El Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) denunció públicamente que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) prohibió pasar por los altoparlantes del estadio Campeón del Siglo un spot contra la portabilidad numérica durante el partido de ayer entre Uruguay y Bolivia por las Eliminatorias sudamericanas.
La agrupación de trabajadores de Antel pretendía emitir una propaganda que indicaba que “el gobierno desoye 800.000 firmas que el pueblo juntó contra los 135 artículos de la LUC [ley de urgente consideración] y sigue adelante con la portabilidad numérica”. Además, manifestaba una postura contraria al proyecto de ley de medios propuesto por el gobierno y los artículos de la Rendición de Cuentas “que entregan la infraestructura de Antel a los privados”.
El presidente de Sutel, Gabriel Molina, dijo a la diaria que, a través de una agencia, contrataron “algunos minutos” de pauta publicitaria en los altoparlantes del Campeón del Siglo para pasar ese spot contra la portabilidad numérica, pero ayer “un directivo de la AUF se comunicó con el estadio para ver la publicidad que se iba a pasar” y, tras oírla, prohibió su transmisión.
Molina expresó que, según supo, el directivo de la AUF alegó que la propaganda era contraria a Antel, que es uno de los patrocinadores de la selección uruguaya. No obstante, el dirigente sindical rechazó este argumento: “Si vos leés el texto te vas a dar cuenta de que para nada ataca a Antel, al contrario, defiende a la empresa pública”. Molina consideró esta situación como “una censura”.
Sutel emitió un comunicado en el que expresó que la presunta actitud de la AUF es “una disposición inédita e infeliz mediante la cual se procura cercenar el derecho de los trabajadores y trabajadoras de informar a la población sobre temas que involucran a todas y todos los uruguayos”. “Para Sutel la medida procura amordazar a la clase obrera emulando tristes épocas de antaño que, lejos de enriquecer la discusión, generan una brecha peligrosa en momentos donde el diálogo es pilar fundamental de una sociedad en permanente crecimiento”, añadió el sindicato, que anunció que trasladará “esta profunda inquietud” al presidente Luis Lacalle Pou en una futura reunión.
En tanto, en diálogo con la diaria, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, desmintió “rotundamente” la situación. A su vez, agregó que “no hubo ninguna consulta por aviso de la Comisión Pro Referéndum”.
Por su parte, la senadora frenteamplista Liliam Kechichian, presidenta de la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la cámara alta, dijo a la diaria que está a la espera de saber si la decisión de no pasar el spot fue de la AUF o de la FIFA para pedir información al respecto.
Según dijo, fue “muy extraño” que se haya tomado una decisión de este tipo, porque “en los torneos locales hay publicidad política”. En este sentido, expresó que quiere “saber quién es el responsable de la prohibición del spot de Sutel” y, en caso de que sea la AUF, solicitará información para conocer los argumentos.
La más reciente discusión sobre la portabilidad numérica surgió luego de que la Comisión Nacional Pro Referéndum anunciara que llegó a casi 800.000 firmas que presentó ante la Corte Electoral para derogar 135 artículos de la LUC, entre ellos los que permiten y crean las condiciones para que los usuarios de una compañía de telefonía celular puedan mudar de empresa sin cambiar de número, medida que es criticada por el Frente Amplio y el sindicato.
El gobierno pretende que este mecanismo quede vigente a partir de diciembre, y se prevé que el referéndum será en los primeros meses de 2022, por lo que existe el riesgo de que se ponga en marcha y pocos días después sea derogado. Días atrás, el Comité de Portabilidad Numérica, que integran la Dirección Nacional de Telecomunicaciones, la Unidad Reguladora de los Servicios de Comunicaciones, la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y Comunicación, Antel, AM Wireless Uruguay SA (Claro) y Telefónica Uruguay SA (Movistar), acordó por unanimidad de sus integrantes que se agregara en los contratos a firmar con la empresa encargada de la administración de la base de datos una cláusula que exima al Estado de toda responsabilidad jurídica ante la eventual derogación de la portabilidad numérica.