El diputado de Cabildo Abierto (CA) Sebastián Cal emitió un pedido de informes dirigido a Antel y al Ministerio de Industria, Energía y Minería debido a que afirma que recibió diversas denuncias de personas que son contactadas por empresas privadas que les proponen contratos de adhesión que luego son cobrados a través de la factura de la empresa estatal de telecomunicaciones.
En el texto, Cal afirma que cursó el pedido de informes “atendiendo a reiteradas consultas realizadas por la población relativas a la oferta de servicios no vinculados a la telefonía, canalizadas a través de líneas de Antel”. Dijo que para el contacto “utilizarían datos personales otorgados” a las empresas, “cuya divulgación no habría sido consentida por el cliente del ente que recibe la llamada”. Además, señaló que el objetivo de las llamadas sería “concertar contratos de adhesión, cuya contraprestación económica se debita –posteriormente– en la cuenta mensual de teléfono”.
El diputado afirmó que desea conocer “quiénes son los responsables de estas ofertas”, el “régimen bajo el cual se vinculan” con Antel y “si la referida modalidad queda comprendida por la carta orgánica de esta empresa pública”. Además, pretende saber acerca de “la eventual existencia de transferencia de datos personales” hacia estas empresas.
En diálogo con la diaria, Cal afirmó que las empresas que se contactan con clientes de Antel y les venden servicios que posteriormente son cargados en la factura de la empresa estatal suelen ser aseguradoras.
“Ha llegado un montón de gente con este tema”, dijo Cal. “Ante tantas denuncias recibidas, entendí que tenía que hacer un pedido de informes”, expresó, y agregó que llamó a una de las empresas vinculadas a este tipo de ventas: “Me comunicaron que sí, que ellos hacían los cobros a través de Antel”.
Cal señaló que uno de los principales objetivos de este pedido de informes es conocer cuál es el rol de Antel en este tipo de ventas. “Es un tema bastante delicado, no sé si está dentro de las potestades de Antel”, señaló.