008.

En ese sentido, repasó que tomando valores promedio de los últimos años, entre 50% y 60% del precio en surtidor es “para pagar el crudo”, es decir la materia prima para producir combustibles, y en ese aspecto “Uruguay no puede hacer nada” porque es tomador de precios internacionales; luego entre un 25% y 30% son impuestos “que pesan pila” en el valor final; es decir que se llega “hasta un 90% [del precio al público] del que Ancap no puede hacer nada ni un importador tampoco lo podría hacer”, y de lo que resta buena parte es destinado a la cadena secundaria –fletes, distribuidoras y estacioneros– que tiene sus ganancias.

“Lo que incide Ancap no ha sido más de 7% u 8% en los últimos años”, subrayó Martínez. “Es un disparate decir que las ineficiencias de Ancap son las responsables del precio de los combustibles. Detrás de eso hay un brutal desconocimiento”, afirmó, y recordó que intentó dar este debate durante la última campaña, pero “se salía con un [discurso de] terrorismo contra Ancap”.

Indicó que la prédica del actual gobierno desde que era oposición logró “que en Uruguay mucha gente esté convencida de que en Ancap, sobre todo en el período de Raúl [Sendic, entre 2010 y 2013], desaparecieron 700 millones; eso pasó por la Justicia y se determinó que no hubo ningún delito, se podrán discutir si las inversiones fueron correctas o si el precio pudo no subirse”. “Se crean esas situaciones entre el humo, el blindaje mediático y las mentiras que terminan siendo verdades”, concluyó Martínez.